La derogación de la mayoría de los artículos de la ley 27.437 de Compre Argentino afectará en forma negativa a la producción y el empleo de muchas empresas, advirtieron este viernes especialistas del sector.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 dejará sin efecto práctico a la ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, lo que se anticipa impactará negativamente en empresas locales de distintas cadenas de valor.

El economista Leandro Mora Alfonsín, señaló que “es un enorme paso atrás para una agenda que asomaba como posible política de Estado más allá de los gobiernos, tras su buena ejecución los últimos tres años”.

La ley, que se sancionó en 2018 y tuvo modificaciones en el Congreso en 2021, le otorga preferencias a las empresas nacionales en las compras que realiza el Estado. “No es una extravagancia de Argentina”, sino que regímenes similares se aplican en distintos países del mundo, en especial en los países desarrollados”, coinciden los referentes consultados.

Son conocidos los casos de Estados Unidos, China e Israel de propiciar el crecimiento de empresas nacionales en sectores estratégicos a partir de esta iniciativa.

Al respecto, un reconocido especialista del sector industrial comentó que “una gran política que tiene la ley es que establece la obligación de hacer acuerdos de cooperación productiva. Esto es, que cuando el Estado y las empresas públicas compran por grandes montos al exterior, por ejemplo, un tren a China o a Francia, lo que se exige es que una parte de esos trenes se hagan en el país o que haya una inversión o una transferencia tecnológica por un 20% del de la compra de valor de la compra”.

Y agregó que “es una forma de aportar a la fabricación nacional las capacidades de una empresa líder a nivel internacional que es capaz de ganar una licitación. Es política industrial y la usan muchísimos países”.

Mora Alfonsín añadió otros factores: “Una ley de compre dota de mejores condiciones a empresas nacionales para proveer en proyectos que implican altas escalas, exponiéndose a competir y trabajar a niveles internacionales”.

“Ser considerados con márgenes de preferencias para proyectos hidrocarburíferos, mineros, navales o de otros sectores estratégicos apuntala oportunidades de crecimiento, desarrolla capacidades y habilita instancias de transferencia tecnológica”, sostuvo el economista.

Para los consultados, dejar sin efecto la ley implicará en el corto plazo que haya muchas empresas que vendan menos y tengan capacidad ociosa, caída de la producción y dificultades para sostener sus niveles de empleo.

En el largo plazo, la derogación generará una pérdida de capacidades tecnológicas e innovativas en las empresas, según los especialistas.

“No hay que mirar tanto el impacto en trabajadores y consumidores, sino en la posibilidad de cierres de empresas en sectores dinámicos, con oportunidades de pegar saltos discretos de desarrollo”, afirmó Mora Alfonsín.

Por su parte, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, afirmó que “para la industria la medida es un error porque a la ley hay que potenciarla, no derogarla, para que haya más industria argentina, más pymes y, por ende, mayor cantidad de puestos de empleo”.

“Hay sectores como petróleo, gas, minería en los que las grandes empresas tienen muchas necesidades de comprar bienes de capital e insumos que se producen en la Argentina. Por eso era muy importante esta ley, porque iba a permitir el desarrollo de nuevos proveedores en la industria”, agregó el empresario pyme.

Tarjetas y consumidores

Por otra parte, el presidente del Banco Provincia (Bapro), Juan Cuattromo, criticó el DNU 70/2023 por considerar que “afecta directamente los derechos de las personas usuarias de tarjetas de crédito, permite un importante incremento de los costos y elimina la supervisión de la actividad”.

En un posteo en sus redes sociales, el titular de la entidad pública bonaerense consideró que, con las modificaciones dispuestas desde el Poder Ejecutivo Nacional, se afectan “los derechos de usuarios/as de servicios financieros y la protección de datos personales”.

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“Se elimina la obligación de que el contrato sea redactado en ejemplares de un mismo tenor para las partes y redactado claramente y con tipografía fácilmente legible”, indicó y destacó que “no serán consideradas nulas las cláusulas que impongan un monto fijo por atraso en el pago del resumen y aquellas cláusulas que no hubieran sido autorizadas por el BCRA”.

También dijo que “se elimina la prohibición de informar los datos de titulares y beneficiarios de extensiones de tarjeta, a las bases de antecedentes de datos financieros personales”, y señaló que ”se suprime el detalle de los elementos de identificación que se exigían para la emisión de tarjetas de crédito para asegurar la inviolabilidad y prevenir fraudes“. Paralelamente, indicó que “se modifica la definición de emisor de tarjeta de crédito, pudiendo cumplir ese rol, una entidad de cualquier naturaleza, en tanto ello se encuentre previsto dentro de su objeto social”, por lo que “ya no es necesario que sea una entidad financiera, comercial o bancaria regulada”.