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Unos 200 contratados de la EPE no pasan a planta y hay bronca gremial

La ley que regulariza la situación de 3.700 agentes públicos dejó afuera a los lucifuercistas. El lunes se reúne la comisión del gremio, pero ya se habla de medidas de fuerza.

Sábado 11 de Junio de 2011

La aprobación de la ley que establece el pase a planta permanente de 3.700 empleados públicos de la provincia trajo satisfacción en algunos gremios pero un profundo descontento en otros. Los empleados de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Rosario y su zona de influencia se declararon en estado de alerta y movilización y el próximo lunes podrían no abrirse las oficinas comerciales como protesta porque 200 contratados de esta empresa quedaron afuera de la ley de regularización.

La indignación del personal y del Sindicato de Luz y Fuerza se disparó al saberse que los senadores santafesinos convirtieron anteayer en ley (ya había sido aprobada por Diputados) el ingreso a la planta permanente de más de 3.700 empleados públicos contratados, sin incluir a algo más de 200 trabajadores que cumplen servicios en esta condición para la EPE.

Ayer había enojo en el gremio. Fuentes sindicales apuntaron los cañones hacia los diputados y senadores: “Hemos estado siempre dispuestos al diálogo, hemos sido pacientes y tolerantes, hemos puesto lo mejor de nosotros y los trabajadores han estado dispuestos al esfuerzo para mitigar los problemas en el servicio. Y estos son los resultados —dijo un dirigente—. Los responsables son los legisladores santafesinos que dilatan, inexplicablemente, la aprobación de estos empleos”.

Consultado por La Capital, el secretario general de Luz y Fuerza, Alfredo Romero, fue más cauto y aclaró que recién el lunes se reunirá la comisión directiva y de ahí saldrá una voz oficial. Sin embargo, un paneo más en off por los pasillos de la EPE y del mismo gremio habla de un claro descontento. “Está visto que el diálogo y el respeto no sirven, parece que hay que ir al conflicto para que te den lo que corresponde”, bramó otra fuente sindical.

Por otra parte, se indicó que 200 nuevos puestos no solucionan el problema estructural, que es la falta de gente para atender las necesidades de los usuarios. En ese sentido, se indicó que sólo para Rosario y la zona se necesitarían no menos de 600 nuevos empleos, más si se tiene en cuenta que el incremento en la construcción de nuevos edificios implica una mayor demanda de energía. “Se han ido reemplazando las vacantes —dijo otra fuente gremial— pero no se ha reestructurado como corresponde la planta de personal”.

La modalidad de tercerizar mano de obra en EPE fue aplicada por la gestión de Antonio Caro (en el gobierno de Carlos Reutemann). Esta tercerización, la precarización de los contratados más la negativa de los legisladores de tratar este tema despertó el enojo de los trabajadores del sector quienes, a partir del lunes, podrían comenzar con medidas de fuerza.

Piquetes en una química

San Lorenzo.- Desde el miércoles a la tarde está bloqueado el acceso y paralizada la actividad de la planta química IDM de esta ciudad, medida que adoptó el Sindicato Químico en demanda de un dinero adeudado por la empresa desde el año pasado y que los empresarios desconocen.

La medida es por tiempo indeterminado y tiene el apoyo de la CGT San Lorenzo.

Una vez instalado el piquete en los portones de la empresa ubicada sobre la ruta provincial Nº 10, solamente ingresaron los empleados fuera de convenio y la planta de tratamientos de residuos peligrosos se paralizó.

La diferencia entre gremio y empresa tiene que ver con la interpretación de un artículo del convenio colectivo que los químicos tienen con la patronal sobre porcentajes mínimos de remuneraciones.

Según explicaron los sindicalistas, en el artículo 20, inciso B del convenio se establecieron porcentajes mínimos de remuneraciones a percibir por los trabajadores relacionados con la producción de cada uno de los sectores que componen la planta.

Por otra parte, según Julio Barroso, secretario de Organización del Sindicato Químico, “en ese mismo artículo quedó establecido que en caso de no alcanzarse los mínimos de producción y de que tal situación se deba a decisiones de la empresa, no se afectará la remuneración de los trabajadores”.

Esto generó una diferencia de interpretación entre las partes que data del año 2009 pero que se agudizó en diciembre del 2010. La situación se tensó y estalló en esta medida de fuerza que podría prolongarse en el tiempo.

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