Una experiencia novedosa: el derecho al techo, en clave cooperativa

En 2007 Rosario estaba primera en el ranking de ciudades sudamericanas con mayor cantidad de metros cuadrados construidos por habitante y, en los años subsiguientes, se mantuvo en el top five. Pero, lejos de ser un síntoma de resolución del déficit habitacional, el podio reflejó el uso creciente de las unidades para vivienda como reserva de valor de los sectores con capacidad de ahorro.

El último censo nacional indicó que casi el 20 por ciento de las viviendas particulares del departamento Rosario están deshabitadas. Esto implica que, según datos del mismo relevamiento, mientras alrededor de 40 mil personas necesitan vivienda, hay 80 mil unidades vacías.

En este panorama, hablar de autogestión para garantizar el techo familiar parece al menos innovador. Pero la Federación de Cooperativas del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) tiene un modelo que lleva adelante no sólo con la construcción de viviendas desde lógicas diferentes en lo económico, social y cultural, sino también desde la articulación concreta con políticas públicas en la provincia.

El MOI surgió hace 25 años en Buenos Aires, en un momento en que las ocupaciones de edificios acaparaban la escena pública. Con el paso de los años, adquirió el perfil de una Federación Nacional de Cooperativas que funciona con tres actores centrales: la cooperativa de trabajo, la de vivienda y el equipo profesional interdisciplinario. Actualmente está integrada por unas 20 cooperativas en todo el país. Sólo en la ciudad de Buenos Aires están construyendo unas 300 viviendas y, en el marco de la ley 341, el año pasado el MOI ejecutó más de 12 millones de pesos en obras.

La 341. El esquema de actores tripartito que se desarrolló en el marco de la ley promulgada para el ámbito porteño en el año 2000, reflejó una disputa con la lógica de distribución de tierras, transfiriendo recursos a las organizaciones, financiando el suelo, la obra y la apoyatura profesional interdisciplinaria, mediante préstamos a tasa cero con devolución a 30 años. Hoy la federación pelea por nacionalizarla y así impulsar y desarrollar más ampliamente las cooperativas de producción autogestionaria en todo el país.

Para María Carla Rodríguez, referente del MOI, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e Investigadora del Conicet, la normativa surgida de un fuerte reclamo organizado, significó "una innovación en política, reconociendo como sujeto protagonista con capacidad de administrar el dinero a las organizaciones de base. El grueso del movimiento urbano organizado tomó la forma cooperativa. Asimismo, en el contexto inmediato de la poscrisis, el diseño del crédito permitió acceder al suelo, un elemento desvinculado habitualmente del financiamiento de obras en la política habitacional".

En un marco de desaparición del crédito hipotecario se formaron, con distintos niveles de organización, alrededor de 500 cooperativas y lograron instaurar un banco de inmuebles con 120 terrenos de óptima ubicación urbana. Este último punto es muy importante para las organizaciones, ya que en esa lucha por el derecho a la vivienda subyacen otras, como el derecho a la centralidad en las ciudades, para habitar lugares bien ubicados, con acceso a infraestructura y servicios.

Diagnóstico. Según la investigadora, actualmente hay miles de inmuebles ocupados hacia los que no se desarrollan políticas públicas, pese a ser una población desalojada con mayor facilidad. Esto en un marco de déficit habitacional crítico que ronda las 600 mil personas sólo en ciudad de Buenos Aires, tal como puso de manifiesto el Diagnóstico Sociohabitacional publicado en 2013 por el Consejo Económico y Social de la Ciudad.

Consultada sobre las diferencias entre el escenario de la década del 90 y el actual, Rodríguez consideró que hubo un agravamiento. No siendo la política habitacional un tema de agenda sustantivo para los sucesivos gobiernos, crecieron las dinámicas de informalidad. "En los últimos 10 años, creció un 52 por ciento la población viviendo en villas de emergencia, con formas precarias de alquiler dentro de ellas, razón por la cual se verticalizaron. A la par se mantuvo estable la población en inquilinatos y hoteles pensión, pero en ambos casos, subió fenomenalmente el costo del alquiler", aseguró. Por eso, pese a haber iniciado el trabajo con población de casas ocupadas, el MOI se abrió a todo tipo de familias y personas trabajadoras sin acceso a la vivienda.

Si bien se generaron planes como el Procrear, el divorcio entre crédito y acceso a la tierra sigue firme y complica a los asalariados en la obtención de la casa propia. "Se calcula que hay 5 millones de hogares en distintos niveles de situación crítica. Hablamos de que la mitad de la población del país padece distintos tipos de problemas habitacionales", sentenció la profesora de la UBA.

Ladrillo a ladrillo. En Santa Fe, el MOI inició su camino en 2007 en la ciudad capital. Allí, un grupo de estudiantes de arquitectura, que era conducción del centro de estudiantes de la facultad, realizó jornadas sobre hábitat popular e invitaron a miembros de la Federación. "A partir de allí se dio el proceso de enamoramiento y de confluencia con lo que uno venía pensando: para qué estudiás, para qué te formás y qué querés hacer con tu vida. Y terminamos siendo el MOI en Santa Fe, impulsando experiencias cooperativas, primero en esa ciudad y hoy con otros compañeros de Rosario, haciendo intentos con gente de Reconquista y Santo Tomé, generando condiciones para pensar la provincialización del movimiento", relató Homero Ramírez, referente santafesino.

La experiencia provincial es significativa, no sólo por el centenar de militantes que nuclea y la construcción de decenas de viviendas en diversos puntos, sino porque se logró hacer pie en la obra pública. La cooperativa de trabajo, sucursal santafesina de "Casa Base" —un instrumento federal del MOI—, se presentó y ganó la licitación para la construcción de los baños del Centro Salud Santo Tomé. Hubo cuatro oferentes, dos de los cuales pretendían facturar 80 mil pesos más y un tercero que los superaba sólo en 500 pesos. Fue la primera obra entregada antes del tiempo establecido y en excelentes condiciones.

El arquitecto Diego Mandile, integrante de Casa Base -MOI, fue parte de la construcción de los baños del Samco junto a 9 compañeros más y contó que fue tal la sorpresa con los costos, los tiempos y la calidad de la obra que, ni bien se inauguraron, fueron citados por los ministros de Trabajo y Salud y el intendente de Santo Tomé. "Lo que nos plantearon es que existen muchos problemas para la obra pública menor a 1 millón de pesos porque las empresas con el tema de la ganancia no quieren agarrarla. Además, la cooperativa de trabajo deja un saldo social y político. La empresa sólo un saldo material, si es que termina la obra", analizó.

En Rosario, hace dos años un grupo de personas también inició su recorrido, se constituyó en la cooperativa de vivienda La Creciente, y se integró al MOI. Actualmente están en pleno proceso de diagramación y gestión para, con financiamiento provincial para la construcción, levantar de 12 a 15 viviendas más un salón comunitario en un terreno municipal acordado con el Servicio Público de la Vivienda.

Obras señeras. En terreno de lo hecho, vale resaltar algunos de los logros insignes del MOI, entre ellos su rol motor para la concreción de los 120 inmuebles localizados en una zona residencial de la ciudad de Buenos Aires y la existencia de 1.200 viviendas construidas por el entramado cooperativo promovido por la ley 341. De 1997 a 1999 la Cooperativa La Unión realizó en Buenos Aires el reciclaje de 24 viviendas para familias trabajadoras informales de ingresos bajos. Si bien se trataba de un reciclaje y no de viviendas terminadas como las anteriormente detalladas, el costo de producción que para las empresas era de 800 dólares el m2, para ellos fue de 250 dólares por m2. La cooperativa sigue estando hoy en propiedad colectiva, terminó de pagar el inmueble que compró el Ministerio de Economía y las familias terminaron de pagar en 2003 el inmueble ubicado en Puerto Madero. "Esa fue una obra señera, que pusimos como ejemplo para demostrar que era posible ejecutar por autogestión", resaltó Rodríguez.

Por su parte, la Cooperativa La Fábrica de Barracas hoy avanza con la construcción de 50 viviendas en áreas de renovación, conviviendo en una misma cuadra con viviendas de alta gama, los loft de Barracas Central. "Son viviendas de la misma superficie, nuestro complejo habitacional tienen doble pared y diseño de detalle y terminaciones que nada tienen que envidiar a los lofts, cuestan la tercera parte y resulta que aportás a poder vivir en un entramado urbano heterogéneo: esa es la disputa por construir una ciudad democrática", analizó la investigadora del Conicet.

El modelo. Mucho se ha debatido en los últimos años sobre el fenómeno de precarización laboral vía contratación de cooperativas de trabajo. Pero en el caso del MOI se apuran en aclarar los tantos: "Ninguna de las empresas que pasaron un 30 por ciento más de presupuesto es porque le iban a pagar mejor a sus trabajadores que lo que cobrarían nuestros compañeros. Ninguno cobra por debajo de lo que percibe un trabajador en una obra por Uocra, como básico", explicó Ramírez.

Quienes integran la cooperativa y autogestionan sus viviendas son personas que se acercan o se agrupan como en el caso de Rosario, porque no tienen vivienda, o trabajo, o ambas. Ya sea que se desarrollen en la cooperativa de trabajo o la de vivienda, se capacitan "y se queda quien persiste, se interesa y empuja el proceso", destacó Homero.

Para ejecutar su obra en sentido más amplio que lo material, los miembros del MOI abrazaron un modelo de ayuda mutua y propiedad colectiva. Las familias participan de la obra con trabajo, articulando con la cooperativa de trabajo, que es la que garantiza la mano de obra calificada, las herramientas y máquinas. La cooperativa de vivienda pone mano de obra peón, pero en la ayuda mutua se produce la calificación, por lo que muchos compañeros terminan integrando la cooperativa de trabajo. "Esto abarata costos, que para nosotros significa más y mejor vivienda de propiedad colectiva, e implica además que el crédito lo toma y lo devuelve la cooperativa, por lo que si en determinado momento un compañero no puede en un mes pagar el crédito, hay un colectivo que lo respalda en tanto y en cuanto ese compañero participe y aporte a la ayuda mutua colaborando a la trama de sostenimiento", aseguró Ramírez.

De este modo impulsan un modelo de unidad social de producción autogestionaria, con la perspectiva del trabajo sin patrón y para producir bienes de uso y no bienes de cambio, por eso las viviendas son de propiedad colectiva. La forma organizativa que se dan es la cooperativa de usuarios, no de propietarios, porque cada miembro es uno de los dueños del conjunto de las viviendas. "No es autoconstrucción, es ayuda mutua articulada con trabajo dignamente remunerado a través de la disputa de los recursos estatales, que son recursos de todos y que, si no, se van a la lógica empresarial", detalló el joven arquitecto.

Es por esa pertenencia a la clase trabajadora, que el MOI forma parte de la CTA Autónoma, desde sus inicios a mediados de los ‘90. En el marco del derecho vigente, se trata de propiedades privadas, pertenecientes a la cooperativa. No obstante, el objetivo es pelear la incorporación de la figura de propiedad colectiva a la legislación actual.

De este modo, por ejemplo, los 23 socios de la cooperativa Alba Iberá de Santa Fe serán cada uno próximamente dueños de 23 viviendas, más el equipamiento comunitario que se genera alrededor.

"Estamos convencidos de que la autogestión es una perspectiva importante para aportar al proceso de liberación de la clase, concibiéndose como trabajadores sin patrón y en una identidad culturalmente transformada. La autogestión debe ser un tema de la agenda, no de la reivindicación, ni de la emergencia, ni de la pobreza, sino de la transformación estructural", consideró Rodríguez.