La Justicia penal económica procesó a dos directivos de la cerealera Cargill por evasión fiscal agravada en una causa en la que se investigan maniobras de triangulación de exportaciones desplegadas para evitar el pago del impuesto a las ganancias, entre los años 2000 y 2003. El monto involucrado es superior a 56 millones de pesos.

Como consecuencia de una denuncia presentada en aquel entonces por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el juez Alejandro Catania, a cargo del tribunal nacional penal económico número 4, dispuso el procesamiento de Héctor Marsili, ahora ex presidente del directorio de Cargill en ese momento, y del gerente de la unidad de negocios de la firma en Uruguay, Javier Gustavo Fernández Rockboer. Los directivos recibieron, cada uno, un embargo por $ 100 millones.

Aunque en distintos períodos, la causa guarda similitudes con la iniciada por el juez Carlos Ochoa, de Río Cuarto, a raíz de una denuncia de la Afip contra la cerealera Bunge, por presunta evasión del impuesto a las ganancias por 1.200 millones de pesos. Ambos casos ponen la lupa sobre las operaciones que realizan las grandes traders de granos desde Argentina con empresas vinculadas en Uruguay, como fórmula de blanqueo de la comercialización con paraísos fiscales. El objetivo final es declarar menos ganancias para pagar menos impuestos.

La Afip recordó que "los responsables de la cerealera Bunge podrían correr con el mismo destino". En el caso de Cargill, el organismo pudo constatar que la cerealera realizaba la mayor parte de sus operaciones a través de una sucursal de Uruguay, pero sólo a los efectos contables, ya que la mercadería salía directamente desde la Argentina al comprador final y nunca pasaba por el país vecino, ni por ninguno de los otros que participaban en la operatoria. Es decir, "la facturación iba por un camino y la exportación por otro", sentenció.

De esta manera, Cargill Argentina facturaba sus ventas a su filial en Uruguay. Desde el país vecino se refacturaba a otras sociedades vinculadas, generalmente radicadas en países de baja o nula tributación y este último repetía la operación con el comprador final.

"Ante la Justicia, la Afip demostró que Cargill Uruguay liquidaba maliciosamente la venta de commodities a otras sociedades vinculadas o traders a un precio menor al que se lo había comprado a la Argentina, registrando en sus balances pérdidas significativas", señaló el comunicado.

Como los balances de la filial uruguaya se consolidaban en la Argentina, la empresa nacional contabilizaba esas pérdidas "disminuyendo de esa forma la base sobre la que debía tributar el impuesto a las ganancias".

En los primeros días del mes, el juez federal de Río Cuarto, Juan Carlos Ochoa, ordenó más de una decena de allanamientos en oficinas de la cerealera Bunge en el marco de una causa iniciada por la Afip por presunta evasión de 1.200 millones de pesos.

El actual presidente de Cargill Argentina, Hugo Krajnc, dijo ayer en un comunicado que la empresa respetó "estrictamente" las normas argentinas sobre precios de transferencia entre empresas vinculadas. Y calificó de "falaz" la imputación sobre maniobras de triangulación para evitar el pago de impuestos.