“Las pruebas recabadas indican que, después de las 14 del 19 de diciembre de 2001, hubo un cambio en la acción policial en todos los puntos de conflicto de Rosario y que la Unidad Regional II actuó orgánicamente y bajo la orden de reprimir el reclamo social, con armamento de fuego disuasivo y letal”. Esta es una de las contundentes conclusiones de la Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos de 2001 en Santa Fe que figuran en el libro “Veinte diciembres impunes”, editado a dos décadas del estallido nacional que tuvo a la ciudad como uno de sus epicentros más importantes. En la provincia que gobernaba Carlos Reutemann se contaron en total nueve muertos, cientos de heridos y detenidos.
El informe de la comisión que ahora se publica completo analiza en 226 páginas el derrotero judicial de las causas por los crímenes, aunque no se plantea como un mero documento histórico “sino como una herramienta política que contribuya a poner sobre el tapete la necesidad de una reparación a los familiares de los fallecidos, no solo económica, como anunció recientemente el presidente Alberto Fernández, sino de conocimiento de la verdad y de sanción a los ejecutores directos y a los responsables políticos de la represión”, explica la militante de derechos humanos Mariana Hernández, una de las referentes del espacio formado en julio de 2002 con Rubén Naranjo (Foro Memoria y Sociedad), Iván Hernández Larguía (Apdh), los curas de la Carpa de la Resistencia, integrantes del gremio ATE, de la revista Angel de Lata y de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, abogados especialistas y algunos diputados provinciales y nacionales.
Objetivo inicial
Hernández recuerda que el objetivo de aquellos primeros meses posestallido fue constituir una comisión parlamentaria a los fines de evitar la impunidad, en el marco de maniobras que surgían para demorar u obstaculizar las investigaciones en la Justicia. También asistir a los familiares de las víctimas, “excluidos históricamente de cualquier posibilidad de vida digna”, una enseñanza organizativa que había dejado la violenta represión de los saqueos de 1989 en Rosario. Sin embargo, los activistas no tuvieron eco en las bancadas mayoritarias de la Legislatura santafesina.
Con ilustración de tapa de El Tomi y redacción del escritor Osvaldo Aguirre, la flamante edición expone que, a 20 años de aquel diciembre negro, se lograron condenas en pocas causas y respecto de agentes policiales, mas no en el caso de funcionarios de alto rango ni se determinó cómo fluyeron las órdenes. El ministro de Gobierno de Reutemann era Lorenzo Domínguez y el delegado de la cartera en Rosario, Osvaldo Turco. En tanto, a cargo de la policía se encontraba el subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez (los tres salieron de la gestión en el trascurso de 2002). El magistrado Osvaldo Barbero estaba al frente del juzgado de Instrucción, con proceso penal escrito. A lo largo de los años también intervinieron por otros delitos jueces correccionales del viejo sistema, incluso de la ciudad de Santa Fe, lo que derivó en una verdadera madeja judicial.
Existió una operación planificada de carácter represivo frente a una situación de crisis social" Existió una operación planificada de carácter represivo frente a una situación de crisis social"
Presentar ahora el extenso informe final de la comisión –con el análisis de expedientes, documentación oficial, notas periodísticas, testimonios de autoridades y vecinos– implica “un aporte a la verdad y a la memoria, un nuevo reclamo por el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables”, agrega el volumen recién salido de imprenta que se está difundiendo en universidades, gremios y otras entidades intermedias. Hernández cuenta desde Barcelona (España), donde actualmente reside, que observan interés y compromiso ciudadano en relación a 2001, por lo que estudian hacer otra tirada para distribuir en librerías.
“Queríamos responder con enjundia, rigurosidad y datos muy corroborados que existió una operación planificada de carácter represivo frente a una situación de crisis social; hay constancias de que ese accionar no surgió de la nada ni fue una decisión autónoma de las fuerzas de seguridad”, recalca la dirigente sobre aquellas trágicas jornadas en las que dimitió el presidente Fernando de la Rúa y perdieron la vida en total 39 argentinos. Y agrega: “También hubo movilización colectiva desde distintos ámbitos para instalar los hechos como violaciones a los derechos humanos que deben ser reparadas en el marco de un proceso de memoria, verdad y justicia, pues éste no se circunscribe a lo ocurrido durante la última dictadura”.
Elementos clave
Por eso, uno de los primeros elementos contundentes que presenta “Veinte diciembres impunes” es el contrainforme elaborado a mediados de 2002 por la Coordinadora de Trabajo Carcelario para desmontar la versión del entonces Ministerio de Gobierno (sobre la presunta participación de las víctimas en enfrentamientos armados con la policía). En cambio, se caracteriza la situación social, con un elevado desempleo y falta de acceso de buenas franjas de la población a derechos básicos y, sobre todo, a alimentos. Precisamente, los vecinos se movilizaban de manera pacífica y reclamaban en la calle bolsones de comida y planes de ayuda, con el fantasma de los saqueos de 1989 como telón de fondo.
“En días previos las autoridades de la provincia tenían una actitud dialoguista hacia las organizaciones sociales y de derechos humanos en el marco de un clima de tensión, hasta que el 19 de diciembre al mediodía las cosas cambian”, sintetiza Hernández la conclusión a la que llegó la comisión. Esa tarde, operativos policiales simultáneos en los barrios dejan una reguera de muertos por heridas de balas de plomo: Juan Delgado en República de la Sexta, Graciela Acosta en Villa Gobernador Gálvez, Claudio Pocho Lepratti en Las Flores (y horas más tarde Rubén Pereyra), Yanina García en Villa Banana y Marcelo Pacini en Santa Fe. El 20 cayó Ricardo Villalba en La Cerámica y el 21 Walter Campos, también en el extremo norte de la ciudad. Graciela Machado, de Gálvez, se suma la lista en tanto perece descompensada en el medio de un tumulto.
El informe recoge los testimonios de Domínguez y Turco, quienes aceptaron declarar ante la comisión a principios de 2002, a diferencia de otros actores institucionales de jerarquía que habían sido convocados. Para Hernández, la palabra de Turco es clave porque da cuenta de que ningún policía actuó sin órdenes ni se quebró la cadena de mando desde arriba. No obstante, el de las instrucciones impartidas es uno de los aspectos que quedó en un cono de sombras política y judicialmente.
En ese sentido, otro capítulo de la publicación señala falencias en las investigaciones, sobre todo en cuanto a la producción de la prueba: si en algunas causas hubo una gran cantidad de policías imputados, pronto terminaron sobreseídos por falta de elementos. A pesar del tiempo transcurrido, la comisión solicita “que intervenga la Legislatura para confirmar las irregularidades detectadas en las causas a fin de determinar si ameritan la iniciación de juris de enjuiciamiento”. En ese sentido, la mayoría de los responsables de los hechos y de las maniobras posteriores de ocultamiento, de manera directa o institucional, permanecen impunes.