Victoria.— Tres funcionarios municipales del área de Obras Públicas están imputados por la Justicia local bajo el cargo de daño agravado, por extraer tierra de la parte trasera de una de las colinas ubicadas frente a la costanera, la cual está destinada por ley a convertirse en un parque público.
  Luis Osvaldo Ríos, Darío Garcilazo y Raúl Collard, secretario, director y encargado de Obras Públicas respectivamente —el primero es el cuñado del intendente César Garcilazo y el segundo es sobrino de éste—, están bajo la lupa del Juzgado de Instrucción a cargo de Alejandro Calleja, por la devastación que a fines del año pasado y principio del corriente se realizó sobre la colina, específicamente sobre el bulevar Rivadavia, entre la calle Arenales y el bulevar Sarmiento.

Denuncia en enero. La investigación se inició a partir de una denuncia radicada contra el Ejecutivo en enero último por el abogado y presidente del Foro Social y Cultural Victoria, Raúl Miguel Ghione, por daño ambiental, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
  El letrado, en calidad de ciudadano y de víctima, se dirigió al Juzgado para que investigue por la gran cantidad de tierra y broza extraída del tramo más alto de la colina, con la intención de bajar la pendiente del lugar, donde se colocó cordón cuneta para continuar el bulevar Rivadavia hasta su intersección con el bulevar Sarmiento.
  De acuerdo a lo que argumentaron las autoridades municipales, el material extraído se utilizó para reparar calles de tierra socavadas por las grandes lluvias de verano, pero hay rumores que gran parte del mismo fue a parar a un terreno particular de un funcionario.
  Al poco tiempo de radicada la denuncia, las máquinas comunales repusieron el suelo vegetal del área devastada.

Intocable. El punto más fuerte de la denuncia de Ghione se basa en que la colina afectada integra buena parte de un predio de unas 30 hectáreas que por ley provincial 4.754 del 3 de diciembre de 1968 fue sujeta a expropiación para destino exclusivo de un parque municipal. Se promovieron los juicios pertinentes y en 1991 el terreno se inscribió a nombre de la Municipalidad de Victoria en el Registro General. Mediante ordenanza 1.230 de 1994, se incluyó a esa área en el inventario de preservación del patrimonio paisajístico y se prohibió toda actividad que provoque deterioro en la topografía natural, incluso la apertura de calles o senderos.

Profundizar la investigación. El juez, accediendo a lo solicitado por la Fiscalía, ha dispuesto realizar instrucción formal, es decir profundizar la investigación realizada por considerarse que prima facie se ha cometido el delito de daño agravado por recaer en bienes públicos.
  Asimismo, se dispuso citar a los imputados a prestar declaración indagatoria y a otros empleados municipales a prestar declaración testimonial”, comunicó Ghione, quien se postuló como querellante en la causa aunque sin eco, ya que para el magistrado de Instrucción no reúne los requisitos de legitimación que establece el Código Procesal Penal que textualmente requiere “persona particularmente ofendida”. De todas maneras, el abogado adelantó que ya apeló este rechazo.
  Por último, el denunciante advirtió que en el marco de la investigación no se descarta que las imputaciones se amplíen a otros funcionarios municipales. l