Seguridad: planes para romper el presente perpetuo
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Seguridad: planes para romper el presente perpetuo

La cita del gobernador a la oposición para un diálogo sobre seguridad apunta a quebrar dos años sin resultados de una política sin chances y planteada desde una debilidad apabullante. Qué se espera del nuevo gabinete en el área
11 de diciembre 2021 · 23:45hs

La historia se contó alguna vez pero tiene sentido reiterarla. El seguimiento a David Delfín Zacarías como fabricante de cocaína se inició en 2012 con el registro de las actividades de un búnker controlado por Olga "la Tata" Medina en el barrio El Churrasco de la zona norte. En 2018 Zacarías fue condenado a 16 años de prisión por abastecer de drogas a ese local, entre otros. El mismo día del veredicto una ráfaga de balazos mató a Maite Ponce, de 5 años, que dormía sobre un sillón de la calle Avalos. La casa donde mataron a la nena por una disputa por drogas está a 150 metros del búnker que llevó a la detención de Zacarías. A las 6 de la mañana los médicos del Vilela informaban de la muerte de Maite. A las 12 del mediodia, en Oroño al 900 se leía la alta condena a Zacarías como fabricante y comercializador de drogas que 6 años antes se destinaban a esa zona.

En aquel momento la pregunta que se imponía sola era qué había cambiado entre la detención de Zacarías y el crimen de la nena. No había cambiado nada. La acción estatal de separar a un traficante, juzgarlo y condenarlo no había mitigado un pelo de la violencia en el barrio donde, además, la droga se seguía despachando como pan caliente, con los tiros sonando como música de fondo. El proveedor caído había sido reemplazado en una dinámica que perdura. El jueves pasado a una chica de 25 años llamada Estefanía R. le golpearon la puerta y cuando abrió le pegaron un tiro. Fue en La Florida. Voceros oficiales señalaron que estaba relacionada con el entorno de la Tata Medina. Sí, la dueña del búnker por el cual hace nueve años comenzó la investigación a Zacarías.

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En lo que tiene que ver con la violencia, Rosario parece encerrada en un presente perpetuo, o en esas dinámicas de algunos cuentos de Bioy Casares donde se rompe la noción de tiempo sucesivo y todo lo que ocurre es circular y simultáneo. Las cosas se repiten porque para la política que tiene la responsabilidad de gobernar los acontecimientos de la seguridad pública hay una incapacidad de pensar los eventos críticos, formular estrategias para intervenir frente a ellos racionalmente y a largo plazo. Siempre estamos empezando de nuevo.

Ayer se cumplieron dos años de la asunción de Omar Perotti. Lo más recordado de su discurso inaugural fue decirle en la cara a la administración saliente que existía un pacto entre Estado y delito que él venía a desmantelar. Lo dijo sin agregar más detalles y no proporcionó evidencia que pudiera avanzar en un trámite penal. Su designado ministro de Seguridad Marcelo Sain profundizó ese planteo durante mucho tiempo. Fue desde una debilidad apabullante. Perotti contaba con seis diputados sobre 50, de los cuales ninguno es de su propio riñón. Y un Senado donde solamente cuatro de 19 tuvieron con él posiciones de respaldo más permanente.

No es que el delito en las instituciones no exista. Hay decenas de oficiales jerárquicos de la Policía provincial con sentencias judiciales y otros que no las tienen por demoras incomprensibles de la Justicia provincial en causas que se remontan a más de 15 años. Hay un fiscal regional de Rosario detenido por cobrar sobornos y con destino de condena. Hay un senador al que se quiere imputar por esto mismo, aunque el Senado no lo permite. Y existen omisiones salvadoras. Pero para arrancar con semejante afirmación, el gobernador se quedó corto de papeles. Y se encerró en una estrategia que dejó las principales iniciativas de seguridad como agua estancada. Es difícil alcanzar el éxito político en minoría e instalando la sospecha sobre la mayoría.

La semana pasada el gobernador dio un volantazo al convocar a la oposición a dialogar sobre la problemática de seguridad y formular ideas al respecto. Fue una forma de admitir que no tenía más resto. Pero una buena forma. Los indicadores de violencia de alta lesividad en Rosario son los más altos desde 2014. Una semana antes de la reunión habían baleado un restaurante colmado en el centro de Rosario. Y el pedido de una fiscal sobre el movimiento de patrullas en ese momento transparentó la falta de control político de la prevención. Si había menos de 50 patrulleros circulando cuando llegó a haber 170 el problema no es exclusivamente policial.

El episodio de espionaje político presunto atribuido a Marcelo Sain, del que esta semana habrá novedades, había forzado la renuncia de 11 funcionarios del elenco principal del Ministerio de Seguridad. Durante 13 días, lugares estratégicos de esa cartera quedaron vacantes. Pero no fueron 13 días sino los cinco meses previos el problema. Donde según fuentes internas de Seguridad hubo un boicot a la actividad propia de esa gran parte del gabinete que había llegado con Sain, consistente en hacer la plancha para limar a Jorge Lagna como ministro. Todo mientras en Rosario se multiplicaban las balaceras contra comercios, las extorsiones mafiosas y los hechos de sangre.

Perotti dilapidó sus dos primeros años de gestión en Seguridad. Los guarismos estadísticos son malos, pero además hubo un retroceso en el control de las fuerzas de seguridad y de los recursos técnicos. Se subejecutaron incomprensiblemente partidas presupuestarias disponibles que en un marco de carencia quedaron sin invertir. Se abandonaron desde el principio los programas multidisciplinarios en barrios conflictivos de Rosario. Hay problemas de disciplina en las cadenas de mando policial. Los oficiales más altos cuentan que eso es producto de haber designado al inicio jefes muy jóvenes en los cargos máximos, lo que desplazó a los de mayor escalafón. Se generó la situación de que los jefes más viejos debían acatar órdenes de mandos seis o siete años más jóvenes. El principio de autoridad responde a la confianza y al reconocimiento de la legitimidad del lugar superior. Es esa la fuente que produce obediencia en una estructura vertical. Eso está resquebrajado.

El gobernador trató de recuperar centralidad con esa reunión en la que, coinciden los invitados, se mostró receptivo y proclive a atender diversas miradas sobre la seguridad. La segunda acción dejó al desnudo que formar un gabinete de seguridad no es nada fácil, porque no abundan referencias que puedan mostrar trayectoria y prestigio. Sin embargo, al completar su elenco Lagna pudo encontrar aprobación en los niveles políticos con representación. Una de las designaciones que cayó bien allí es la de Claudio Brilloni, un ex comandante de Gendarmería Nacional que trabajó en Rosario durante la gestión nacional de Patricia Bullrich y quedó a cargo de la Secretaría de Prevención y Control donde estaba Alberto Mongia. Lo describen como un oficial experimentado en inteligencia, con fuerte capacidad de mando y visión estratégica para el comando de acciones. Fue elogiado abiertamente por alguien muy crítico con la gestión actual como el exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Y antes de asumir sonó fuerte en el entorno de Pablo Javkin para tener una misión relacionada a la seguridad territorial en la Intendencia.

Otro funcionario que tiene ponderación es el nombrado subsecretario de Seguridad Preventiva, Gustavo Puchetta. Algunos creen ver en su designación el acercamiento del primer jefe policial de Perotti, Víctor Sarnaglia, ya que Puchetta fue uno de los oficiales que estuvieron en contacto con él en el proceso de creación de la Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires en 2009. Los interrogantes son más expresivos con el nombrado secretario de Seguridad que es Jorge Bortolozzi, un hombre experimientado y el más veterano del elenco, que actuó como interventor del Servicio Penitenciario en 2005 tras la masacre con 13 muertos en la cárcel de Coronda, y que fue hasta hace cinco días Secretario de Asuntos Penitenciarios. Su cargo es el que ejerce de hecho la conducción de la policía y eso requiere tener el teléfono abierto 18 horas al día, lo que implica capacidad física para tomar decisiones. ¿Es esto descalificarlo o tratarlo de viejo? De ningún modo. Solo se remarca que la operatividad policial impone una exigencia que muchos treintañeros no soportarían. En el terreno de la política que mira a esta área el comentario se reitera.

Esa reunión de Perotti con los jefes de bloque legislativos sirvió para poner una crisis gravísima en una plataforma distinta para marchar hacia un objetivo distinto, en el que toda la política asuma que va a la quiebra sin algunos umbrales elementales a controlar. Ninguna gestión funciona con la destrucción o la inactividad de los sistemas de prevención. Tampoco si no se planta racionalmente a la policía en la calle y se diseñan recorridos ajustados a un plan operacional lógico, procedente del análisis criminal en la calle que dan los mapas del delito. Menos si no se define un esquema de presión sobre las cárceles cuando es obvio que la violencia urbana tiene allí su usina de ideas.

Se tocó fondo y admitir eso no es una debilidad. El desafío de la política es construir una burocracia estable para que las políticas elementales de seguridad tengan la misma continuidad que tiene la organización de los programas de atención primaria en los barrios del Ministerio de Salud. Algo que no se corte de gestión en gestión y que arranque siempre de cero. Los mismos que no vacilan en que Perotti actúa hoy desde la máxima fragilidad también reconocen generosidad y madurez en la decisión de buscar un entendimiento en un campo que deslegitima a la política, además de convertir a ciudades como Rosario en un terreno no solo de violencia. La idea de que no hay nada que hacer contra lo injusto produce abatimiento moral. Y descreimiento hacia todo.

Esa constante, arrancar siempre de cero, se vuelve a ver en los informes oficiales, con cifras de homicidios que en Rosario ya rozan los de 2014, el segundo registro más alto de la historia. O con precario trabajo multidisciplinario y de inteligencia en los barrios más castigados donde campean las bandas. Al mismo tiempo algunos cambios en la política de persecución se van imponiendo con una lógica impecable. Es necesario perseguir el dinero de la violencia para castigar a todos sus eslabones. El viernes se conoció la condena a un socio de una financiera que en pleno centro de Rosario le vendió 17.600 dólares a un actor del narcotráfico nueve horas antes de que lo asesinaran. El financista Alejo Vercesi recibió tres años de pena en suspenso y una multa de 53.552 dólares por recibir dinero de Marcelo "Coto" Medrano, asesinado el 10 de septiembre de 2020 a balazos en una estación de servicio de Granadero Baigorria. Fue el primer caso de condena al dueño de una casa de cambios por una acción así en Rosario.

El sentido es bloquearle a la violencia su propósito económico. Se va volviendo evidente que el que hace negocios con el narco que abre fuego para prosperar no está desconectado de sus víctimas. Sobre todo en una ciudad donde, según el informe del Observatorio de Seguridad de noviembre conocido esta semana, casi el 60 por ciento de los homicidios tiene que ver con bandas delictivas o economías ilegales, con preponderancia el comercio de drogas. Y el compromiso de la sociedad para mitigar esta desazón es transversal. Hace solamente un mes detuvieron por algo parecido al ex director de Terminal Puerto Rosario. La forma fue sencilla. Siguieron a un hombre que sacaba dos bolsos de dinero de un búnker de Valparaíso al 4000 y los llevaba a una financiera de España y Rioja.

Las posiciones de poder institucional pueden usarse fecundamente para meditar desde allí lo que no hay que repetir. Por ejemplo, la historia circular de barrio el Churrasco que está al inicio de este texto. Perotti malgastó dos años en el terreno en el que fundamentó el lema de su proyecto electoral. Difícilmente habrá paz y orden exclusivamente con políticas de seguridad en una sociedad que según el informe de la UCA tiene al 64,9 por ciento de sus niños y adolescentes en la pobreza y en la que se espera para 2022 un nuevo ajuste. Pero es posible recuperar racionalidad en el control del territorio urbano con diseños estratégicos duraderos y aplicación criteriosa de las herramientas de la seguridad democrática. El gobernador tiene la oportunidad con su convocatoria de sentar una política pública de base para no quedar siempre empezando de nuevo.

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