La Fiscalía Regional de Rosario dispuso crear un órgano fiscal unificado para trabajar con mayor eficiencia los delitos de alta lesividad, es decir, los que suponen ataques contra la vida, relacionadas con organizaciones criminales. La resolución fusiona tres unidades que son la de Homicidios, la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, y la conocida como de Balaceras, ya que estas investigan dinámicas delictivas y actores comunes. También dispone la creación de una oficina común de análisis de la información que antes manejaba cada fiscal de las áreas citadas. Se distribuye el personal de manera que en adelante todos se desempeñen de manera conjunta y no ceñida a un funcionario en particular. Y redistribuye, por añadidura, a todas las oficinas involucradas en un espacio común para integrar a los fiscales y empleados.

La decisión de la fiscal regional María Eugenia Iribarren reconoce "la falta de cohesión interna" que relevó el monitoreo ordenado a la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación por la fiscal general María Cecilia Vranicich. Ese relevamiento detectó que había una organización fraccionada de las unidades referidas que impactaba de forma negativa en los resultados y por ello impulsó tener "un único plantel organizado en equipos de fiscales a focos investigativos". El diagnóstico explicita la verificación de falta de comunicación y coordinación entre unidades.

Iribarren impartió instrucciones para iniciar un proceso que unifique los mismos focos investigativos, de manera que se sumen al nuevo equipo unificado de fiscales las pesquisas de homicidios dolosos junto con otros hechos como tentativas de homicidios, atentados con balaceras, heridos de arma de fuego, amenazas extorsivas y otros delitos vinculados que se adviertan como provenientes de organizaciones criminales.

Se define también la generación de procesos estandarizados para favorecer el flujo de información entre diferentes órganos fiscales y su aprovechamiento como herramienta de persecución. Y se crea una unidad especializada de Delitos Económicos y Ciberdelitos. El diagnóstico que lleva a esto último es que, a criterio de la auditoría y la fiscal regional, la actual área de Delitos Económicos tiene una autonomía inconveniente respecto de la Agencia de Criminalidad Organizada, con una participación muy marginal en hechos económicos vinculados con violencia altamente lesiva.

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En la resolución queda manifestada la observación de algunos problemas que se pretende superar, como la percepción, de parte de algunos fiscales, de que las causas que manejan son "de su propiedad personal y exclusiva" cuando los problemas son comunes e invitan a compartir tanto equipos de trabajo como espacios físicos. Y la idea de que se debe evitar la parcialización, fragmentación y atomización de las investigaciones. La nueva lógica pasa por descartar el criterio temporal de un delito para organizar su investigación -cuándo ocurrió- sino por las conexiones entre acciones previas semejantes, o por zona geográfica o por los mismos actores involucrados.

La crisis resonante provocada en el MPA por el manejo de informantes o testigos protegidos, lo que causó en noviembre la acusación de un grupo de fiscales a otros que trabajan en el mismo edificio, fue un conflicto que no está ausente en el ánimo de estas nuevas directivas tomadas por Iribarren. O de fiscales que no se dirigían la palabra o estaban distanciados por diferencias profesionales que eran ostensibles en todo el ámbito de la Fiscalía Regional y que se convertían en un obstáculo para la persecución eficaz. Justamente la resolución alude a las "severas dificultades de interacción que se evidenciaron" entre los agentes de la Unidad de Balaceras y los de la Agencia de Criminalidad Organizada. Y que según, la auditoría, la cooperación dependía "de la confianza que tienen entre sí los fiscales y de la buena o mala predisposición o voluntad de los fiscales de cumplimentar o no el lineamiento jerárquico de intercambiar información".