"En la criminalidad de esta zona aparecen sectores muy poderosos de la sociedad". La frase la dijo el ministro de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti en el encuentro que el martes pasado mantuvieron diversos sectores de la investigación penal de la provincia. Fue en una reunión en la que los fiscales de la provincia, fiscales y jueces federales y autoridades con incumbencia en la persecución del delito intentaron habilitar modos de coordinación para trabajar en forma conjunta sobre actores que se tocan en narcotráfico e ilícitos violentos.

Dos puntos a meditar sobre la reunión y sobre la frase. Primero que desde del estallido de la violencia convulsiva que trastorna a Rosario, especialmente desde 2013, esta fue la primera vez en la que todos los funcionarios de cada segmento que investiga el quehacer criminal se miraron a los ojos en un ámbito común. Es cierto que desde hace dos años fiscales federales y provinciales ya trabajan en intercambios con buenos resultados. Muy auspicioso que la reunión ocurrió aunque sea inevitable tomar nota debida de la tardanza. Sobre todo cuando de los 1.930 homicidios ocurridos en la ciudad y su área metropolitana en estos más de ocho años el 60 por ciento, según estimaciones que ya marca el Observatorio de Seguridad Pública de la provincia, implican en su concreción a bandas delictivas o a economías ilícitas.

El segundo punto interesante es que el planteo de Rosatti recoge que en la economía oculta, el espacio social y productivo donde operan los grupos violentos en conexión con los actores formales, no hay solamente individuos marginales. Criminales profesionales invierten sus ganancias criminales en actividades no criminales. O se cruzan para asegurar sus propósitos con figuras del mundo de la legalidad. Esta ambigüedad no es un invento de época pero en Rosario empezó a salir a la luz cada vez más. Lo que dijeron en el encuentro del martes pasado, donde estaba el procurador general de la Corte interino Eduardo Casal, el conductor de todos los fiscales federales, es que en Rosario el nivel de complejidad e interrelación del crimen organizado requiere del trabajo conjunto. Es casi una obviedad que está muy bien manifestar. Lo que no es obvio es preguntarse qué pasa cuando los sectores muy poderosos que mencionaba Rosatti quedan al desnudo. Cuando llegan al mundo de las finanzas, de las empresas o de la política.

Cuando el poder es atacado el poder se defiende. A veces con las herramientas legales que tiene por ser, precisamente, el poder. Hace cinco años la investigación económica a cinco senadores terminó abruptamente. Fue cuando toda la Legislatura de Santa Fe, de forma unánime, decidió que la facultad disciplinaria sobre los fiscales la detentarían exclusivamente los legisladores. Inmediatamente de sancionada la ley la investigación a los senadores se archivó y los dos fiscales que la tenían denunciados. Si este suceso se reitera una y otra vez es porque su vehemente significación no se agota a cinco años de ocurrido. Es muy aleccionador sobre cómo funcionan los sectores con influencia cuando sienten alguna amenaza.

El jueves pasado la Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano que cumple funciones relevantes en la designación, control y remoción de los jueces nacionales y federales. El tribunal supremo del país dictaminó que esa reforma no respetaba el equilibrio de poderes entre la política, los jueces y los abogados que deben integrar al Consejo. Lo que dijo la Corte es que en esa situación la política sola puede llevar adelante, en el instituto que designa a los jueces, acciones hegemónicas para controlarlo sin necesidad de consensos con los otros estamentos. Lo que hizo la reforma fue darle a la política un valor absoluto entre los consejeros. Quebró una regla de no predominio. Para la Corte Nacional eso fue inaceptable.

Cuando en 2016 la Legislatura de Santa Fe se entregó a sí misma la capacidad de investigar y sancionar a los fiscales, justo cuando cinco senadores empezaban a ser investigados por un delito de corrupción presunta, rompió esa regla de no predominio de la que habló la Corte Nacional. Después hubo unas enmiendas que en nada le quitaron a los legisladores las facultades que siguen teniendo. La Corte Suprema de la provincia este año validó, en fallo dividido, que el Congreso de Santa Fe se quedara con el régimen disciplinario de los fiscales sacando del tribunal disciplinario a otros estamentos como un abogado y un fiscal regional de zonas distintas a la del juzgado. Algo que la Justicia Laboral de Rosario advirtió que tenía un claro mensaje disciplinador: iniciar una investigación contra un diputado o un senador puede significar una sanción o una denuncia como mínimo para el que se anime.

Y justamente ese total desbalance del régimen para evaluar conducta de fiscales está presente en Santa Fe: hoy solo la política _los legisladores_ tiene ese resorte en sus manos. Un desequilibrio que para la Corte Suprema provincial no estuvo mal. Pero que para el máximo tribunal de la Nación en el caso del Consejo de la Magistratura sí lo está.

Justo esta semana se produjo un nuevo conflicto con la sanción por 60 días al fiscal Adrián Spelta. Este funcionario avaló una prisión domiciliaria a Ema Pimpi Sandoval, investigado por tentativa triple homicidio y condenado por la balacera a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti, en acuerdo con el defensor. La opacidad de este acto hasta hoy, para este periodista, no ha sido despejada. Pero la herramienta con la que juzgaron la presunta falta grave del fiscal es enteramente arbitraria. Como dijo la Asociación de Fiscales lo sancionan en un procedimento sin garantías para él y sin que los legisladores den un fundamento de su voto. Pero básicamente con un régimen en el cual los miembros del parlamento provincial son los exclusivos juzgadores.

En la reunión que los fiscales de Rosario tuvieron con el procurador Casal la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren comentó que en las investigaciones recientes de criminalidad compleja en Rosario se nota que hay un momento en que se dificulta seguir avanzando. Y es cuando se llega a los sectores del poder. Entonces, dijo Iribarren, hay una reacción muy importante que dificulta continuar.

En estos días la Corte de la provincia tiene otro caso crucial que resolver. Se trata del alcance de la inmunidad de los fueros del senador Armando Traferri (PJ/San Lorenzo) a los que dos fiscales quieren llevar a audiencia imputativa como organizador de juego ilegal, en un trámite donde dos fiscales fueron detenidos, uno de ellos condenado. Un camarista penal sostuvo que pese a que el Senado rechazó el pedido de desafuero puede ser citado frente a un juez porque el artículo 51 de la Carta Magna de la provincia que lo impide es inconstitucional ya que hasta es contradictorio con la Constitución Nacional que permite que a una vicepresidenta en ejercicio, por ejemplo, la citen a indagatoria. La defensa del senador llevó el caso al tribunal máximo provincial señalando que es un disparate que un juez vaya contra lo que dice la Constitución provincial. La Corte se tendría que expedir a fin de mes aunque es probable que el caso pase a después de la feria. Suena que el resultado favorecerá a Traferri por 4 votos a 2, o por 5 votos a 1.

Pero mantener estas inmunidades en términos de legitimidad tiene sus costos. Interesantes en ese sentido las novedades de esta semana en el Senado. La negociación del presupuesto 2022 dejó ver por primera vez una acción coordinada de los 12 senadores santafesinos conducidos por Rubén Pirola. La función de conector de Pirola en favor del presupuesto que quería Perotti desnuda dos cosas: una articulación que enlaza como en pocos momentos a la Casa Gris con el grupo que se denominó peronismo opositor, lo que tal vez tenga que ver en que ya largó la competencia hacia la próxima elección, y la unión hace la fuerza. Y probablemente el robusto indicio de que Traferri, gran difusor durante años del equilibrio institucional con sus consensos o disensos, empiece a ceder ese rol, por la corrosión de sus avatares judiciales y los últimos resultados electorales en su propio departamento.

En 1988 Oscar Landi compiló en un gran libro las transformaciones de la cultura política argentina en el retorno a la democracia. Allí decía que la guerra de Malvinas no habilitó el regreso a las urnas en sí misma, sino que fue el evento con el que terminó de decantar un sentimiento de transgresión por parte del gobierno militar en la sociedad civil, lo que empujó a la revalorización de los procedimientos insittucionales como formas aptas de incluir en las decisiones públicas a una sociedad que se sentía excluida de esas rutinas. Ello empujó a que los que tenían el poder, dice Landi, lo perdieran.

Quizá no de forma directa, sino con esas formas amortiguadas del decir judicial, algo de eso pareció sonar en las palabras de Rosatti del martes ante fiscales y jueces en la Cámara Federal de Rosario. O en el enunciado algo más directo de la fiscal regional Iribarren. "Cuando se llega a algunos sectores del poder hay reacciones que dificultan mucho continuar las investigaciones". En la mesa en forma de U donde estaban la afirmación la oyeron todos. Más allá también resuena.