Bolillas negras en el concurso más caliente

Lejos del radar de una opinión pública agobiada por la inseguridad y la inflación, el concurso para designar a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal entra en su fase decisiva. Cuando el gobernador Omar Perotti envíe esta semana los pliegos para cubrir los principales cargos se volverá todavía más intensa una rosca que expone las fisuras y fracturas de la institucionalidad santafesina.

Pese al hermetismo de la Casa Gris, tanto en la política como en la Justicia creen que el gobernador enviará el pliego de Roberto Prieu Mántaras, aun cuando el camarista santafesino está muy lejos de llegar a los votos necesarios para ocupar la fiscalía general. En ese caso, Perotti podrá decir al círculo rojo de la capital provincial que intentó avanzar pero la Legislatura lo vetó.

Entre los 69 legisladores cuesta encontrar, más allá de los once senadores del PJ, voluntades dispuestas a acompañar el nombramiento de un funcionario señalado por decisiones más que polémicas, como la revocatoria de la sentencia que condenó por abuso sexual al ex arzobispo de Santa Fe Edgardo Storni.

El rechazo del pliego del abogado ligado al patriciado santafesino sería un costo político alto para el gobernador, pero circunscripto al reducido círculo interesado -en todos los sentidos del término- en la pelea por los cargos del MPA.

“La oposición se va a hacer un picnic. El pliego tiene todos los ingredientes para ser rechazado: es un camarista amigo del poder, misógino, que no conoce el funcionamiento del MPA”, dice un funcionario clave del Poder Judicial.

En el caso de que Prieu Mántaras sufra el bochazo de la Legislatura, se especula con que en un segundo intento Perotti envíe el pliego del camarista rosarino Javier Beltramone, cabeza visible de un largo y paciente proyecto de poder construido por Julián Galdeano, y que la actual auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, de buena relación con el socialismo, vaya a la fiscalía regional de Rosario.

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Cecilia Vranicich, Javier Beltramone y Roberto Prieu Mántaras, los ternados para la fiscalía general

Los generales del frente de frentes barajan algunas maniobras disuasivas antes de llegar al misilazo contra la candidatura de Prieu Mántaras. Por ejemplo, que la comisión bicameral de Acuerdos solamente saque dictamen de los pliegos que serían aprobados por la Asamblea Legislativa.

Al igual que en el pleno, la coalición entre la UCR, el PRO, el Partido Socialista, el javkinismo y otros espacios cuenta con mayoría en Acuerdos, el cuerpo encargado de entrevistar a los postulantes y elevar los dictámenes a la Asamblea.

En el caso de que llegue el 20 de abril y la fiscalía general quede acéfala tras el vencimiento del mandato de Jorge Baclini, podría asumir como interino Jorge Nessier, quien parece encaminado hacia la fiscalía regional 1. “No está cuestionado, algo que a esta altura es importante”, dicen desde la mesa chica del frente opositor.

Esta semana, los popes de la alianza se pusieron más de acuerdo en los vetos que en los votos. Aseguran que hay pocas bolillas negras, sólo reservadas para aquellas personas más estrechamente relacionadas con el peronismo.

No quieren en los puestos clave de la investigación penal a personas que estén en una frecuencia distinta, u opuesta, a la del futuro gobernador. O gobernadora.

El sinuoso trámite legislativo de la designación de autoridades del MPA es una prueba de fuego para el nuevo frente. Convencidos de que gobernarán a partir del 10 de diciembre, sus principales dirigentes se abrazan al sueño del premio mayor para resistir las fuertes presiones que surgen desde el vértice del Poder Judicial santafesino.

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La Asamblea Legislativa, la instancia clave para nombrar a las nuevas autoridades del MPA

La discusión de un tema menor como los jueces comunitarios gatilló denuncias de contubernios con Perotti y dejó entre radicales y socialistas heridas que todavía no cicatrizaron del todo y nadie, salvo Elisa Carrió, quiere generar tensión a dos meses de la presentación de listas.

Además, cuesta pensar cómo podrían ponerse de acuerdo los socios en temas de política pública delicados como seguridad, educación y salud -donde afloran diferencias, y no menores- si no pueden consensuar nombres para llenar los principales casilleros del MPA y el Servicio de Defensa Penal.

Más allá de los nombres propios y del resultado final, la elección de la conducción del Ministerio Público de la Acusación ilustra varias disfuncionalidades del sistema político santafesino.

Sin consenso sobre un proyecto de Justicia, una dirigencia política mirada de reojo por los fracasos acumulados en el combate de la violencia y el narcotráfico expone sus enormes dificultades para ponerse por encima de los múltiples lobbys y conducir el proceso.

La siempre presente tensión entre el Ejecutivo y la Legislatura, la falta de liderazgos fuertes, el faccionalismo y la inminencia de las elecciones tornan aún más compleja la resolución de un concurso donde, como diría el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Daniel Erbetta, se está discutiendo poder.

>> Leer más: "En este lugar estamos discutiendo poder", afirmó Erbetta al abrir el año judicial

Sobreviviente de una guerra en la que perdieron todos, el senador Armando Traferri estuvo esta semana en el centro de la escena por la carta documento que envió al periodista Osvaldo Bazán, y que generó un pronunciamiento del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y su encontronazo con el fiscal Luis Schiappa Pietra, excluido de la carrera por la fiscalía general, en la apertura del año judicial, un episodio repudiado por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA y la Asociación Argentina de Fiscales, que -anunció- lo denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Convencido de que es víctima de una operación político-judicial orquestada por Marcelo Sain, el senador por el departamento San Lorenzo está en el centro de varias causas que tocan nervios sensibles del sistema republicano, como la igualdad de los ciudadanos ante la ley y las posibles relaciones de la política con el mundo del delito.

Esta semana el senador recibió una noticia inquietante: el procurador interino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, sugirió que el máximo tribunal haga lugar al pedido de los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery e invalide el fallo de la Corte Suprema santafesina que consideró constitucionales los fueros que gozan los legisladores de la provincia, mucho más amplios que los que disfrutan los senadores y diputados nacionales: no sólo incluyen la inmunidad de arresto, sino también de investigación y condena.

Si bien el dictamen de Casal no es vinculante, quienes siguen los movimientos de la Justicia consideran llamativo que el tema haya avanzado tan rápido en una Corte Suprema que se mueve como un poder permanente y administra sus tiempos.

Como presidente de una Corte en general receptiva de las necesidades opositoras en la coyuntura difícilmente Horacio Rosatti vaya en contra del criterio que adoptó la convención constituyente que integró en 1994 para salvar a un senador departamental del PJ.

En este marco, algunos armadores del frente de frentes creen que Traferri conservará su bastión. Otros, más optimistas, consideran que el legislador perdió su voto independiente, se replegó en un núcleo duro peronista cada vez más reducido y que, por tanto, se abre una oportunidad de ganar el departamento si el candidato opositor no es un simple sparring y aparece un nombre competitivo.