El intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuestionó este jueves la decisión del gobierno nacional de fijar un tope para el cálculo de la Tarifa Social, de la SUBE y aseguró que la medida terminará perjudicando a los usuarios del transporte urbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario local vinculó la resolución de la Secretaría de Transporte con el reciente aumento del impuesto a los combustibles y sostuvo que ambas decisiones impactan directamente sobre los pasajeros.

"El gobierno nacional aumentó el impuesto a los combustibles y al mismo tiempo le puso un tope al subsidio de la Sube", escribió.

"El vecino, perjudicado dos veces"

Javkin cuestionó que, mientras el Estado nacional incrementa la carga impositiva sobre los combustibles, al mismo tiempo limita la actualización del subsidio que reciben los beneficiarios de la Tarifa Social.

"Si hay un tope, debería ser actualizable como es en el AMBA y debería, además, implicar una baja y no una suba en el impuesto a los combustibles", planteó. Y agregó: "Así, el vecino queda perjudicado dos veces: paga más impuesto y pierde subsidio".

El intendente también volvió a insistir con uno de los reclamos históricos de Rosario y otras ciudades del interior respecto de la distribución de los recursos nacionales.

"El impuesto a los combustibles ya lleva 16 aumentos, con un 10% más aprobado y todavía sin aplicar", sostuvo. Y concluyó: "Es la Argentina del revés: se recauda en un lugar y la plata se queda en otro. No tiene que pasar más".

Qué cambió con la Tarifa Social

La reacción del intendente llegó luego de que la Secretaría de Transporte de la Nación publicara la resolución 40/2026, que modifica la forma de calcular el subsidio correspondiente a la Tarifa Social para colectivos urbanos.

La norma mantiene el descuento del 55% para los beneficiarios, pero establece que ese porcentaje se calculará sobre el valor del boleto vigente al 30 de junio de 2026 y permanecerá congelado hasta una futura actualización que no tiene fecha definida.

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En la práctica, eso implica que si provincias o municipios autorizan nuevos aumentos en la tarifa, el aporte nacional perderá peso con el paso del tiempo, salvo que las administraciones locales decidan asumir esa diferencia con fondos propios.

La resolución también deja abierta la posibilidad de que provincias y municipios implementen beneficios adicionales, siempre que financien esos descuentos con recursos propios.