Una medida de fuerza de los prácticos de la navegación fluvial mantiene frenado el comercio exterior a lo largo de la hidrovía como respuesta al decreto presidencial 690/2026, que desreguló la actividad y busca reducir el "costo argentino".

Desde la 0 hora del pasado domingo 2 de agosto, la principal vía de salida de las exportaciones argentinas se encuentra sumergida en una profunda crisis logística sin comercialización de granos, productos y combustibles.

La paralización de la Hidrovía y de los principales puertos del país es la respuesta directa de los profesionales del sector a una normativa del gobierno, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que reemplaza el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991 para imponer una profunda desregulación de la actividad.

Hidrovía frenada

Vale aclarar que los prácticos son aquellos que asesoran a los capitanes en las maniobras de ingreso y egreso de la vía navegable, canales y puertos al tener conocimiento local del río y sus complejidades.

Desde la agroindustria, la Cámara Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales y Granos (CEC), salieron rápidamente a mostrar su preocupación porque proyectan un impacto directo en la navegación y por lo tanto en el ingreso y circulación de los barcos.

Esta función ahora, a través de decreto, la tiene la Prefectura y por eso entraron en conversaciones con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y con la propia Prefectura para generar algún marco de diálogo con los prácticos.

Según usuarios de la vía navegable el comercio exterior está totalmente paralizado a este lunes al mediodía y creen que la situación se puede agravar hora a hora.

El nuevo marco legal elimina las restricciones históricas que el gobierno nacional considera "obsoletas", permitiendo que los prácticos sean contratados libremente como profesionales independientes y eliminando los límites en la cantidad de profesionales que pueden inscribirse en los registros de la Prefectura Naval Argentina.

Además, la norma redefine las condiciones de obligatoriedad para el tránsito; por ejemplo, en el Río Paraná, el servicio es mandatorio para buques que superen los 150 metros de eslora o los 6,40 metros (21 pies) de calado.

El gobierno, a través del ministro de Desregulación defendió la reforma argumentando que los costos del practicaje en Argentina están entre los más altos del mundo y que la intención es eliminar "kioscos" que encarecen el comercio exterior.

Según el decreto, estas barreras de ingreso favorecían conductas anticompetitivas y afectaban la eficiencia logística de los puertos. La cuestión es que esta flexibilización pone en riesgo la seguridad de la navegación.