“Estamos en guerra, y lo está entendiendo todo el mundo”, dicen desde la mesa chica de Maximiliano Pullaro. El gobernador cerró una semana donde consiguió más herramientas y selló nuevas alianzas en la lucha contra el delito. Mientras tanto, se abre un nuevo foco de tensión con la gestión de Javier Milei, que parece atizar una nueva rebelión de los mandatarios provinciales.

La seguidilla de ataques a colectivos que derivó en otra parálisis del transporte público y la amenaza a Ángel Di María quebraron la tensa calma que se había instalado tras el refuerzo de efectivos federales y bonaerenses, y el desembarco de un primer grupo de las Fuerzas Armadas.

En esas primeras horas de zozobra en la Casa Gris no descartaban ninguna hipótesis. Sobre todo, en el caso de las unidades del transporte público. En un contexto de descomposición social e impotencia estatal la violencia privada se convirtió en un recurso para dirimir conflictos interpersonales, comerciales o gremiales. Es tan fácil pedir un tiratiros como un Uber.

En el partido que juega la Casa Gris contra las bandas criminales en el terreno de la opinión pública los disparos contra el country de Funes donde tiene su casa el campeón del mundo en Qatar fueron un gol en contra para el gobierno. “Ahí ganaron, buscaron difusión y la consiguieron”, decían en el gobierno cuando todavía no habían caído los autores e instigadores del hecho, que lleva con una línea de puntos hacia un integrante del clan Cantero.

Es una guerra de nervios en la que los dos bandos buscan presentarse ante la sociedad como el garante de la paz. La visión del gobierno es que se combina una tregua horizontal con una lucha vertical: las bandas hicieron un acuerdo para pelear contra el Estado. Y como no encuentran un canal de negociación recurren al terror. “Buscan que la gente se asocie a ellos por miedo”, sostienen.

La paradoja es que la ciudad se encuentra en un estado de alerta permanente, mientras los datos fríos muestran el mejor trimestre de los últimos 15 años. Para encontrar un número tan bajo de homicidios hay que remontarse a la previa del homicidio del Pájaro Cantero. El crimen de quien señalaban como el integrante más cerebral de Los Monos desató una guerra interminable en un mundo del delito cada vez más balcanizado.

“Igual, son números para consumo interno”, señalan desde Unidos. En el oficialismo santafesino evitan cualquier tipo de exitismo hacia la pública. Tienen fresco lo que sucedió a fines de febrero. Patricia Bullrich encabezó una conferencia de prensa en Buenos Aires donde buscó capitalizar —sola— los éxitos del operativo Bandera. Cuatro días después se desató la saga de crímenes que conmocionó al país: los dos taxistas, el colectivero y el playero de la estación de servicio.

En una señal a varias bandas, el gobierno provincial hizo circular, primero como rumor, y después por el propio Pullaro, que la provincia analiza el indulto o conmutación de penas para policías condenados por abuso de armas mientras realizaban su trabajo.

El caso testigo es el de Luciano Nocelli. En 2019, se tiroteó en 27 de Febrero y Buenos Aires con dos ladrones que habían intentado robarle a una chica. Con los delincuentes heridos y ya desarmados, los mató. Tres años después, la Justicia lo condenó a 25 años de cárcel.

“Forma parte de la retórica de Maxi, en Unidos no se charló”, dice un aliado del gobernador. Además, esa decisión, sumamente delicada en lo político y lo institucional, abriría un complejo debate legal. Y, en principio, cuesta arriba para el gobierno. La Constitución de Santa Fe establece en su artículo 72 que el Ejecutivo “no puede ejercer esta facultad cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones”.

Línea dura y pragmatismo

Más que hacia el pasado, parece un mensaje hacia el presente y el futuro. Por un lado, refuerza el perfil duro ante la opinión pública, que el laboratorio pullarista se dedica a estudiar obsesivamente con encuestas, focus groups y un escaneo permanente de las redes sociales. Por el otro, le hace un guiño a la policía que si intervienen en situaciones similares tendrán respaldo político.

En un combate donde no sobran aliados, ni recursos, Pullaro y Axel Kicillof ratificaron el eje Santa Fe-La Plata. Un acuerdo impensado cuando la grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo definía los bandos. Los tiempos cambiaron. Y las urgencias mandan. A ambos les interesa tomar el control de la ruta 9, señalada como el corredor de las armas que después se usan para cometer delitos.

En ese dúo forjado a base de pragmatismo, Pullaro aparece más movido por la necesidad y Kicillof por la vocación de romper el cerco del kirchnerismo duro, ir más allá de la frontera del Amba e incluso proyectarse como presidenciable.

En estos días el gobernador santafesino sumó otro apoyo de peso, sobre todo en el plano simbólico. El Papa Francisco le contestó una carta a la vicegobernadora Gisela Scaglia en la que apoyó a Santa Fe en la lucha contra el narco. Pocos días antes, Bergoglio envió un video a los rosarinos, en el que advirtió que “sin complicidades del poder político, policial, judicial, económico y financiero no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad”. Las fuerzas del cielo línea fundadora están inquietas.

La espiralización de la violencia aceleró el tratamiento de la reforma del Código Procesal Penal de la provincia. Una iniciativa que generó ruidos tanto en el mundo judicial como en la política, especialmente por el protagonismo que recupera la policía en las investigaciones.

Más allá de las tensiones y votos en contra y abstenciones en Diputados, la norma fue aprobada en general por todo el espectro político. El hambre de resultados en seguridad hace que nadie pueda rechazar el plato, aunque no le agrade a su paladar.

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“En el contexto de Rosario y a cien días de gobierno tomamos la definición de no mostrar fisuras con el Ejecutivo. Bancamos la gestión de Maxi, que tiene que tener el respaldo de la coalición y de todo el arco político. Es un gobierno con enorme legitimidad, que está enfrentando esta nueva fase de la violencia y está pidiendo herramientas. Como pasa con Milei, nadie puede acusar a Milei de no decir lo que iba a hacer”, indican desde la conducción del socialismo.

La policía, en foco

En la Justicia se muestran escépticos. “Es cierto que en el primer mundo los fiscales son abogados que solamente litigan los casos que les llevan las fuerzas de seguridad. El problema es que acá no tenés a la policía de Nueva York o a Scotland Yard. Los fiscales tienen un rol fuerte en la investigación porque no confían en la policía. Plantan pruebas o no saben, los mandás a investigar y tocan el timbre”, dispara un alto funcionario judicial, que considera que el gobierno se compró un problema político. “Ahora que agarraron todo, se les termina el argumento de echarle la culpa a los fiscales”, advierte.

El cambio de reglas en el procedimiento penal se da en medio de una profunda crisis del la regional Rosario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que nunca se recompuso del terremoto de la causa por juego clandestino.

“La situación no daba para más”, señalan en la Legislatura, que empoderó a la fiscal general, María Cecilia Vranicich, para intervenir la regional más pesada del MPA, tanto en cantidad de personal como en el volumen y sensibilidad de los casos que debe procesar.

En la Justicia y en la política ven con buenos ojos al fiscal interventor Matías Merlo, aunque subrayan que deberá tener el acompañamiento permanente de Vranicich para restablecer el orden en un ámbito donde permeó la violencia de la realidad y las pujas de poder entre fiscales sedimentaron una cultura organizacional densa y difícil de disipar.

En el centro de la polémica está el fiscal Matías Edery, que se encamina a ser suspendido por la Legislatura durante cuatro meses. Es una salida intermedia mientras el proceso judicial en su contra está en su etapa inicial y que dejó disconformes tanto a quienes querían levantar el proceso disciplinario contra el suspendido integrante de la Agencia de Criminalidad Organizada como a quienes querían desterrarlo de los tribunales.

Otra vez, en los palacios coinciden: en otro país, la relación entre el funcionario y la informante Mariana Ortigala desataría un escándalo institucional. “Pero esto es Argentina”, dicen como lamento y justificación.

Una nueva pulseada con Milei

El gobierno provincial está a las puertas de un nuevo conflicto con Milei por el DNU que se publicó este jueves. Como un huevo de Pascua, el decreto venía con una sorpresa: dentro de la prórroga del presupuesto 2023 eliminó el Fondo Compensador del Transporte del Interior, los anticipos de la Anses para cubrir el déficit de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación y el Fondo de Incentivo Docente.

Tres medidas que el gobierno de Milei ya venía aplicando desde el comienzo de su gestión. Pero que ahora, al estar estampadas en el papel, abren la puerta al reclamo judicial, si es que la Casa Rosada no regulariza antes el flujo de fondos garantizados por ley.

Por competencia originaria, los conflictos entre las provincias y el Estado nacional deben resolverse en la Corte Suprema. La misma Corte donde Milei toreó a la mayoría que integran Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda , que tiene en sus manos el DNU desregulador y una jurisprudencia contraria a los tarifazos sin anestesia que viene de la era macrista.

Por lo pronto, el oficialismo santafesino alza la voz pero evita el choque frontal con un gobierno más preocupado por abrir conflictos diplomáticos que por construir acuerdos de cara al Pacto de Mayo, que, por ahora, no pasó del índice.

Pese a la profundidad inédita del ajuste, Milei no encuentra adversarios de peso en una dirigencia política desconcertada y golpeada por el pasado, y a años luz de articular algo nuevo.