Una consecuencia política inobjetable de la crisis internacional es el derrumbe de las teorías que minimizaban el papel del Estado en la economía. Una vez más, el sector público reivindica su papel de garante del sistema capitalista, asumiendo las decisiones que, por prejuicios económicos o condiciones de clase, sus propios beneficiarios no se atreverían a tomar. Para el gobierno de Cristina Fernández y la administración kirchnerista, es una reivindicación de su discurso histórico.

Pero si el papel del Estado se agiganta con la crisis, más vidriosa es la relación entre las características de su intervención y el paradigma en el que se pretende sustentarla. El kirchnerismo asimila el activismo estatal a un programa político progresista. Desde ese lugar, el de reivindicar la legitimidad de los poderes públicos para cobrar impuestos y redistribuirlos, defendió durante medio año el aumento de las retenciones. Pero la verdad es que el Estado puede intervenir incluso con políticas impositivas fuertes y autónomas, para transferir ingresos en forma regresiva o favorecer a determinadas facciones de la burguesía con las que teje alianzas especiales. En EEUU, Bush apuntó a salvar a los bancos. En Argentina, el primer paquete asimilable a un plan anticrisis es una oferta de perdones fiscales y reducción de salario diferido a las empresas de la economía real para que dejen de hacer lo que en rigor ya empezaron a hacer apenas se oscureció el panorama económico: el ajuste laboral. La experiencia histórica, y los 90 son una muestra, no ayuda a pensar que las empresas cumplirán su parte. Más bien alientan la suposición de que, con el más clásico de los libretos, la garantía para salir de la crisis, que en el país se expresa en un cambio de expectativas que afecta la demanda, es preservar el empleo y el ingreso de los trabajadores para sostener el mercado interno.

Es probable que el Estado deba intervenir fuerte en ese sentido. Los casos de estatización de empresas en Argentina no tienen buena prensa porque sus antecedentes remiten a responsabilidades compartidas con el poder público. Pero aún con esa prevención, casos como Aerolíneas o las AFJP parecen más cercanos a las necesidades del nuevo escenario.