En un debate intenso y diverso, donde se analizaron los avances en políticas públicas y el aporte de la ley Micaela, las mujeres y muy pocos varones, mostraron que la discusión está en un nuevo umbral. No sólo se trata de poner en cuestión la participación de femenina en términos cuantitativos _es decir disputando espacios de conducción en mutuales y cooperativas- sino también cualitativos. La intención es darle una nueva impronta al funcionamiento de las entidades, pensando con perspectiva de género la oferta de servicios que prestan e incluso priorizando “una gestión femenina” de las cooperativas, como planteó Silvina Bedino, del Colegio de Graduados de Cooperativismo y Mutualismo, quien detalló que hay una “limitada participación de las mujeres en las bases societarias” de estas entidades, así como en la dirección, fiscalización y gestión. “En número de asociadas las mujeres no superan el 30%, en dirección institucional baja a 10% o 20%, en fiscalización a 3% y en fuerza laboral entre 30 y 40%”, dijo.
Se trata de pensar “nuevos liderazgos cooperativos con equidad de género”, como enunció Florencia Doná, coordinadora del Departamento de Educación de Agricultores Federados Argentinos (AFA). “No puede haber discriminación por género en ningún tipo de cooperativa”, dijo la integrante de la organización agropecuaria más grande de Argentina, conformada por 40 mil asociados. Según explicó, las mujeres en AFA representan sólo el 19% de las asociadas individuales, lo que genera una representación minoritaria en la conducción donde sólo llegan a 9,5%.
Membresía compartida
Para reducir esa brecha, desde distintas organizaciones cooperativas están trabajando en el concepto de “membresía compartida”, según mencionó Soledad Fattorelli, gerenta de la Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios (Cegro) de General Roca (Córdoba). Es una estrategia que suma derechos porque permite que ambos integrantes de una pareja puedan incorporarse como asociados a la entidad bajo una única identidad, favoreciendo la participación de las mujeres en asambleas y consejos de administración.
Esa experiencia es la que están transitando en la Mutual Federada Salud. Laura Baldarenas, jefa de Relaciones Institucionales, explicó que a partir de la membresía compartida están trabajando para “ampliar derechos de las asociadas y que nuevas mujeres puedan acercarse a la organización y tener voz y voto en las asambleas”. Para eso, van por una reforma del estatuto de la mutual, orientada al segmento agropecuario.
Nueva lente
Justamente de lo que se trata es de utilizar la perspectiva de género “como una lente” para mirar las organizaciones de la economía social, dijo Ximena Rodríguez Hortt, de la cooperativa Resolución Integral de Conflictos en Relaciones Humanas (R.In.Con). “Las mujeres no tenemos habitualmente acceso a lugares de poder, ni la misma capacidad de progreso ni equidad remunerativa y eso no puede ocurrir también en nuestro formato cooperativo que promueve la responsabilidad, la equidad, la igualdad”, dijo al asegurar que es muy frecuente “encontrarnos con esas situaciones”.
La cooperativa R.In.Con brinda servicios de asesoramiento legal, de género, ambiental y de recursos humanos a distintas organizaciones y busca abrir canales para lograr que se reduzcan las desigualdades de género, las brechas salariales, y se echen por tierra categorías como “piso pegajoso o techo o paredes de cristal” e incluso situaciones de violencia, indicó Julieta Vera Saux.
Por eso, para Noelia Carrizo, de la Asociación Mutual de Pensiones Sociales Ley 5.110, entidad con sede en Santa Fe y cuya masa societaria está compuesta en un 70% por mujeres, “aunque uno de los principios del mutualismo es la igualdad, eso queda en una mera declaración si no se lo lleva a la práctica y se generan medidas de discriminación positiva”, es decir aquellas que “resuelvan desigualdades estructurales”.
Desde la mutual realizaron un diagnóstico pormenorizado de sus asociadas que les permitió contar con una base para incorporar “servicios con perspectiva de género”, dijo. “Nuestras asociadas son mujeres que están por debajo de la línea de pobreza y algunas de indigencia”, apuntó Carrizo y los servicios que más utilizan son los de salud y ayuda económica, vinculadas a las tareas de cuidado de las que mayoritariamente se hacen cargo las mujeres en sectores vulnerables. Esos datos les permitieron también intervenir al interior de la mutual y analizar en los balances cuántos recursos destina la organización para atender estas demandas de las mujeres, que son las principales aportantes. “Lo justo sería que los fondos se apliquen a fortalecer servicios para ellas”, dijo Carrizo. En ese sentido, desde el área de género propusieron crear un “fondo de la igualdad” y avanzar en “servicios nuevos e innovadores pensados para estas mujeres como una línea de ayuda económica a tasa reducida para emprendedoras, reintegros de productos de gestión menstrual o garantías solidarias para víctimas de violencia”, indicó.
Esa inclusión concreta en el territorio es la que experimentan en la cooperativa Enhebrando Metas de Avellaneda, dedicada a la confección textil, donde “el 80% de los asociados y asociadas _mayoritariamente mujeres y jóvenes_ encuentran su primer empleo formal”, explicaron María Laura Avalos y Vanesa Del Zotto. “Nuestro objetivo es empoderar a mujeres y jóvenes a través de la estabilidad laboral, la independencia económica y emocional y un ingreso asegurado”, dijeron.
Similar es la experiencia de la Cooperativa de trabajo Esperanza Limitada y la Cooperativa de trabajo Frente para el Trabajo Limitada, que realizan la gestión de los residuos en la ciudad de Rafaela. “En ese último tiempo llegó la pobreza, todo el mundo se quedó sin trabajo y nosotros seguíamos a full”, dijo Marisa Almaraz para dar cuenta del proceso de inclusión que lograron. Y que se replicó a otros ámbitos, ya que según dijo Mónica Peralta, al salir beneficiadas con un proyecto de la ONU, pudieron generar nuevos empleos para sectores vulnerables en la ciudad. “Brindamos y gestionamos trabajo”, agregó.
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Servicios e inclusión
Además del trabajo, las referentes del sector cooperativo también empezaron a problematizar el concepto de servicios, como la electricidad, el agua y el gas y reafirmaron su categoría de derechos. “Con la pandemia y luego del tarifazo del gobierno anterior surge con fuerza el concepto de pobreza energética”, dijo Gisela Wild de la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad (Fescoe), quien planteó que enfocarse en resolverlo también implica reducir brechas de género, ya que son las mujeres las que utilizan mayor energía en los hogares al estar a cargo mayoritariamente de las tareas de cuidado. “En Ybarlucea hicimos un estudio donde evaluamos el tiempo de trabajo que tiene una mujer con lavarropas automático y otra sin y comprobamos que la segunda debía dedicar 2 días completos (48 horas) semanales al lavado de ropa de la familia, un tiempo que la saca del mercado de trabajo y profundiza la feminización de los trabajos no remunerados”, indicó junto a Griselda Rimoldi de Fescoe.
Algo similar ocurre con el servicio de gas. Victoria Noriega, presidenta de la Federación de Subdistribuidoras de Gas (Fesubgas) y Cooperativa Setúbal, reafirmó el concepto del servicio público como un derecho que debe ser abordado de manera colectiva. En el país, dijo hay 65 subdistribuidoras y el 90% está en manos de cooperativas. Ese porcentaje se replica en Santa Fe donde hay 21. “En estas localidades si no existiera la cooperativa, no podrían acceder gas natural que trae arraigo e inclusión”, dijo la joven quien valoró que en el Consejo de Asociativismo y Economía Social y Solidaria de Santa Fe se institucionalizara la comisión de género, que permitió que en 2022 por primera vez en la historia se exija la paridad en la representación de las entidades que forman parte de ese espacio.
“Las entidades del sector mutualista y cooperativo ponen en el centro de la escena a la persona y no al capital y si miramos esos valores, no pensar en la igualdad y la perspectiva de género sería un error”, dijo Guillermo Tavernier, Director de Economía Social de Santa Fe, quien junto a Fernanda Benítez fueron el «alma mater» del encuentro. “Es nuestro ADN, tenemos que ser propulsores de estas políticas”, indicó.
Los microseguros
Esa apuesta a abrir la agenda de las cooperativas y mutuales fue lo que plantearon desde una de las organizaciones más grandes de la Argentina como Sancor Seguros, que están desarrollando los “seguros inclusivos” y “microseguros”, como parte de la agenda 2030 para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfocados en reducir las brechas de género y la pobreza, que está altamente feminizada, según detallaron Analía Ayala y Mariela Ingaramo, de la compañía. En alianza con el Foncap, que ofrece microcréditos, la cooperativa elaboró productos a esos destinatarios para los que ya destinó más de 616 millones de pesos en sumas aseguradas en tres seguros (seguro de vida saldo deudor, de amparo familiar y de salud) y más de 1,7 millón de pesos pagados por siniestros.
Hay sectores donde la resistencia es inherente a la actividad, como el caso del sector tecnológico. Cecilia Beccaria, de la cooperativa rosarina Tecso que tiene 120 asociados, planteó que el sector “está lleno de prejuicios y pocas mujeres se animan al rubro”. Frases como “preparate unos mates, dejame hablar con tu jefe, ¡qué suerte que tenés de estar donde estás!, echar por tierra los estereotipos que se generan desde temprana edad. “Las niñas se tienen que apropiar desde temprano de las tecnologías”, arengó.
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Gisela Carrizo, coordinadora provincial del equipo de mutualismo y cooperativismo escolar del Ministerio de Educación de Santa Fe, quien valoró la conformación de la unidad de gestión de mutualismo, cooperativismo y emprendimientos escolares que articula entre la cartera educativa y el sector asociativo para “dar en el territorio el acompañamiento de proyectos en escuelas y fortalecer esas acciones”. Para Beatriz Sanmartino, integrante de ese equipo, en la educación mutualista está la clave para pensar en un cambio de raíz. “Formar alumnos en cooperativismo es formar seres humanos empoderados, con valores, que tienen otras aptitudes y estrategias”, dijo a la hora de pensar una mirada más inclusiva.
Para María de los Angeles Dicapua, investigadora, docente y directora del Centro de Investigaciones y Estudio del Trabajo (Ciet) de la UNR, la tarea del feminismo “es colonizar los espacios del patriarcado”, porque de lo contrario “nos quedamos en el enfrentamiento y no avanzamos”. Y ubicó a la educación como el primer mojón. “La educación cooperativa debería trabajar en en un movimiento de pinzas con la ESI y ganaríamos un espacio enorme y estaríamos ante una educación innovadora”, planteó.
Ese camino que transitan las mujeres del cooperativismo y mutualismo está alimentado, como un río, de muchas vertientes que van desde la educación, el trabajo en el territorio (con sus avances y retrocesos) y el hacer a fuerza de golpes, como ocurrió con las experiencias de empresas recuperadas, que con mucha emoción, relató la presidenta de la Federación Actra ( (Autogestión, Cooperativismo y Trabajo), de la Cooperativa La Cabaña e integrante del Consejo Económico y Social de la Nación. “Muchas veces las cooperativas, como las mujeres no tenemos voces, pero movemos el mundo, generamos producción y trabajo y debemos tener visibilidad”, sentenció.