Una red de funcionarias judiciales del país piden lugar en la Corte de Suprema de la Nación

La presidenta de la entidad, María Eugenia Chapero, sostiene que las mujeres son discriminadas y existe un "techo de cristal" para ellas en las distintas magistraturas.

Viernes 19 de Abril de 2024

Distintas funcionarias judiciales; se nuclearon hace unos años en la Red de Mujeres para la Justicia. La preside María Eugenia Chapero; santefesina y Jueza de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Reconquista y que suma a se desempeño distintas magistraturas en el campo judiciales la Universidad Austral; la Universidad Católica Argentina y ser directora del Ateneo de Reconquista de Estudios de Derecho Procesal y directora del Instituto de Género del Colegio de Magistrados de Santa Fe. Ante la próxima elección de dos candidatos para ocupar sendos cargos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la publicación en el Boletín Oficial de los nombres de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla desde la Red de Mujeres rechazaron las candidaturas y argumentan que dejaría sin siquiera una mujer como integrante del máximo tribunal nacional. Entienden que, por paridad de género e igualdad de derechos, deberían proponer a dos mujeres para la Corte.

Chapero ejerce su trabajo con la misma pasión con la que defiende los lugares institucionales de la mujeres en la Justicia. “El Podre Ejecutivo formalizó los nombres de los candidatos ero todavía resta que los nombres vayan al Senado de la Nación. La Red tiene presencia en varias provincias y nuclea magistradas y funcionarias, tanto del orden federal como provincial. Desde la organización, además, lideran una serie de acciones en rechazo al caso de la integración de la Corte con todos varones.

“En Santa Fe la jueza María Angélica Gastaldi es la única mujer por ejemplo y nosotros pedimos no sólo paridad de género sino también la especialidad del elegido, es más_ señaló la jueza_ en Santa Fe hay cinco jurisdicciones en la provincia: Rosario; Santa Fe; Reconquista; Rafaela y Venado tuerto y sin embargo en la Corte provincial no están representadas”, expresó.

“La presencia de mujeres en la Corte tiene que ver con los tratados internacionales que Argentina ha suscripto y que tiene rango superior, constitucional. Una de las obligaciones de Argentina es tomar todas las medias necesarias para garantizar a la mujer iguales condiciones que los hombres para ejercer cargos públicos en todas las esferas gubernamentales. Entendemos que la no presencia de mujer es un incumplimiento del Estado a esta garantía" y abundó en que “es una pirámide en la cual los espacios decrecen a medida que sube, en la instancia de Juez de Primera Instancia si bien no hay paridad los cargos, son un 57% de los magistrados, y están más repartidos, en las Cámaras ya merman y en las Cortes de distintas provincia hay pocas mujeres y en la Nacional el único lugar lo ocupaba Elena Inés Highton de Nolasco, quien se jubiló en 2021”, cebe mencionar que ese lugar tampoco sería inicialmente para una mujer.

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La jueza en su argumento menciona el concepto de “techo de cristal”. “El techo de cristal parece invisible y en realidad no hay ningún impedimento formal para que lleguen las mujeres, pero es algo invisible que impide que las mujeres lo hagan. Todas las mujeres que se forman en las carreras de Derecho podemos legítimamente aspirar a esos lugares sin que haya ningún techo que nos lo impida. Por otro lado, también es el derecho de la ciudadanía a que esté representada la mitad del país. Sin embargo, las más de 23 millones mujeres en Argentina no estamos representadas en ese cuerpo superior del Poder Judicial Nacional”, aseguró.

“El Presidente está a tiempo de enmendar el grave error que está cometiendo, porque en términos de democracia, de calidad institucional, de calidad de la Justicia, la no presencia de las mujeres en los órganos de decisión denota un déficit en la calidad institucional”, sostuvo.

En lo que hace a las acciones que llevan a cabo para difundir su planteo Chapero indicó que “le hicimos llegar nuestra propuesta a cada Senador. Nuestra postura es que no exista una regresión histórica y se nos asegure el derecho de ejercer cualquier cargo público“.