Cuando mencionamos el concepto jurídico, sanitario, sociológico y ambiental de bienes comunes públicos, nos estamos refiriendo a un espacio también de conflictos. A una tensión que supera la propiedad individual y la propiedad estatal. Nos referimos a un espacio distinto y superador, pero conflictivo. Hablar de conflictos, es hablar de la humanidad. En la Biblia, vemos cómo Caín mata a Abel. El primer homicidio en la Tierra. Luego, Abraham con la tentativa de homicidio sobre su hijo Isaac. Vemos también en el relato bíblico a Esaú engañado dos veces por Jacob. Y en la cultura griega, Prometeo castigado por Zeus por robar el fuego para dárselo a la humanidad. El conflicto es inherente a las personas humanas, pero no necesariamente tiene que devenir en violencia. Son dos conceptos distintos que muchas veces fuertemente asociamos.

Disminuir los conflictos y erradicar la violencia requiere de la desprivatización de los bienes comunes públicos con un criterio de justicia social y ambiental.

Tanto en la historia antigua europea como en la de los pueblos originarios de América y África, existían espacios que eran bienes comunes de toda la comunidad. Con el advenimiento de la modernidad se produjo una fuerte expansión de conquista y privatización de los bienes comunes públicos de parte del dominante para su enriquecimiento.

Planteando otras definiciones distintas a las económicas, podemos conceptualizar como bien común público (no estatal), aquellos bienes necesarios e imprescindibles para todos los habitantes de la Tierra, que no pueden estar sometidos a las leyes del mercado, ni a la propiedad privada ni a la del Estado. Cuya función esencial y totalizante es la de responder satisfactoriamente a la vida de todos los seres del mundo. La pertenencia de los bienes comunes públicos, son de cada uno y de todos a la vez de los que habitan el planeta de la Vida. Estos bienes tienen las características de ser transversales a culturas, economías, clases sociales, ideologías, religiones y geografías. El aire, el agua, la salud, el alimento, el suelo, el tiempo y el conocimiento sin patentes son bienes comunes. Son vitales para la existencia. Los bienes comunes públicos son los derechos humanos nuevos de la Tierra.

Cuando se contamina el aire por incendios provocados por las personas, al aire se lo está privatizando a favor de unos pocos que buscan el enriquecimiento sin límites. En los últimos 300 años han desaparecido en el mundo más del 85% de los humedales y el 40% de la biodiversidad. Los humedales son pulmones que purifican el aire y el agua. La Argentina estuvo sometida en los últimos tiempos, con distintas intensidades, a focos ígneos en 8 provincias. Esta privatización del bien común aire, salud, suelo y vida, es producto del corrimiento de la frontera agroganadera, y de la la sojización en particular. También por los emprendimientos inmobiliarios. En la zona del delta del río Paraná desde Diamante a Buenos Aires los incendios afectaron 330 mil hectáreas presentando seis mil focos ígneos.

La depredación neoliberal es tan atroz, que hace mucho que dejó de ser solo conflicto, para pasar a ser pura violencia devastadora. En el 2016 se produjeron 70 mil focos de incendios en el Amazonas impactando de distintas maneras a 34 millones de habitantes y a 300 comunidades originarias. El aire contaminado es aire privatizado. La contaminación del biomercantilismo es la privatización de los bienes comunes. Privar es despojar a alguien de lo vital para vivir. Los bienes comunes son de todos y cada uno de los vivientes de la Tierra. El aire, el agua, la salud, la alimentación, el suelo y el conocimiento despatentizado cuando se los contamina, en sentido amplio, se los está privatizando a favor de la riqueza de unos pocos y la pobreza de muchos en el mundo del mercado de la OMC.

Actualmente por el Covid-19 hay en nuestro planeta 40 millones de personas contagiadas y 1,1 millón de fallecidas. La salud es un bien común público que hoy está gravemente afectado. Por dos cuestiones, por un lado por la pandemia en sí y por el otro, por la privatización y mercantilización de la salud por los grandes laboratorios. En el último documento de Riccardo Petrella del Agora de los Habitantes de la Tierra, que nosotros coordinamos en Argentina, nos señala que las grandes corporaciones de los laboratorios farmacéuticos impusieron su criterio en la OMC el 16 de octubre de 2020. Se rechazó el planteo de India y Sudáfrica apoyados por la OMS para que suspendieran los derechos económicos de patentes y procedimientos para favorecer la investigación de la vacuna de la Covid 19, para lograr un gran avance de una vacunación pública y gratuita. Australia, EEUU, Canadá, Gran Bretaña, Japón, Suiza y la Unión Europea rechazaron el planteo de la OMS. Así, la Organización Mundial del Comercio (OMC) logró imponerse a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un escándalo. Los países ricos privatizan el bien común público salud, al no permitir la promoción de una vacuna pública y gratuita de la Covid 19. Es un derecho humano esencial la vacuna de la Covid 19 pública y gratuita para todos, tal como lo plantea el Ágora de los Habitantes de la Tierra. EEUU como la Unión Europea han contratado y comprado a los grandes laboratorios el 60% de las dosis para su 15% de la población mundial, dejando el 40% de dosis para el 85% restantes del mundo.

Es de lesa ambientalidad que vulneren los bienes comunes públicos, son graves delitos, pero más lo es el no respetar la salud de la Tierra.