El gobierno decidió expropiar el 51 por ciento de YPF e intervino la compañía

La presidenta Cristina Fernández anunció ayer el envío de un proyecto de ley de expropiación de la empresa petrolera Repsol YPF y de declaración de "interés público nacional" a los hidrocarburos, además de decretar la inmediata intervención de la compañía.

A casi dos décadas de la privatización de YPF -una decisión que se convirtió casi en un ícono de la política económica de la década de los 90- y luego de que en los dos últimos años la Argentina no lograra el autoabastecimiento energético, el gobierno decidió volver a tomar el control de la petrolera que sólo podrá volver a transferirse a manos privadas con el voto de las dos terceras partes del Congreso de la Nación, la misma condición que exige una reforma constitucional.

La mandataria, en un acto sorpresivo, informó que la intervención de la empresa controlada hasta el momento por la española Repsol, estará encabezada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, quienes ayer se hicieron presentes en las oficinas que la empresa tiene en Puerto Madero y asumieron la conducción, dejando fuera a la totalidad de los directores, incluidos los miembros del grupo Eskenazi

Al fundamentar su decisión, la jefa de Estado denunció una "política de vaciamiento, de no producción y de no exploración" por parte de Repsol. "De continuar esta política de vaciamiento y de no inversión, Argentina se hubiese convertido en un país inviable, por políticas empresariales y no por falta de recursos, porque somos el tercer país en el mundo, luego de China y Estados Unidos", dijo Cristina.

También lamentó que en el 2011 la Argentina se convirtió en importadora neta de gas y petróleo. Precisó que "por primera vez en 17 años tuvimos déficit, y debimos importar combustible por 9.397 millones de dólares, lo que casi iguala el superávit comercial argentino" de cerca de 10 mil millones de dólares.

Los detalles. La presidenta anunció que el texto que fue enviado ayer mismo al Senado para su tratamiento, declara de "interés público y nacional" el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización. También la expropiación de las acciones de YPF, equivalentes al 51 por ciento del capital social, en el marco de un proyecto de ley de "soberanía hidrocarburífera".

La iniciativa establece la expropiación del 51 por ciento de las acciones, de las cuales la Nación se quedará con el 26,01 por ciento y las provincias productoras el 24,99 por ciento.

“Se decretaron de utilidad pública únicamente el 51% de las acciones que poseía Repsol, que tiene un 57%” en YPF, aclaró la presidenta y precisó que”es el 51% para tomar el control (de la empresa) pero no hemos afectado a aquellos, que de buena fe, compraron en la Bolsa, ni de ningún otro socio”.

A su vez, advirtió que ese 51% de las acciones que serán expropiadas “no será manejado por un grupo empresario nacional ni internacional, sino por el Estado nacional”, y garantizó que la compañía será “rentable”.

En ese contexto, Repsol se quedará con el 6,44%, el grupo Petersen (de la familia Eskenazi) el 25,46% y los inversores (free float) con el 17,09%.

También el proyecto prevé la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos que integrarán varios ministerios y todas las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Decisión unificada. Por otra parte, la iniciativa establece un sistema de “sindicación” de acciones con las provincias petroleras. Señala al respecto que la cesión de los derechos de las acciones sujetas a expropiación contempla el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a ellas “en forma unificada”, entre la Nación y las provincias, “por el plazo mínimo de 50 años”.

Cristina destacó ayer que “en América latina somos el único país que no maneja sus recursos” y aclaró que “no es una estatización, seguimos funcionando bajo la forma de una sociedad anónima”. De hecho, en su artículo artículo 15 el proyecto establece que “para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima continuará operando como una sociedad anónima abierta”.

La iniciativa cosechó adhesiones de la mayoría del arco político oficialista y de la oposición y una convulsión en los mercados locales y de todo el mundo. Por caso, ayer la Bolsa de Comercio de Buenos Aires debió suspender la cotización de la acción de la petrolera que perdía 2,44% a 116 pesos.

En cambio, el anuncio de expropiación recibió el rechazo del gobierno de España que condenó la iniciativa y calificó de “arbitraria y pésima” la medida. En una conferencia de prensa liderada por los ministros de Asuntos Exteriores y de Industria españoles, el gobierno de ese país anunció que se analizarán acciones contra la Argentina.

El proyecto ingresó poco después de las 16 de ayer en el Senado y comenzará a ser debatida hoy en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustible.