Es una tentación enorme ver en la tragedia del Hospital Provincial, el crimen del policía Leoncio Bermúdez, una falla garrafal de seguridad preventiva o de respuesta operativa. Pero no la hubo. Hay una falla cuando está previsto que algo pase, se diseñan tácticas para impedirlo y aún así la falla ocurre. Esto no es lo que pasó. Nadie sabía que iban a entrar a intentar rescatar a Gabriel Lencina. Ni que iban a hacerlo a sangre y fuego.

La incapacidad de anticipar eso no es una falla. Lo que falla es una cuestión estructural. La falla es la carencia en Santa Fe de una política de inteligencia criminal que siga los movimientos de actores del delito de alto perfil para, sobre la base de datos fiables, neutralizarlos. Aún si existiera esa política tampoco sería infalible.

En todas partes del mundo frenar a quien se proponga matar para concretar sus metas es casi imposible. Eso hay que saberlo. No se pueden reforzar custodias caprichosamente ante el traslado médico de un preso cuando no hay una advertencia concreta, emanada de información de inteligencia, para hacerlo. Habría que hacerlo todos los días, en decenas de lugares críticos al mismo tiempo, por si acaso pasara algo, con recursos limitados. No hay racionalidad para hacerlo. Porque estas cosas no pasan todos los días. Hasta que un día pasan.

Lo que si existe es la necesidad razonable de que determinados sujetos probados en su violencia, por ejemplo un doble homicida condenado como Lencina y sus entornos, sean monitoreados. Esto es lo que no pasa en la provincia. Se podrían haber captado las comunicaciones de estas personas, supervisar sus contactos, analizar los elementos secuestrados en el pabellón donde está recluido. Esas acciones generan información de calidad que permiten anticipar y desactivar –hay que remarcarlo: a veces-- un nuevo hecho de violencia. Si hay buenos controles de comunicaciones de criminales, si tenemos escáneres en las prisiones, si logramos que funcionen allí inhibidores de señales, si se evita que ingresen celulares, si se hacen investigaciones de los grupos críticos es posible que, con todo eso junto, se encienda una alarma de lo que puede pasar. Si no se sabe y no se actúa no hay falla. Hay falta de dominio del fenómeno criminal de alta lesividad.

En coyunturas de violencia mucho menos lesiva estos hechos pasaron también. En 1993 coparon el mismo hospital para robar los sueldos lo que ocasionó un tiroteo con un ladrón muerto y un médico malherido. Hace 22 años mataron a un policía en el Hospital Carrasco en el intento de rescate de un preso.

La política se planifica sobre estadística. Todos los días hay presos trasladados al Provincial y no ocurre nada dramático. Hasta que pasa. Lo que pasó también es el estallido de una nueva criminalidad cuya temeridad no hace falta probarla. Esta ciudad casi triplicó en una década sus delitos de sangre, formó cuerpos juveniles de sicarios, produjo atentados inimaginables a autoridades máximas y exacerbó su violencia desde las cárceles. El sistema de prevención está en bancarrota porque hay actores que demuestran que es imprescindible seguirlos sin pausa muy de cerca. Una política estructurada de inteligencia y análisis criminal, fuertes consensos institucionales en los tres niveles y movilización a tiempo de recursos del Estado es lo que no hay.