Desde el año 2004 en Argentina, con la crisis a raíz de la escasez interna del gas natural, estamos en un permanente estado de restricción de la energía que tiene múltiples causas: la falta de capitales para explorar y por lo tanto falta de extracción suficiente de hidrocarburos para el nivel de demanda interna, la falta de divisas para la importación de gas y combustibles, la escasez de capacidad de refino, los subsidios crecientes, la presión política de empresas energéticas para la suba de tarifas y de precios pagados en el mercado interno, la escasez de financiamiento doméstico e internacional para los proyectos de inversión energéticos, la falta de capacidad de transporte y distribución de gas y electricidad, entre otras.
La génesis del problema para los propulsores del libre mercado es el retraso tarifario (en relación al precio internacional en dólares de los energéticos) de la posconvertibilidad ya iniciado con Eduardo Duhalde y continuado sobremanera en las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Para los que valoramos la planificación pública en los sectores estratégicos, las reformas de los noventa carecieron de mecanismos que permitieran continuar el rumbo de diversificación, seguridad y ampliación de la matriz energética que imprimía el Estado a través de sus empresas públicas (reconociendo también los serios déficits de gestión de las mismas, especialmente en la década de los ochenta).
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Según la Agencia Internacional de la Energía la seguridad energética se puede definir como la disponibilidad ininterrumpida de energía a precios accesibles. En Argentina, según el elenco que gobierne, o hay precios inaccesibles que, como mínimo, no permiten a las actividades productivas ser internacionalmente competitivas; o bien hay peligro de escasez e interrupción del fluido energético especialmente para la producción para privilegiar al sector residencial a precios muchas veces irrisorios en términos internacionales. En casi todas las gestiones existe un desdén por la planificación de largo plazo y por la seguridad energética, o sólo hay una preocupación más testimonial que real.
Como es de público conocimiento la proporción de hidrocarburos (gas y petróleo) en la matriz energética argentina es elevadísima (85% del total). También conocemos que el energético clave de la matriz energética es el gas natural, que implica casi el 55% del total de energía consumida. Lo que es invisibilizado con frecuencia es que del total de gas consumido un 42% se destina a quemarse para alimentar las centrales termoeléctricas, muchas de las cuales tienen bajos niveles de eficiencia energética por ser centrales que funcionan a gas oil, fuel oil o a gas natural con ciclos abiertos en lugar de ciclos combinados que son mucho más eficientes. Por lo tanto los niveles de pérdidas energéticas en la generación eléctrica son elevados, y debe computarse también las pérdidas existentes en la transmisión y distribución de esta energía, que también son considerables.
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Para ser más claros, en lugar de privilegiar las energías renovables, principalmente la hidráulica, la solar y la eólica, o bien la energía nuclear en la generación eléctrica, desde los noventa se profundizó la apuesta por la electricidad de origen térmico que consume ingentes cantidades de gas.
No sólo se ha privilegiado la electricidad termoeléctrica sino que también se ha profundizado el uso de gas para las industrias y para los hogares con la consecuente necesidad de agrandar redes de gasoductos troncales y redes domiciliarias.
Lo expuesto no sería un problema acuciante si fuéramos un país con grandes reservas de hidrocarburos como Venezuela, Rusia o un país del Golfo Pérsico. El problema es que desde 2004 experimentamos escasez creciente de gas natural convencional y un déficit comercial energético importante desde 2012, peor aún, promovimos su exportación a los vecinos en los años noventa para obtener dólares para apuntalar una convertibilidad insustentable. Se suponía que los yacimientos no convencionales puestos en valor desde 2012 vendrían a suplir dicha falencia de gas y petróleo convencional, los cuales ya se encontraban en declive irreversible. Pero el costo de extracción es elevado y los precios internacionales experimentan una volatilidad importante por distintos motivos, por lo cual la rentabilidad de largo plazo de los hidrocarburos no convencionales se encuentra en entredicho salvo que existan mecanismos de precio sostén estipulados por el Estado como el denominado “barril criollo”, es decir un precio del petróleo nacional por encima del precio internacional para incentivar a que las petroleras continúen invirtiendo en exploración y extracción de hidrocarburos, precio interno que pagamos directa o indirectamente los consumidores.
Para comprender mejor la problemática en términos de volumen de subsidios aportados al sector energético entre 2007 y 2018, según el especialista en energía Alejandro Einstoss, se desembolsaron el equivalente a 69.000 millones de dólares sólo en subsidios al sector eléctrico, la mayor parte de este monto fue a cubrir las compras de gas para las termoeléctricas. Además existieron otros subsidios para amortiguar el precio del gas consumido directamente por industrias y consumidores residenciales. También existió el mencionado “barril criollo”, que fue una transferencia de los consumidores a las petroleras entre 2015 y 2017 por encima del valor internacional del petróleo de alrededor de 11.550 millones de dólares según el mencionado autor.
Por lo tanto experimentamos una especie de laberinto de corto plazo que siempre termina en tarifas cuasi dolarizadas que, o bien las debe pagar el consumidor, o bien el Estado debe hacerse cargo de parte de la factura con subsidios crecientes; en el caso de existir devaluaciones del peso el escenario empeoraría significativamente aumentando el Estado el aporte de subsidios para mantener una estabilidad tarifaria, ya que como sabemos el dinero para ello sale de la recaudación de impuestos o implican deuda pública que genera intereses o bien adelantos del Banco Central a la Tesorería que en el mediano o largo plazo, generan inflación.
Ahora bien, comprendemos perfectamente que la problemática no se soluciona precisamente librando el sector energético a las fuerzas del libre mercado. Lógicamente lo que ocurriría es que los precios domésticos se alinearían como mínimo con los precios internacionales, es decir el usuario argentino (residencial, industrial, comercial o agropecuario) pasaría a pagar costos dolarizados de electricidad, gas y combustibles como un brasileño (en el mejor de los casos), un chileno o un uruguayo; el Estado avalaría las tarifas solicitadas por las empresas privadas (muchas de ellas multinacionales) y no tendría que gastar recursos para subsidiar energía a excepción de las tarifas sociales eléctricas o las garrafas sociales que a duras penas llegan a los consumidores de menos recursos que no cuentan con gas de red. La consecuencia de este escenario sería un descontento generalizado de la clase media, las clases populares y de amplios sectores productivos que no podrían pagar esos niveles tarifarios dolarizados y la competitividad de la producción interna descendería abruptamente complicando aún más la raquítica canasta exportadora. Además se daría la paradoja que este escenario de energía cara y escasa se experimentaría en un país que cuenta con múltiples recursos energéticos insuficientemente explotados.
Las soluciones a problemas complejos generalmente también son complejas y requieren tiempo, tiempo que gran parte de la clase política ni los empresarios del sector tienen, por lo tanto maximizan sus grandes o pequeñas ganancias de corto plazo y procrastinan el corazón del problema que es la falta de diversificación de la matriz energética y la comprensión cabal que el futuro energético ya en el corto plazo es eléctrico y no gasífero. La solución debe partir del Estado y debería ser una política de Estado de largo plazo con su consecuente planificación profesional, técnica y política.
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Gran parte de la solución en términos prácticos implicaría el fortalecimiento de las empresas públicas existentes o por crear con innovadores esquemas de gestión técnico profesional de largo plazo, lo más alejado posible de las apetencias político-partidarias de la coyuntura. Lamentablemente ya hemos experimentado tres décadas en que el sector privado no puede aportar perspectiva de largo plazo en el área energética porque lógicamente pretende tarifas y rentabilidades dolarizadas, retornos de inversión en moneda dura y estable, similares o mayores a los internacionales, en tiempos muy breves por la consabida inestabilidad macroeconómica argentina. Por lo tanto los privados no invertirán en grandes centrales hidroeléctricas ni en centrales nucleares que aporten generación y potencia de base a la red eléctrica, que reemplace a las centrales térmicas ineficientes y libere demanda de gas para ser utilizada en sectores residenciales e industriales para evitar importaciones o vaivenes de precios internacionales que se terminan trasladando a las tarifas internas directa o indirectamente.
También es preciso que el Estado amplíe redes de distribución eléctrica que casi nunca fueron construidas con iniciativa privada y son esenciales para ampliar las inversiones en parques eólicos o solares, que sí pueden realizar privados. Otro factor que no debe desatender la política energética de largo plazo (y recurrentemente lo hace) es invertir en eficiencia energética, es decir diversos medidas o programas (a veces con exenciones o subsidios) para invertir en tecnologías que ahorren utilización de fuentes energéticas, eviten pérdidas de energía en el sistema, mejoren hábitos de uso o gestión de recursos energéticos.
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Una prueba de fuego para el actual gobierno se da el año que viene 2023 cuando se vencen varias concesiones de las centrales hidroeléctricas privatizadas en 1993, entre ellas todas las grandes centrales del Comahue. Estas centrales no sólo fueron construidas por el Estado nacional, sino que ya están amortizadas, no requieren grandes costos de operación, como cualquier central hidráulica no requiere consumo de combustible que haya que comprar regularmente, y pueden volver a ser gestionadas por personal técnico que perteneció a las empresas Agua y Energía o Hidronor que las conocen perfectamente. Además el Estado al tener mayoría accionaria en empresas como IMPSA o Astilleros Río Santiago puede acceder a cualquier turbina, repuesto o servicio mecanizado de alta tecnología de forma, en teoría, rápida y barata. Desde ya que la misma lógica de esquema integrado dentro del Estado se da en el sector nuclear.
Resumiendo, si existiera la decisión política de profundizar la participación eléctrica renovable y nuclear en la matriz energética nacional en el corto y mediano plazo se podría reducir el consumo de gas natural o bien reencauzar hacia sectores industriales y residenciales entre la cuarta parte y la mitad del gas que consumen las termoeléctricas, es decir alrededor del 15 o 20% del gas que consume la Argentina. Por lo tanto no haría falta que el Estado gastara millones de divisas en comprar gas oil, fuel oil o el costosísimo GNL que se importa en barcos metaneros, sólo deberíamos asegurarnos el respaldo del gas natural boliviano hasta que maduren algunos yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. En el largo plazo tanto los sectores industriales como residenciales deberían electrificar sus consumos porque el gas convencional será parte de un pasado lejano y al no convencional, con suerte, lo tendremos hasta finales del presente siglo y en cantidades que podrían variar según si se pretende exportarlo, industrializarlo o continuar con un consumo tendencial actual.
Para que el acceso a la energía sea abundante y a precios razonables y competitivos para el mercado interno, es decir lo más desligado posible de los precios internacionales de los hidrocarburos, es imprescindible desfosilizar progresivamente la matriz energética nacional a través de empresas públicas que inviertan constantemente en el sistema eléctrico, que no experimenten déficits en sus balances para no ser un problema en lugar de una solución para el presupuesto público, que posean un horizonte estratégico de seguridad energética de largo plazo y no de rentabilidades empresariales dolarizadas de corto plazo para satisfacer a sus accionistas.
(*) Fernando Ventura es magíster en economía. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad de Rosario
