Tras el anuncio de intervención del Grupo Vicentín, que realizó el presidente Alberto Fernández, adelantando también el envío de un proyecto de ley para expropiar la empresa que se encuentra en concurso de acreedores luego de declararse en cesación de pagos, el diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe Federico Angelini advirtió: “Es una maniobra peligrosa del gobierno porque esconde una forma indirecta de intervenir en el mercado”.
“Ya pasamos por estas malas experiencias con Aerolíneas Argentinas, YPF y Ciccone, donde los argentinos terminamos pagando con más impuestos cifras millonarias de empresas que el Estado decide quedarse de forma unilateral”, afirmó Angelini. “Ahora quieren quedarse con Vicentín y hablan de soberanía alimentaria; hace semanas iban por todas las empresas que habían subsidiado por la pandemia; por lo tanto, nada nos garantiza que en los próximos meses haya más intentos de confiscaciones”, alertó.
Para el vicepresidente del PRO, “no había ninguna urgencia” para que el gobierno nacional dicte un DNU para intervenir una compañía que, recordó, se encuentra en concurso de acreedores. En ese sentido, el legislador sostuvo que esta determinación del Poder Ejecutivo “nos lleva a Venezuela” y señaló que representa “un avasallamiento sobre el Poder Judicial que ya estaba interviniendo en el tema a través de la ley de concursos y quiebras” y también una “violación del Derecho de Propiedad consagrado en la Constitución Nacional”.
En esa línea de pensamiento, el diputado agregó que “con los mismos argumentos que adujo el presidente para anunciar esta medida, mañana podrán avanzar con facilidad contra decenas de empresas que quizá puedan concursar producto de esta cuarentena de más de ochenta días. Entonces, una vez más lo decimos y lo lamentamos: el kirchnerismo volvió con diferente cara, pero volvió por todo”.
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Si bien el presidente Fernández y su ministro de Producción, Matías Kulfas, destacaron esta disposición como un "rescate" a Vicentín, Angelini consideró que “la medida es un claro avance del Estado sobre el mercado agropecuario que amenaza, obviamente, con la vuelta a la Junta Nacional de Granos y la regulación de los precios”.
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