El proyecto de remodelación y puesta en valor del edificio donde funcionaba el II Cuerpo de Ejército (Sarmiento al 1300) para destinarlo a un centro de trabajo para la Justicia Federal, el Ministerio Público Acusación (MPA) de Santa Fe y organismos de investigación para persecución de la narcocriminalidad y delitos complejos en Rosario quedó estancado. El espacio sigue en estado de abandono, con enorme cantidad de excremento de paloma y sobretechos con filtraciones, como se lo vio en marzo de 2022 cuando se realizó el acto donde Nación anunció que cedía el inmueble a la provincia. A 20 meses, la gestión de Omar Perotti agilizó un pliego para contratar un servicio de limpieza que permitiría realizar un análisis estructural del valioso inmueble, como paso previo al proyecto integral. Pero dependerá de la voluntad del gobernador electo Maximiliano Pullaro.

Este viernes, miembros de la unidad ejecutora del gobierno provincial conformada en su momento para avanzar sobre el proyecto de recuperación del emblemático edificio para destinarlo a la Fiscalía Federal, una discusión latente ante la imperiosa necesidad de fortalecer las investigaciones contra el narcotráfico y la delincuencia compleja, elevaron un pliego de condiciones para comenzar con tareas de limpieza.

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Fuentes del gobierno provincial indicaron a La Capital que al menos ese demorado primer paso implica una señal positiva de articulación entre las autoridades salientes y las entrantes. “Si piden dejar este pliego encaminado es porque algo se ha charlado en la transición de traspaso de gestión”, deslizaron los voceros consultados por este diario.

Sin código acusatorio ni edificio

Aunque es un indicio positivo, la realidad es que el proyecto no mostró ningún avance desde marzo de 2022, cuando se realizó el acto del traspaso del inmueble ubicado en Sarmiento 1350 desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de la Nación al gobierno de Santa Fe. Supuestamente, las obras se iban a financiar con un crédito de Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Pero, a la par hay un aspecto trascendental que tampoco se resuelve: sigue empantanada la implementación en Santa Fe del nuevo Código Procesal Penal Federal, sistema acusatorio establecido por la ley 27.063 (aprobada en 2014) que sólo se pudo poner en marcha en Salta y Jujuy.

Guano hasta los tobillos

Según pudo conocer este diario, el edificio de calle Sarmiento requiere de un profundo trabajo de limpieza, extracción de cielo rasos deteriorados y con filtraciones de agua en riesgo de caer, y remoción de heces de paloma que se acumuló a tal punto, unos 30 centímetros, que no permite ni siquiera transitar por las dependencias, que en total suman unos 7.000 metros cuadrados.

Es que de acuerdo al plan trazado inicialmente, si no se hace ese trabajo no se puede realizar un análisis del estado de situación actual de las estructuras, para recién después proyectar la intervención de restauración, puesta en valor y ampliación.

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“No se puede hacer una estudio patológico del lugar sin antes limpiarlo. No es un proyecto arquitectónico de ejecución rápida, porque debe ser funcional, hay que consolidarlo y lleva tiempo evaluar qué se necesita”, apuntaron fuentes oficiales sobre un edificio con valor arquitectónico que sufrió la intervención con construcciones agregadas de baja calidad y sin criterio técnico.

Además de las oficinas con estándares adecuados para el trabajo de fiscales, funcionarios e investigadores, se planteó en su momento la instalación de un laboratorio para el análisis de estupefacientes (Santa Fe no lo tiene y debe remitir las muestras a Buenos Aires), y diversos usos específicos, para lo cual se estudió la potencial ampliación por calle 9 de Julio, donde tiene salida.

El lugar alberga además un inmenso gimnasio y una sala de cine que lucen bien conservados. Pero según los especialistas, se deben hacer estudios de diagnóstico de distintas patologías, para dar paso a peritos que puedan evaluar el estado de las columnas, definir qué se demuele, y qué queda en pie priorizando la preservación y consolidación del inmueble”.

Conmoción, anuncio y quietud

Si bien hubo un acuerdo inicial, las reuniones de la unidad ejecutora con el BID también se diluyeron, y no hubo avances respecto al financiamiento de una obra que, en medio de situaciones de extrema violencia al comienzo de 2022, se anunció con bombos y platillos, pero quedó paralizada.

En ese momento, pasmados por las muertes violentas relacionadas al narcotráfico, el arco político santafesino, funcionarios nacionales y provinciales, y miembros del Poder Judicial local y federal coincidieron en el diagnosticar un panorama sombrío si a corto plazo no se aportaban recursos humanos y estructurales a la persecución del delito complejo, y la articulación con los distintos niveles del Estado. El proyecto quedará bajo evaluación del electo gobernador Pullaro, cuyo entorno no aportó una definición al respecto.