La Fundación Apertura presentó un anteproyecto para reformular la ley de promoción de inversiones de Santa Fe, con el objetivo de actualizar el régimen frente a las nuevas demandas productivas y tecnológicas. La iniciativa apunta a modernizar el esquema vigente para mejorar la capacidad de la provincia de atraer inversiones, generar empleo y potenciar el desarrollo económico.

La propuesta toma como referencia experiencias aplicadas en otras provincias, especialmente en Córdoba, y plantea un modelo más competitivo para incentivar tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas como a grandes proyectos de inversión. Entre las herramientas previstas se incluyen beneficios fiscales, subsidios al empleo, incentivos energéticos, estabilidad tributaria y mecanismos administrativos más ágiles y digitalizados. Para las grandes inversiones también se prevé estabilidad fiscal contractual, acceso a suelo industrial a precio promocional y financiamiento preferencial a través del sistema bancario provincial.

En Córdoba con la actualización del régimen de promoción industrial se multiplicó la cantidad de proyectos aprobados. Según el documento, mientras Santa Fe registra menos de 17 promociones industriales por año bajo la legislación vigente, Córdoba alcanzó 94 aprobaciones anuales tras la implementación de su nueva ley y hoy cuenta con más de 650 empresas beneficiarias activas.

Valor agregado y empleo

Uno de los ejes centrales del anteproyecto es la incorporación de sectores estratégicos que actualmente no están contemplados en la legislación santafesina. En ese listado aparecen actividades vinculadas a la economía del conocimiento, inteligencia artificial, infraestructura digital, economía circular, energías renovables y servicios de alto valor agregado.

La iniciativa también propone instrumentos específicos para fomentar inversiones en el norte santafesino y reducir las asimetrías regionales dentro de la provincia, con la intención de promover un desarrollo territorial más equilibrado. Los departamentos considerados Zonas de Desarrollo Prioritario —entre ellos General Obligado, Vera, 9 de Julio, San Cristóbal, Garay y San Javier— accederían a mayores plazos de beneficios, subsidios al empleo superiores, prioridad en créditos y asistencia técnica gratuita articulada con universidades y organismos científicos.

Sobre los procedimientos administrativos, el esquema prevé una ventanilla única digital, eliminación de trámites en papel, aprobación de proyectos en un plazo máximo de 30 días hábiles y un mecanismo de aprobación tácita en caso de silencio administrativo.

El documento de Fundación Apertura, que es presidida por Cristian Bergmann, incluso proyecta el impacto potencial de una nueva legislación tomando como referencia el caso cordobés. Según las estimaciones incluidas en el informe, Santa Fe podría multiplicar por más de cinco la cantidad de promociones industriales, atraer inversiones privadas adicionales por unos u$s2.000 millones anuales en un plazo de cinco años y generar alrededor de 25 mil empleos industriales directos.

Un marco normativo moderno

Desde la Fundación Apertura señalaron que Santa Fe cuenta con una sólida base productiva, capital humano y capacidad empresarial, pero advirtieron que necesita un marco normativo moderno para competir con otras jurisdicciones que hoy ofrecen mayores incentivos para captar inversiones y radicaciones tecnológicas.

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En ese sentido, el anteproyecto busca abrir una agenda de diálogo entre el sector público, el sector privado, universidades y distintos actores institucionales para avanzar en la construcción de una ley “moderna, transparente y orientada al desarrollo económico de largo plazo”.

La actual ley

El trabajo parte de un diagnóstico crítico sobre la actual Ley 8.478, sancionada en 1979, a la que define como un marco “obsoleto”, con más de 15 decretos modificatorios sin texto ordenado desde 2006, excesiva burocracia y un alcance limitado casi exclusivamente a la industria manufacturera. El informe sostiene además que el sistema actual carece de herramientas modernas como subsidios al empleo, incentivos vinculados a inversiones o mecanismos transparentes de seguimiento de resultados.