Venado Tuerto.— La polémica en torno al cobro de un plus por servicio de playa en el expendio de combustibles llegó hasta el seno del Concejo de esta ciudad y promete hacer ruido incluso a nivel nacional. El concejal Fabián Vernetti denunció que algunas estaciones de servicio de la ciudad y la región lo están aplicando "en lo que constituye una flagrante evasión impositiva", y pidió la intervención del defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, y su par provincial, Carlos Bermúdez.

El concejal admitió que "son reiteradas las denuncias de vecinos que padecieron el cobro del derecho de playa en las estaciones expendedoras de combustibles. Incluso algunos testimonios han sido expresados en medios públicos".

El denominado derecho de playa consiste en una maniobra de algunos propietarios de estaciones de servicio para cobrar una suma extra por cada litro. Una forma de aumento encubierto del precio de las naftas. Meses atrás esa cifra oscilaba los 15 centavos por litro aunque hubo casos donde la cifra fue más elevada.

Sin discriminar. Los testimonios que llegaron al Concejo venadense coinciden en que las estaciones que están aplicando el aumento no lo discriminan en la exhibición de precios, y tampoco hay una unificación del monto. Los clientes no estarían recibiendo por este sobreprecio de las estaciones expendedoras el comprobante respectivo, con lo cual "estaríamos —en palabras de Vernetti— ante una flagrante evasión impositiva".

El hecho de que el precio del litro de combustible consignado en el surtidor no es el que se cobra al final de la compra ha originado que en algunas provincias se hayan labrado actas por incumplimiento a la ley de lealtad comercial.

Organismos de Defensa del Consumidor de distintas partes del país lo consideran un atropello a los derechos de los consumidores, entendiendo que el consentimiento del consumidor no es absolutamente libre porque si no paga el costo de la playa no puede cargar combustible. La Dirección de Defensa del Consumidor de Entre Ríos, por ejemplo, aplicó una sanción a una estación de servicio de Villaguay por aplicar el derecho de playa.

De acuerdo al acta labrada, la sanción se aplica por incumplimiento a la ley de lealtad comercial, ya que el precio del litro de combustible consignado en el surtidor no es el que se cobra al final de la compra, impidiendo que el cliente sepa cuánto le va a costar lo que carga de combustible.

Panorama en Venado. Sobre la realidad venadense, Vernetti pidió a través de un proyecto de resolución que "se solicite a las estaciones expendedoras de combustible la implementación de carteles en la entrada de las mismas, donde consigne si están cobrando o no el denominado derecho de playa y en qué consiste".

También solicitó al municipio que "informe si la secretaría de Hacienda está fiscalizando esta supuesta evasión del pago del Derecho de Registro e Inspección (Drei) por parte de las estaciones expendedoras de combustible, violentando el cumplimiento de la ordenanza local Nº 2730".

Además —dice la resolución— pidió que "imparta orden para que la Oficina Municipal del Consumidor interceda difundiendo los derechos de los consumidores ante el presunto cobro indebido de un incremento durante la recarga de combustible, recepcionando las denuncias para ser canalizadas por las vías correspondientes y en caso de ser necesario, analizando la posibilidad de implementación de mecanismos tendientes a neutralizar dicho cobro".

En Entre Ríos hay 217 expendedoras de combustibles, de las cuales 11 fueron sancionadas, durante 2007, por la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia por aplicar el denominado derecho de playa. Algunos empresarios apelaron las resoluciones para no pagar las sanciones económicas que van desde 100 hasta 5 millones pesos.