La universidad argentina posee características que la distinguen entre las universidades del mundo. La gratuidad, el ingreso irrestricto, el cogobierno y la extensión (que da cuenta de su compromiso social) son rasgos distintivos de nuestra universidad desde sus inicios allá por el siglo XIX y comienzos del XX. Este sistema público de educación superior es claramente mayoritario en cantidad de alumnos, titulaciones, cobertura, desarrollo de la investigación, posgrados y extensión, que se expresan en números contundentes en nuestro país.
Por ejemplo, según datos del Departamento de Información Universitaria (SPU), fechados en 2014, las universidades públicas congregan al 78.6 por ciento de los alumnos de grado y el 76.6 por ciento de los de posgrado; hay por lo menos una universidad pública por provincia mientras que en sólo once jurisdicciones argentinas hay instituciones universitarias privadas, y prácticamente la totalidad de los científicos que componen el sistema científico tecnológico de nuestro país son egresados y se formaron en alguna de las 60 universidades nacionales. Podemos afirmar entonces que, el sistema universitario argentino es eminentemente estatal y que no hay modelo universitario que sea más abierto e inclusivo que el argentino, sostenido por el Estado Nacional.
Estas características representan un valor fundamental, una fortaleza y un capital que es cultural, científico, intelectual y humano, desarrollado y fortalecido por varias generaciones de argentinos. La universidad pública y su impacto social son un patrimonio invaluable para el Estado y para el conjunto del pueblo que la sostiene, que en definitiva es el destinatario de los esfuerzos depositados en el sistema público de universidades.
Lamentablemente, este posicionamiento no es plenamente compartido por el conjunto de actores políticos y sociales de nuestro país. Algunos sostienen que estos rasgos representan un problema que debe ser atacado y resuelto. Es decir, la masividad, la expansión del sistema, la cobertura nacional y el desarrollo científico federal no justificarían la inversión realizada por la ciudadanía a través del Estado nacional.
Estos sectores sostienen que se deben "corregir las distorsiones" del sistema universitario con el pretexto de hacerlo más "eficiente y racional". Una supuesta solución sería la restricción del ingreso y el arancelamiento en pos de mejorar la tasa de egreso aunque, paradójicamente, esto no incrementaría el número de graduados. Es decir, se pretende crear la ilusión de un sistema más eficiente cuando en verdad el resultado de estas políticas obtendría como resultado un sistema más pequeño, restrictivo e injusto. Esto favorecería el ingreso y permanencia sólo de aquellos que ya son beneficiados por el sistema debido a su condición socioeconómica favorable y que, por lo tanto, se encuentran mejor preparados y con más recursos de capital cultural y económico para afrontar un examen de ingreso eliminatorio.
Principios de gratuidad
En general se pretende compensar este desfasaje con becas y estímulos a aquellos que "los merezcan" por sus cualidades intelectuales, resulta sumamente injusto y un error conceptual permitir ingresar sólo a aquellos que posean capacidades extraordinarias que les permitan superar las desventajas que su condición social de origen les impone, sin que esto signifique que no se deban implementar sistemas de becas y estímulos para hacer más efectivo el derecho a la educación universitaria. Un ejemplo que da cuenta de la accesibilidad de nuestra universidad hoy es el del Programa de becas para estudiantes de Pueblos Originarios. Chicos de las comunidades Qom, Kolla, Ava Guaraní, Mocoví, Mapuche, Omaguaca y Tilian hoy forman parte de nuestro sistema universitario gracias a los principios de gratuidad y libre ingreso.
El arancelamiento es una propuesta de carácter demagógico y puramente simbólico. El presupuesto universitario posee una dimensión imposible de abordar en términos de aportes privados (institucionales, individuales o familiares). Esta propuesta plantearía un sistema significativamente más pequeño (imposible de llevar a la práctica en el estado de desarrollo del sistema universitario) que excluiría a la mayoría de los actuales beneficiarios del sistema. Un aporte económico arancelario sería marginal: asumiría un carácter meramente simbólico cuya representación reforzaría la idea de discriminación.
Por ello, restringir el ingreso o arancelar la permanencia —recetas mágicas de quienes piden "actualizar la universidad al siglo XXI"— son claramente medidas anacrónicas que contradicen no sólo uno de los principios constitucionales que reconoce el pleno derecho a una educación completa, sino también a la legislación vigente. Desmantelar el carácter abierto, inclusivo e igualador de la universidad pública argentina, en consonancia con los principios fundamentales de nuestro sistema educativo, representa un retroceso y un daño irreparable para el conjunto de la sociedad que vería reducidas las oportunidades de acceso a la educación superior.
Estas propuestas no consideran que las universidades cuentan con un prestigio internacional, con una alta valoración en las encuestas de imagen pública que se realizan periódicamente en nuestro país, que reciben en sus aulas a cientos de miles de jóvenes argentinos, que proveen recursos humanos al sistema científico-tecnológico, a la industria, a la cultura, a la salud, a la educación, etc. Sólo se proponen ajustar y recortar, dejando de lado lo más rico y complejo que poseen las universidades: sus alumnos, sus docentes e investigadores. Cada uno de ellos posee un valor que no puede ser medido ni estandarizado ya que detrás de cada miembro de nuestra comunidad hay un enorme potencial pero sobre todo una vida y un porvenir.
Cultura democrática
La universidad pública argentina posee un patrimonio intangible que representa un sobrevalor que no se puede medir en términos económicos: su larga y hoy consolidada cultura democrática, de debate y resistencia, su vocación para incluir y contener a vastos sectores sociales, para promover la extensión y la transferencia con sentido social. Su capacidad de procesar y superar crisis económicas, políticas, sociales y sobre todo de crecimiento y masividad. Estas cualidades que la identifican, que le aportan respeto y prestigio en nuestro país y el extranjero, pero por sobre todo le asigna un lugar central e irrenunciable en cualquier proyecto de país que pretenda mejores condiciones de vida para toda la población, en especial para los postergados.
La universidad y los universitarios somos sumamente críticos, está en nuestra naturaleza, es la función que nos corresponde. No podemos ni debemos ser autocomplacientes, es necesario afrontar con responsabilidad los desafíos que hoy, entre otros aspectos, pasan por conciliar la masividad y la expansión del sistema con mejores resultados en los aprendizajes, la retención y el egreso de sus alumnos, la inclusión de vastos sectores de la sociedad que hoy se encuentran muy lejos de poder acceder a estudios de nivel superior. Estos son desafíos complejos que exceden ampliamente la responsabilidad de las universidades, pero no por ello la excluye.
En el debate y la búsqueda de soluciones parciales y superadoras está todo permitido excepto dejar en el camino los derechos, expectativas y sueños de nuestros jóvenes.
