Sain, breve ensayo sobre lo insoportable

Tras casi dos años de disputa política la Legislatura encontró en siete tuits el motivo para echar al director del Organismo de Investigaciones. El exministro construyó con actos propios su inviabilidad política, pero la vara que usaron para destituirlo se aplicó solo con él
5 de noviembre 2021 · 23:50hs

En Contra el periodismo , el sociólogo francés Pierre Bourdieu, que con el lado oscuro de este oficio no tenía excesivas contemplaciones, se pregunta: "¿Cómo es que lo conocido por todos y aceptado sin miramientos durante mucho tiempo en un determinado momento se vuelve insoportable ? ". Esa interesante pregunta se refiere a las situaciones de aceptación de lo arbitrario y es la que precede a los momentos de ruptura. Es muy atractivo además pensar no solo cuando irrumpe ese momento sino con qué cosas. Es la pregunta sobre dónde está el margen de lo que se puede tolerar. O cuáles son las personas a las que se les puede tolerar algunas cosas intolerables. Y a cuáles no .

El jueves el ciclo de Marcelo Sain en la provincia de Santa Fe se cerró formalmente. El ex ministro de Seguridad de Omar Perotti fue echado del Organismo de Investigaciones (OI), el cuerpo judicial especializado que brinda apoyo a fiscales en pesquisas sobre delitos complejos, por una holgada mayoría de legisladores , que coronaron de este modo con una rotunda victoria una disputa política de casi dos años. El argumento para echarlo fue la publicación de varios tuits con el cual Sain, según la acusación del senador radical Lisandro Enrico, transparentaba una acción proselitista en favor de su partido, algo que es incompatible con la actividad de un funcionario del Poder Judicial.

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Está claro que no fue por eso que echaron a Sain. Pero el argumento encontrado fue ese. La condición para examinar todo lo ocurrido es despojarse de emocionalidad. Algo que casi nadie en este tiempo de pasiones estalladas a veces hasta lo absurdo ha logrado.

Marcelo Sain ha sido el principal constructor de su inviabilidad política. No fue por sus modales, ni por sus tuits, ni por sus planteos desafiantes, ni por los carpetazos misteriosos que nadie descubrió jamás. Fue por ejercer todas estas acciones desde la rampante fragilidad política del oficialismo del que formó parte. Sain decidió embestir de frente a una conformación de poder histórico con una estrategia perdedora de antemano. Lo hizo metiendo prácticamente en la misma bolsa una mayoría de representantes políticos entre quienes, con debates lógicos, aliados posibles para sus proyectos razonables de modificar tres grandes estructuras fundidas: el sistema de seguridad pública, el sistema policial y el control de la policía. Habló de pacto entre Estado y delito, algo que no es una invención, pero para lo que se necesitan pruebas concluyentes, porque si no hasta los próximos se vuelven sospechosos.

Y como pegó a mansalva puso a los que razonablemente podría estar con él junto a los que, estos sí, son efectivamente los actores de un mecanismo institucional totalmente viciado. ¿Cómo reaccionaron? Poniéndose todos juntos.

El motivo por el que 50 legisladores contra 13 destituyeron a Sain es haber abandonado los estatutos de objetividad e imparcialidad que deben tener los funcionarios de un organismo judicial. Pero estos mismos legisladores no dicen nada cuando un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia se postula abiertamente como candidato de un partido político, o cuando su hijo es por una alianza política secretario legislativo. O cuando llenan con designaciones de militantes de un partido político, la UCR, el mismo Organismo de Investigaciones del que echan a su director por proselitismo. El que promovió esto fue un diputado del radicalismo en Juntos por el Cambio que ahora mismo votó para expulsar a Sain.

Los legisladores se escandalizan con cierta actividad política pero no con otra. El senador Lisandro Enrico amenazó con juicio político al juez laboral que resolvió un favor de Sain un recurso que presentó en la Justicia señalando que los legisladores no tenían legitimidad para impulsar un proceso en su contra. Es muy impresionante que nadie en el Congreso de la provincia haya reaccionado contra un miembro del cuerpo que amenaza poner un pinza en la garganta a un magistrado, miembro de un poder independiente, que eventualmente no lo conforme con el fallo que él espera. La misma Legislatura que no dice ni pío, salvo tres o cuatro excepciones sobre sus 69 miembros, sobre el pedido de que un senador investigado hace un año como organizador de un delito se presente delante de un juez.

Si lo de Sain es inadmisible, ¿qué sucede con lo demás? Lo que permite que lo demás quede, todavía, dentro de los límites de lo soportable es que a todas las demás actividades las ampara una malla sostenida por los factores de poder. Pero el problema es que la distinción difícil –lo que es soportable de lo que no lo es– no se puede explicar.

Sain no necesita ser contemplativo con aquel que merezca reproche. Pero desde una posición minoritaria no fue capaz de hacer lo que alguien debe hacer para que sus políticas sean posibles. Eso es un problema suyo que una estructura de poder concentrado, que no es una ficción, le sirvió para despedazarlo. Para esa tarea Sain prestó una gran ayuda. Pero el escenario de la destitución expuso la miseria de, como escribió cierto economista alemán del siglo XIX, todo lo estancado y enmohecido de la política. De los que hacen negocios privados con subsidios millonarios, de los que consagran la desigualdad ante la ley de hecho entre los ciudadanos y los legisladores, de los que nombran a los hijos u otros cercanos en cargos con los que la mayoría de la población no puede ni soñar. Lo que sí puede decidir es qué es aceptable y qué no. Lo aceptable es lo que hacen los socios. El problema político de la Legislatura no son los actos de Sain. Es lo sesgado, arbitrario e incongruente de lo que ella elige reprender frente a lo que no. Algo es seguro: a los actos de los que no son aliados esta Legislatura siempre les sacará la roja.

Sain protagonizó arbitrariedades, fue innecesariamente hiriente en ocasiones, se quedó sin resto para sostenerse. El Ministerio de Seguridad que gestionó es blanco de críticas fundadas. Pero esta Legislatura aprobó dos leyes exclusivamente pensando en neutralizarlo. Un par de leyes maquinadas haciendo centro en el destino de una persona. Y finalmente avanzaron hasta encontrar como motivo para echarlo la emisión de siete mensajes en una red social.

Hay un contexto de puja política vigorosa en este proceso donde peronistas, radicales, socialistas e integrantes de Juntos por el Cambio se unieron para echarlo. Y es que Sain avanzó como pocos con un planteo de política criminal que enfatiza en apuntar al sistema económico que medra con los réditos que producen el delito violento. No fue el único ni el primero. Pero fue el que con más elocuencia lo formuló. Y eso se demuestra que puede conducir, por ejemplo, al financiamiento de la política. Quienes lo señalan son dos fiscales de Rosario que ante los jueces de garantías que revisan sus pesquisas de delitos complejos hasta ahora no perdieron un caso.

La sensibilidad en torno a la politización inaceptable de las acciones en el Estado se produce en unos casos, pero en otros no. Sain puede salir del medio pero algo se queda plantado en esta provincia: la sospecha de que hay estructuras de poder que lo que defienden es la vigencia de un orden de cosas que da vida a esas estructuras. La investigación al atentado con un muerto en el casino de Rosario descubrió una banda mafiosa que se dedicaba al negocio de la protección, que pagaba coimas a fiscales destituidos y que tenía la cooperación presunta de actores de la política institucional. Pero sobre esto último, por decisión de la política institucional, no se puede avanzar. Los doce senadores que ahora votan para echar a Sain son los mismos que lo impidieron.

Sain se retira haciéndole un juicio millonario a la provincia porque lo removieron con una ley cuya constitucionalidad está en plena disputa legal. Si en el futuro llega a ganar ese pleito no será inmotivado exigir explicaciones, por dinero que pagaremos todos, a los que para dirimir una disputa echaron mano a una normativa en discusión. Una normativa que nació por unanimidad legislativa para que dos fiscales no persiguieran a cinco senadores por corrupción económica.

El hombre que es expulsado se cavó la fosa y probablemente deba responder en trámites penales en curso. Pero les demostró a las instituciones un espejo que devuelve imágenes reconocibles: las de las transas históricas a precios leoninos para lograr gobernabilidad, las de acuerdos transversales endurecidos en el tiempo donde los suscriptores no se tocan, las de fiscales que trabajan deficientemente y poco, las de una policía con una sociedad estructural con las organizaciones criminales y las que exponen que los poderes estables no ponen en riesgo a los propios. Esto es lo que como pensaba Bourdieu todavía no aparece como insoportable. Pero si la política no trabaja para instituir confianza en los ciudadanos no tardará en surgir. La vara de goma con la que se miden actos que se supone parecidos se ve de lejos.

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