En diciembre de 1982 inició sus funciones la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégicas en el Conflicto del Atlántico Sur (CAERCAS), autora del “Informe Rattenbach”, como se lo conoce popularmente. La Junta Militar quería un documento mediante el cual hacer pública su posición sobre lo sucedido durante la guerra de Malvinas. Casi un año después, la misma Junta clasificó al trabajo de la comisión como “secreto militar y político”. ¿Por qué?

La primera entrevista realizada por la CAERCAS fue el 17 de diciembre de 1982 al general de división Osvaldo Jorge García, quien comandó el Teatro de Operaciones Malvinas durante su breve existencia entre el 2 y el 7 de abril. Nadie, ni políticos ni militares, mucho menos periodistas o la “gente común”, tenía la certeza de que, un año después, el Proceso de Reorganización Nacional no estaría al frente de los destinos políticos del país. Pese al clima transicional que se vivía, no había nada seguro sobre fechas ni entregas de poder, y el centro de la discusión pública pasaba por la exigencia cada vez más creciente de una respuesta de las Fuerzas Armadas al “problema de los desaparecidos”. Este, de hecho, fue uno de los puntos de la “concertación” que la Junta Militar puso como parte de la agenda a acordar con los civiles para la entrega del gobierno político. Otro de esos ítems era la guerra de Malvinas, para la cual creó esta comisión presidida por el teniente general retirado, y prestigioso intelectual militar, Benjamín Rattenbach.

Entre su conformación y la fecha final de sus funciones, en septiembre de 1983, la CAERCAS entrevistó a 61 oficiales, diplomáticos y otros civiles involucrados en la preparación y ejecución de la guerra, con el fin de dar una explicación de las responsabilidades en la conducción política, estratégico-militar, estratégico-operacional y en menor medida en el orden táctico, el más micro de los involucrados en batalla. El resultado fueron 17 tomos conformados por un Informe Final, diez anexos documentales, cinco con declaraciones transcriptas y uno extra con las actas de reunión. Este monumental trabajo, fue clasificado como “secreto militar y político” por la Junta lo que lo convirtió en un “mito” hasta su desclasificación en 2012.

El Informe Rattenbach y la transición pre democrática

El 2 de diciembre de 1982, el presidente de facto, teniente general Reynaldo Bignone, elevó el decreto que convocaba a seis oficiales retirados entre los que se encontraban el teniente general Benjamin Rattenbach y el general de división Tomás Armando Sánchez de Bustamante por el Ejército, el almirante Alberto Pedro Vago y el vicecomodoro Jorge Alberto Boffi por la Armada, el brigadier general Carlos Alberto Rey y al brigadier mayor Francisco Cabrera por la Fuerza Aérea. Los mencionados conformaron la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégicas en el Conflicto del Atlántico Sur, presidida por Rattenbach, hombre de peso por sus funciones dentro de las Fuerzas Armadas y el Estado a lo largo de los años, y por su producción intelectual en el campo de la sociología militar, la geopolítica y sus reflexiones sobre las relaciones entre, en sus términos, los sectores civil y militar de la sociedad.

El trabajo de la comisión finalizó el 16 de septiembre de 1983, fecha en la cual se entregó la documentación producida con dos particularidades. La primera fue la firma en disidencia de Rattenbach, en “desacuerdo con su orientación, su estructura, su extensión y el tiempo invertido”, aunque apoyando el contenido y las responsabilidades. La segunda, y quizá más importante por su impacto en el largo plazo, fue la clasificación de “secreto militar y político” en noviembre de 1983. A partir de allí, y con su desclasificación, el “Informe Rattenbach” ha sido presa de rumores, publicaciones parciales y un alto nivel de misticismo, pues sus páginas parecían encerrar respuestas a esa guerra llevada a cabo en los archipiélagos del sur.

¿Por qué mereció ese destino cuando originalmente el objetivo era hacer un informe público que explicara la guerra y confrontara los informes británicos que ya circulaban? La respuesta a esta pregunta entra en el terreno de las hipótesis, pero me atrevo a presentar una. Más allá de las penas propuestas -la CAERCAS no fue tribunal así que no juzgó nada- basadas en el código de Justicia Militar, la Constitución y las “Bases” del PRN, las conclusiones pusieron en duda el papel de las FFAA en los últimos años a nivel político y militar. A esto debe sumarse que el revuelo ocasionado por las filtraciones parciales que aparecieron en agosto (antes de finalizar el trabajo) y noviembre (cuando el informe entraba en evaluación) de 1983 le otorgaban una visibilidad que no fue calculada por los comandantes.

* Aquí se puede leer el informe completo.

La caída de las Fuerzas “victoriosas”

Para entender qué lugar ocupa el informe en la transición basta señalar que en sus conclusiones es lapidario: más allá de la guerra de Malvinas, las FFAA no habían elaborado, desarrollado e implementado nada parecido a una política de defensa. En parte de sus conclusiones, la CAERCAS afirma que quedó “demostrada la falta de preparación y organización del país para caso de guerra (…) tampoco se [contaba] con un organismo y medios idóneos que, en forma centralizada, elaboren un sistema nacional de planeamiento para conducir integralmente el quehacer de las Fuerzas Armadas dentro de la política nacional, en sus vertientes de seguridad y desarrollo”; a lo que se agregó que nuestro país no poseía “una ‘política militar’ orgánica, cuyos fines y modos de acción claramente establecidos armonicen presupuestos, estructuras y estrategias entre las tres FF.AA., y entre éstas y el conjunto del quehacer político, económico y social del Estado Nacional”. A nivel diplomático, se señaló la falta de preparación y profesionalización para afrontar este tipo de conflictos; a nivel militar, una falla absoluta en el accionar conjunto, junto a deficiencias técnico-militares (aviación, submarina, preparación de las infanterías, logística, armamento en general, etc.), aunque se destacó las acciones grupales de ciertas unidades como el Grupo de Artillería 3, el Regimiento de Infantería Mecanizado 25, la Compañía de Comandos 602, el Grupo de Artillería Aerotransportada 4, el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601, y el Batallón de Infantería de Marina 5.

Esta evaluación iba a contramano de una serie de documentos legitimadores que habían circulado en 1983 como el Documento Final de la Junta Militar sobre guerra contra la subversión y el terrorismo o el Informe Oficial del Ejército Argentino. Conflicto Malvinas., publicados en marzo y julio de ese año respectivamente. Con algunas diferencias de forma, ambos intentaron mantener la figura “victoriosa” de las FFAA, especialmente el Ejército, mostrando la derrota total ocasionada a la “subversión” por un lado, y el “revés parcial” contra Gran Bretaña causado por una inequidad tecnológica y por el apoyo de Estados Unidos, por el otro. Estos textos funcionaron en tándem con la ley de autoamnistía -denominada “de pacificación”- que evitaba acciones penales a quienes cometieron delitos “con motivación o finalidad terrorista o subversiva” entre 1973 y 1982 pero también -y sobre todo- a quienes hicieron “algo” para evitarlas. Esta ley vio la luz pública el 22 de septiembre del 83, seis días antes de que la CAERCAS presente formalmente el informe a la Junta Militar. Los tres coexistieron con el trabajo de la Comisión, tuvieron circulación pública y fueron explicativos de las “guerras” afrontadas por las FFAA.

Las justificaciones del secreto

A pesar de que el trabajo de la comisión presidida por Rattenbach no finalizaba, en agosto aparecieron en los diarios La Voz del Interior y La Nación versiones parciales. La Junta Militar señaló al propio presidente de la CAERCAS como posible culpable, aunque se acordó aguardar el informe final para tomar decisiones al respecto. El 16 de septiembre se hizo entrega del informe y el 22 se iniciaron los pasos para designar a la nueva comisión (llamadas “Equipo Compatibilizador Interfuerzas” o ECI) que evaluaría lo producido, procurando, en teoría, el mayor de los secretos a fin de evitar nuevas filtraciones.

La nueva ECI estuvo encabezada por el vicealmirante Rodolfo Remotti, pero contaba con el brigadier mayor Héctor Roy, el general de brigada Eduardo Garay, el brigadier Roberto Camblor, el general de brigada Julio Ruiz y el contraalmirante Angel María Rodriguez como auditores, a los que se sumaron el capitán de navío Jorge Gnecco, el coronel Raúl Alberto Ramallo y el teniente de navío Isidro Zoroza. Al exponer los resultados de la evaluación, destacaron que, a raíz de lo sucedido en los medios de comunicación, el Informe Rattenbach tenía “vida propia”, por lo cual era imposible de ocultar o archivar. Por esta razón, se sugería darle carácter de investigación inicial y sólo reconocerle ese status. Además, aseguraron no tener potestad para rechazar o aceptar el contenido, no obstante, su evaluación fue negativa. Lo califican de “impreciso”, carente de “rigor científico” y desactualizado, “fluctuante”, “tradicional”, rigorista de reglamento, e inexacto en el uso del léxico militar. Asimismo, descartaron la competencia de un juez -militar o común- y sugerían que sea el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) quien juzgue lo sucedido en Malvinas.

Remotti señaló además que “el lapso transcurrido desde que se produjeron los hechos no [permitía] apreciarlo con la suficiente perspectiva como para hacer un justo y acertado juzgamiento” y además que “su contenido no solamente en lo que a actuaciones de personas concierne sino también en las referencias a planes actualmente en vigor, [debía] continuar con un alto grado de reserva, en salvaguarda de los intereses de la Nación, de las Instituciones y de las negociaciones en política internacional”. Por lo cual, se sugirió el encuadre de secreto militar y político, su remisión al CONSUFA y que únicamente se informe de esta decisión a la opinión pública.

El primero de noviembre la Junta Militar legitima esta recomendación y agrega: “De sancionarse a los presuntos responsables resultará difícil, sin llegar a comprometer los altos intereses del país y particularmente las negociaciones para obtener la plena soberanía de las Islas en cuestión, fijar debida y claramente cuáles son las conductas que se reprimen, esto es, si lo reprochable es la decisión política de recuperarlas, o las causas que determinaron su ocupación o la forma en que se condujo políticamente, con posterioridad, el conflicto. Esta confusión podría ser aprovechada, y utilizada, por el enemigo a su favor”.

Por decreto 2971/83 del 11 de noviembre de 1983, se declaró formalmente el secreto militar y político, y se abrió paso al proceso judicial. No obstante, la revista Siete Días publicó el 23 de noviembre una parte importante del Informe Final, sobre todo los encuadres de responsabilidades políticas y militares sugeridas por la CAERCAS, lo cual rompió una parte de ese secreto al hacer público un fragmento de lo que debía ser privado. Este hecho provocó que la Junta Militar designe como juez Ad-hoc al almirante Vicente Victoriano Baroja para investigar la filtración y ordene al presidente que tome medidas para que la justicia prohíba próximas publicaciones relacionadas.

Secretismos como marco legal y como práctica

El informe de la CAERCAS se apoyó en jurisdicción militar y política para señalar, a quienes comandaron la guerra, que su mal desempeño no fue un mero error de cálculo, sino el resultado de años de acumulación de una política de defensa que no miraba hacia afuera. En este sentido, no solo echó por tierra la imagen victoriosa de las FFAA, también mostró que lustros de intrigas golpearon su lugar como defensores de los intereses de la Nación. El secreto adquiere, entonces, un lugar de importancia.

En principio, se apela al reglamento existente, es decir, al decreto 9390/63 que define como un secreto militar a “toda noticia, informe, material, proyecto, obra, hecho, asunto, que deba, en interés de la. seguridad nacional y de sus medios de defensa, ser conocido únicamente por personas autorizadas”. La seguridad nacional está definida como la protección de las posibles interferencias a los intereses vitales de la Nación, y la defensa serían las medidas que el Estado toma para lograr aquella seguridad. En estas coordenadas, a priori, debe leerse la imposición de secreto que se le dio al informe, puesto que la Junta Militar evaluó que su contenido podía favorecer al enemigo y el reclamo de soberanía. Sin embargo, en el decreto 9390 no hay elementos que permitan esa clasificación, salvo que se fuerce a pensarlo como parte del “estado moral, material y grado de instrucción y/o eficiencia de las Fuerzas Armadas”. Con lo cual se abre otra posible respuesta que ya adelantamos.

Con las elecciones consumadas, y la victoria de un Alfonsín que prometía llevar a la justicia a quienes hayan cometido delitos contra los derechos humanos, las Fuerzas Armadas no podían permitirse que un discurso propio deslegitimara su lugar en el Estado y frente a la sociedad. Ese lugar era el que intentaba recuperarse, mostrándose vencedores de una guerra irregular y apenas víctimas de un revés en una guerra internacional. En ese sentido, la investigadora Paula Canelo afirma que el secretismo fue parte de la forma de hacer política de los militares -especialmente del Proceso-, por una auto percepción de institución “no política” propia de las FFAA, con lo cual sus canales de mando no implican negociación o consenso, sino obedecimiento. Al no poder lidiar con el azar político, el PRN “informalizó” y “secretizó” sus prácticas. En ese sentido, el destino del Informe Rattenbach podría ser considerado el último acto de una larga obra, con los militares a cargo de los poderes de Estado.

(*) Daniel Chao es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Especialista en Historia Regional por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y Licenciado en Comunicación Social por la misma Universidad. Se desempeña como Investigador Asistente del Conicet en el Instituto Investigaciones Geohistóricas (Chaco) y como profesor adjunto de la cátedra Seminario de Tesina, del Departamento de Comunicación Social, Facultad de Humanidades (UNNE). Se especializa en estudios de la guerra, posguerra, los conflictos armados y las violencias políticas; además de la historia de lo social y el Estado, desde la perspectiva de la gubernamentalidad. Ha publicado sus avances en diversas revistas, congresos y jornadas. Es coautor junto a Joaquín Bartlett del libro El gobierno como problema. Objetos y abordajes en clave de gubernamentalidad (2019) de editorial TESEO-PRESS, y autor de ¿Qué hacer con los héroes? Los veteranos de Malvinas como problema de Estado (2021), publicado por SB Editorial.