Definen si destituyen o no al juez santafesino que liberó a un presunto violador porque "usó preservativo"

Destitución o absolución. Esas son las opciones que a partir de este martes y por los próximos diez días se dirimen sobre el futuro profesional del juez Rodolfo Mingarini, el magistrado que dejó libre a un acusado de violación porque había usado preservativo y quien además, en otras causas de abusos a menores, alegó que las lesiones solo correspondían a "falta de higiene" de la víctima.

Hoy, a las 11, tendrá lugar la audiencia de vista de causa del jury de enjuiciamiento que pidió la Procuración General de la provincia, a cargo de Jorge Barraguirre, al entender que Mingarini cometió "ignorancia manifiesta del derecho en casos reiterados". Organizaciones feministas ya adelantaron que se convocarán en las puertas de Tribunales.

El procurador encontró, que en sólo tres años, Mingarini realizó resoluciones donde la falta de perspectiva de género es una constante, y la sospecha sobre las víctimas de violencia sexual se repite.

En el artículo 88 de la Constitución provincial se indica que “los magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones”.

Pero la falta de conocimiento y aplicación de las normas internacionales y los razonamientos alejados de la doctrina jurídica, para el Procurador, justifican que se evalúe el accionar del magistrado como de "mal desempeño". Y así lo dejó en claro Barraguirre en las 73 páginas de su acusación.

En la jornada de este martes se escucharán los alegatos de la acusación y los de la defensa, por espacio de unos 25 minutos cada parte. Habrá espacio para la réplica.

Y luego los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi), más el senador Armando Traferri (en representación del Senado), el diputado Maximiliano Pullaro ( por diputados) y los representantes de los colegios de abogados de Rafaela (Héctor Ferrero) y Reconquista (Julio Pagano). elegidos por sorteo, tendrán diez días para resolver cual será el destino profesional del juez Mingarini, quien fue suspendido el 7 de septiembre pasado y se le retuvo el 50% del salariodo durante el proceso.

Baraguirre analizó once medidas cautelares y sentencias en las que Mingarini, contradiciendo obligaciones constitucionales y convenciones de derechos humanos vigentes, desestimó pericias médicas y psicológicas incluso de niñas y niños.

Mingarini fue denunciado en junio de 2021 por veinte legisladoras provinciales, la Mesa de Ni Una Menos de la ciudad de Santa Fe, la Asociación Civil Palabras y la Multisectorial de Mujeres de la capital provincial.

La denuncia se originó porque el magistrado decidió la libertad de un acusado de violación apelando a que había usado un preservativo.

El caso, por lo insólito, ocupó portadas de diarios nacionales e internacionales. De todo modos, la situación de Mingarini no es única: tiene como antecedente la destitución del juez penal de Vera Nicolás Muse Chemes, en 2019.

Las por entonces diputadas Alicia Gutiérrez, Inés Bertero y Silvia Augsburger lo acusaron de haber faltado al deber de proteger a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de abuso sexual, a quienes no consideró testimonios, minimizó pruebas y evidencias, responsabilizándolas contra todo lo prescripto en leyes nacionales y convenciones internacionales.

"No se puede corromper lo corrompido”, había dicho en referencia a una adolescente de 13 años, víctima de violencia.

Las relaciones de Mingarini

“No puedo relacionar y entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima”, había dicho el juez sosteniendo un planteo que ni la defensa del agresor se había animado a hacer.

El caso en cuestión es el de una mujer del norte de la ciudad de Santa Fe quien denunció a un albañil que trabaja frente a su casa, ingresó a su domicilio y la abusó sexualmente. Ante la policía, la víctima había dicho “Me violaron”.

Luego, de acuerdo a la presentación que hizo la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Celeste Minitti, se desprendió del informe psicológico que le realizó una profesional de la salud mental a la denunciante que “la víctima se encuentra orientada en tiempo y espacio, sin alteraciones en la memoria, ni alteraciones sensoperceptivas y que además a lo largo de su relato se pueden registrar varios momentos de angustia en relación a que iba contando lo sucedido”. Así lo dejó en claro en junio pasado el diario web santafesino "Periódicas".

Cabe destacar que en el Código Penal (artículo 119) ni en ninguna ley en general, se exige que las víctimas de violencia sexual demuestren algún grado de resistencia o comportamiento particular ante un ataque. Sí está penado, y hay antecedentes, sobre transgredir el consentimiento de las personas.

Pero Mingarini en su argumentación técnico legal prácticamente creó una ley universal, al decir que alguien que se está colocando un profiláctico no puede estar sometiendo a una víctima: no existiría violencia o se estaría dando consentimiento a los ojos del juez. Casi como decir que una mujer casada, en su lecho matrimonial, no puede ser abusada por su esposo.

"Hay muchísimos modos de colocarse un preservativo y violar. Por ejemplo, desde una amenaza hasta la intimidación física, tal como podría ser sujetarla, tirarla al piso y luego impedir que se incorpore (con parte de su cuerpo o con alguno de sus miembros inferiores): para un perpetrador, apenas toma segundos colocarse –en una situación de extremo terror para la víctima– un preservativo”, señaló Barraguirre.

Ese fallo fue revocado por la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe, a través de Fernando Gentile Bersano, por lo que el acusado fue encarcelado ahora aguarda el juicio oral en cuyo marco la Fiscalía pedirá 12 años de prisión.

La variable de la higiene

Mingarini “no captó, en absoluto, el nuevo paradigma de la violación, el que desde tratados internacionales de derechos humanos deja de ser un fenómeno del deseo desviado de un individuo y pasa a ser considerado como un abuso de poder", dijo Barraguirre en su dictamen.

Y no todo terminó allí, en otras causas el juez también desestimó la materialidad de los testimonios orales o dibujos de las pequeñas víctimas. En el caso de un niño con trastorno autista, abusado por un varón adulto, que presentaba diversas escoriaciones y expresó a través de sus dibujos lo que le había pasado dijo que las lesiones podían deberse a las malas condiciones higiénicas del pañal por no contener esfínteres el niño o a los parásitos.

Variable, la higiene, que volvió a poner sobre la mesa ante un caso de abuso de una nena socialmente vulnerable. El magistrado leyó la fisura anal de la nena nuevamente como falta de agua y jabón. Y eso que el acusado de la violación era la pareja de la abuela y la mamá de la nena había referido que también fue violada, cuando era chica, por la misma persona.