El defensor del Pueblo de Santa Fe a cargo de la Defensoría Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, Gabriel Savino, mantuvo un encuentro en Buenos Aires con los senadores Ricardo Kroneberger y María Victoria Huala, presidente y vocal, respectivamente, de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo nacional. Durante el encuentro, Savino celebró los avances en las gestiones para cubrir un puesto clave que permanece vacante desde 2009.

Durante el encuentro, Savino dio detalles de la estructura y del funcionamiento de las Defensorías locales y subnacionales en general y de la santafesina en particular, a la vez que compartió su experiencia al mando del organismo y también la adquirida en los foros internacionales en los que representa a la provincia y al país.

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“La Defensoría del Pueblo nacional, creada en 1994 y con rango constitucional, no sólo promueve y protege los derechos fundamentales de las personas, sino que también tiene un rol clave en el control del Estado. Su ausencia prolongada dificulta resolver cuestiones que requieren intervención federal”, subrayó Savino, quien es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO) y director Regional del Caribe y América Latina del Instituto Internacional del Ombudsman (IIO).

El defensor santafesino enfatizó la necesidad de adaptar las instituciones a los desafíos de las nuevas generaciones de derechos, particularmente en el ámbito digital y tecnológico. Además, se puso a disposición para colaborar en la construcción de consensos que permitan avanzar en la elección del defensor nacional, cargo que requiere el acuerdo de dos tercios del Congreso.

En el marco de su visita al Senado, Savino también se reunió con los senadores santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto para analizar temas vinculados a la protección de los derechos de los ciudadanos en la provincia.

El cargo de defensor del Pueblo nacional permanece vacante desde abril de 2009, cuando concluyó el mandato de Eduardo Mondino. Desde entonces, el Congreso no ha logrado consensuar la designación de un sucesor, situación que sigue generando preocupación en el ámbito de los organismos de derechos humanos y de control del Estado.