Actualmente en el Concejo Municipal de Rosario se debate sobre la conveniencia de crear la institución de la policía municipal a partir de un proyecto de ordenanza, por lo que conviene reflexionar sobre la experiencia en México, país con el que se comparten comunes denominadores.

En primer lugar cabe señalar que Argentina, Brasil y México son las tres grandes economías de América Latina, que las tres naciones hermanas optaron por el pacto federal, pero que solo el marco legal de México consagra la función de seguridad pública en el orden municipal, por lo que se erige en el único Estado-Nación federal de la región que cuenta con policía municipal, armada, que desempeña misiones y funciones de seguridad pública.

Por lo tanto, a la luz de la experiencia mexicana, resulta pertinente preguntarse sobre sus actuaciones y resultados. En ese marco, y de acuerdo con el último censo policial, alrededor de 40% del total de efectivos policiales en México son municipales (México, después de la India y Estados Unidos, es el país que tiene mayor número de policías del orbe) y los mismos se encuentran dispersos en más de 1.500 municipios, caracterizándose por un desequilibrio o desbalance de cualquier indicador que se considere: estado de fuerza y tasa policial, capacidades, cobertura, grado de escolaridad promedio, aptitudes y formación, liderazgo, inteligencia y contrainteligencia, sistemas de armas, comunicaciones, cómputo y transporte, protocolos de actuación, integridad, entre otros.

La realidad demuestra claramente los elevados niveles de corrupción y penetración del narcotráfico en las filas de las policías municipales, por lo que en pasadas gestiones el gobierno nacional recomendó –sin éxito– la firma de su acta de defunción, para ser absorbidas por las policías estatales (provinciales), una vez depuradas.

En rigor, las policías municipales en México deberían desaparecer, pero no solo por la presunta corrupción del personal encuadrado (que domina en general a la institución policial en México), sino por los cuellos de botella que tienen que ver con restricciones de presupuesto y de recursos en el nivel municipal, la falta de profesionalismo que –en general–caracteriza a sus efectivos, la tradición de botín de los partidos políticos de las direcciones de seguridad pública municipal, la rotación endémica de sus mandos y, en especial, la falta de unidad de mando y dispersión de esfuerzos del poder público en la prevención, disuasión y persecución de los delitos.

La experiencia mexicana de creación de la policía de seguridad municipal no tiene otro significado que “fabricar muletas, en lugar de curar las piernas enfermas”, ante el fracaso de dicha institución en México. La principal enseñanza que deja entonces el caso mexicano es que los tomadores de decisiones tendrían que haber optado por “curar las piernas enfermas”. Esto es, que la clase política debería haber asumido –como corresponde– la responsabilidad de reformar a las policías ya existentes (federales y estatales, como se denomina a las provinciales), apostando por su desmilitarización (es decir, optar por el modelo de policía civil), descentralización (que traería aparejada la policía comunitaria, de proximidad o de aproximación en el orden municipal, como unidad especializada de las policías provinciales en prevención, mediación y resolución de conflictos), jerarquización de sus componentes cualitativos no materiales (tales como formación, profesionalismo, servicio civil de carrera, integridad, liderazgo, inteligencia y contrainteligencia) y dignificación del personal que día a día pone en riesgo su vida al velar por la vida, integridad física y patrimonio de los ciudadanos.

Policía Municipal: lecciones aprendidas

En síntesis, la experiencia mexicana sugiere rechazar la creación de la policía municipal de Rosario y concentrarse en reformar y transformar, de manera positiva, a la institución policial ya existente (es decir, a la policía de la provincia de Santa Fe). Proceso de modernización que implicaría tanto aspirar al más elevado estadio de desarrollo policial –conocido en la doctrina como policía científica– como a un modelo de policía cercana y en contacto vivo y directo con el ciudadano, denominado policía comunitaria, de proximidad o de aproximación, a la sazón como primer rostro del Estado.

Las sucesivas gestiones de la provincia de Santa Fe de los últimos años han llevado a cabo una ambiciosa reforma del sistema procesal penal, con una clara apuesta por el sistema penal acusatorio o adversarial. En contraste, han abandonado a la institución policial, la que ha venido sufriendo un proceso de deterioro y degradación que guarda correspondencia con la creciente situación de indefensión social que domina el escenario provincial y rosarino. En síntesis, la reforma policial es una asignatura pendiente en la agenda pública santafesina. De donde hay una innegable responsabilidad política por el abandono histórico de la policía de la provincia de Santa Fe que obliga, sistemáticamente, a recurrir al apoyo del gobierno nacional.

En lo que respecta a la Municipalidad de Rosario, el antecedente de la malograda Guardia Urbana Municipal debería constituir un toque de atención para quienes hoy proponen crear una policía municipal, lo que traería aparejado aprender también de la propia experiencia. La municipalidad debería concentrarse en garantizar servicios públicos de excelencia contribuyentes a generar condiciones de seguridad en los barrios, en especial en aquellos espacios con elevados índices de violencia. Además, tal parece que en general los legisladores y concejales de Latinoamérica difícilmente –en contraste con los países de mayor tradición democrática– suelen contemplar la dimensión costos, que en el caso de asumir la función de seguridad pública resulta ser por demás elevada.

Las diferentes manifestaciones de la delincuencia y la violencia responden a múltiples factores o causas, y como respuesta el Estado cuenta con una caja de herramientas, una de las cuales es la institución policial. En otras palabras, la policía es solo uno de los tantos instrumentos con los que cuenta el aparato estatal y particularmente el municipio es el ámbito natural para diseñar e implementar mecanismos de prevención y de coproducción comunitaria de seguridad (denominada seguridad ciudadana), cuyos costos son mucho menores que tener que reaccionar ex post a la comisión de un delito.

Tratándose del crimen organizado y del narcotráfico, el mejor antídoto es la inteligencia, que deberían generar y compartir las fuerzas federales y la policía de la provincia de Santa Fe. Se trata de un intangible o componente cualitativo no material de primer orden que debería ocupar un espacio jerárquico en el proceso de reforma policial provincial adeudado.

Recapitulando, cuando la violencia alcanza cotas socialmente inaceptables y se verifica una pérdida generalizada de la tranquilidad y el orden público, suelen presentarse propuestas sin fundamento ni soporte técnico como la de creación de la policía municipal de Rosario.

La recuperación de la paz en la provincia de Santa Fe, en general, y en Rosario, en particular, se debe visualizar como un proceso de mediano y largo plazo, pero al mismo tiempo se debería dar un primer paso de la mano de la reforma policial. Lo que podría sintetizarse en la idea fuerza de curar las piernas enfermas (policía de la provincia de Santa Fe), en lugar de fabricar muletas (policía municipal de Rosario).