Pandemia mediante, Argentina transitó a lo largo del 2021 el primer año de la aplicación de la ley de interrupción voluntaria de embarazo (IVE). El Proyecto Mirar, con coordinación del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y la organización internacional Ibis, se propuso indagar qué pasó en las 24 provincias del país en estos primeros 12 meses donde debió garantizarse el acceso al aborto hasta la semana 14 a mujeres y personas gestantes. El estudio relevó que la marca más contundente es "la desigualdad en las provincias" en la accesibilidad a este derecho y una serie de datos que se proponen ser la línea de partida para futuras evaluaciones.

Entre ellos estableció que solo en el primer semestre de este año se distribuyó la misma cantidad de misoprostol que a lo largo de todo el 2020, y que nivel nacional en los primeros seis meses de 2021 se llevaron adelante, solo en los servicios públicos de salud, 25.894 interrupciones voluntarias o legales de embarazos (IVE/ILE), de las cuales 1.500 prácticas se dieron en centros de salud y hospitales santafesinos.

Además de ser la directora del Cedes, Mariana Romero es médica, especialista en salud reproductiva, investigadora adjunta del Conicet y asesora externa de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.

"Es la primera vez que se hace un análisis de la aplicación de la ley y como en cualquier proceso de implementación de una política pública, es necesario establecer un punto de partida que va más a allá de la sanción de la ley y que tiene que ver con poner en marcha los mecanismos para su aplicación y la producción de la información que es un insumo clave para cualquier análisis", explicó a La Capital, sin dejar de señalar "las dificultades extraordinarias que significó hacerlo en el contexto de la pandemia".

Para eso, el estudio relevó testimonios en las 24 provincias, además de datos vinculados al entorno normativo en cada jurisdicción, la oferta de servicios, la demanda, la calidad de la atención y la aplicación de la ley que desde su sanción el 30 de diciembre de 2020 garantiza el acceso a las prácticas hasta la semana 14 sin tener que compartir sus motivos y, a partir de la semana 15, en los casos en los que se cumple alguna de las causales previstas (ILE).

Los datos relevados

A partir de los datos duros y por tratarse de un estudio nacional, señalan que "la marca más contundente son las desigualdades entre las provincias" y refiere a las cifras de mortalidad materna de provincias como Formosa, Tucumán, Salta y Chaco, que superan con amplitud la media nacional.

En el acceso al aborto legal, esa brecha se sostiene entre jurisdicciones como Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Lo mismo sucede con la tasa del aborto, que mide la cantidad de abortos por 1.000 mujeres y personas en edad fértil, que muestra la misma brecha entre CABA (5,6) y Tierra del Fuego (4.3) en relación a provincias como Chaco (0,9) y Formosa (0,6); en tanto la tasa nacional es de 3,2.

“Argentina es un país desigual en muchos aspectos y también lo es respecto de las condiciones de factibilidad para implementar la nueva ley", consideró en el informe Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Cedes, y agregó: "Las realidades sociales y políticas locales plantean escenarios y marcan ritmos distintos para esa implementación”.

Santa Fe, con 1.500 IVE/ILE realizadas en los primeros seis meses del año, se ubicó con una tasa de 1,7 %; si bien por encima de jurisdicciones como Chaco y Formosa, sigue estando por debajo de la media nacional y bastante alejada de las principales jurisdicciones como CABA e incluso provincia de Buenos Aires con un 2,2 %.

Sobre los datos locales, y la diferencia a la baja que se marca en la provincia, la investigadora y directora del Cedes señaló que en términos globales "Rosario y Santa Fe tienen datos que encuadran en la media del país", y si bien destacó la "trayectoria histórica de trabajo", dejó en claro que "como cualquier provincia debe haber lugares, regiones y enclaves donde hay que profundizarlo, y ese es un trabajo que debe hacerse a nivel de las instituciones".

Es más, si bien en términos de cantidad de población Santa Fe podría compararse con CABA, Romero advirtió las diferencias territoriales, la extensión de la provincia y la características netamente urbanas que tiene la capital del país, además del trabajo hecho en el primer nivel de salud a partir de 2019.

Y dejó en claro que los datos corresponden al sistema de salud pública, lo que deja por fuera no solo las intervenciones realizadas en el sector privado y las obras sociales, sino además a las mujeres y personas gestantes que gestionan sus propios abortos.

Acompañada y con misoprostol

En números absolutos, entre enero y julio de este año, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE/ILE en los servicios de salud pública y en el mismo período, 6.517 personas contactaron a Socorristas en Red para solicitar información en distintos puntos del país. De ese total, 5.600 abortaron acompañadas por socorristas, seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4 por ciento fueron adolescentes.

A través de la línea gratuita nacional de salud sexual y reproductiva (0800-222-3444), de enero a junio se registraron 10.529 contactos a partir de los cuales se iniciaron seguimiento de situaciones, aunque no todos hayan tenido como desenlace un aborto.

Otro dato relevante es que la provisión de misoprostol solo a través del Ministerio de Salud de la Nación para su distribución a las provincias durante la primera parte del 2021 se equiparó a lo adquirido a lo largo de todo el 2020. "Es un incremento del 100 por ciento, podríamos decir", indicó Romero.

La investigadora señaló que "ese es un dato contundente" y no solo en sí mismo, sino además porque "se suma a las compras que algunas provincias hacen por su cuenta y que incluso otras, como Santa Fe, están produciendo".

Para concluir, indicó que "lo interesante del reporte es que logra armar una línea de base, un punto de partida que permitirá ir mirando en perspectiva y más en detalle la implementación de la ley".