Santa Fe.— Gracias a la lucha de los vecinos, la Justicia falló a favor de la defensa del patrimonio del barrio Candioti de esta capital, al declarar la inconstitucionalidad de una ordenanza municipal que permite la construcción de edificios en altura en ese sector de la ciudad. El dictamen lo emitió el juez de la 2ª Nominación, Carlos Dávila, quien a su vez en febrero último aprobó una medida cautelar, por la cual ordenó a la Municipalidad abstenerse de ejecutar un edificio proyectado en Güemes al 3.100 de 22 pisos y dejar sin efecto cualquier permiso que se hubiera otorgado en relación a esta normativa.
Los vecinos que accionaron contra el municipio en julio pasado a raíz de la aprobación de un proyecto privado para construir en ese barrio un edificio de unos 70 metros de altura y de 22 pisos. Según su criterio, la iniciativa iba a afectar la escala urbana y fisonomía arquitectónica, la rutina y dinámica del tradicional barrio.
La habilitación municipal de éste y todo proyecto enmarcado dentro de la respectiva ordenanza vigente se frenó en febrero tras una medida cautelar de Dávila, quien para este nuevo dictamen sancionado el 28 de junio analizó en profundidad la norma y tuvo especialmente en cuenta que la cuestionada iniciativa de calle Güemes se aprobó sin estudios previos sobre el impacto arquitectónico y ambiental de una construcción de este tipo en un barrio tradicional como el Candioti.
El magistrado "admitió la acción porque entiende que hay un interés legítimo de los vecinos, que fue vulnerado y por eso la promueve. No se tuvieron en cuenta las características de un sector que forma parte del casco histórico de la ciudad", explicó Angel Garrote, apoderado legal de los denunciantes.
Para fallar sobre la cuestión del fondo, el magistrado recabó antecedentes "no sólo de la propia Municipalidad sino también del archivo histórico provincial, las instituciones ligadas con la preservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad, entre otros", agregó el abogado.
"No digo que (el dictamen) sea definitivo porque por supuesto la Municipalidad puede presentar una medida de apelación y la Cámara tendrá la necesidad de revisar lo que determinó el juez en primera instancia, pero ya no es una medida cautelar o precautoria sino que se refiere el fondo del asunto", consideró Garrote.
Antecedente. La determinación de Dávila "responde a una necesidad de una importante cantidad de vecinos que se ve reflejado en esta acción y en otra que también se está tramitando en otro juzgado de Santa Fe, vinculada a otro inmueble pero que apunta exactamente a la misma problemática y que comenzó con reclamos extrajudiciales, reuniones, contactos intentos para que la Municipalidad revise esta ordenanza y culminó ahora con esta orden judicial", indicó el profesional.
"Lo que se decida en esta causa y en la otra que se está tramitando en el otro juzgado va a ser muy importante para el futuro de la ordenanza y de lo que la Municipalidad decida hacer", concluyó Garrote. Por lo pronto, la resolución de Dávila ordena a la Municipalidad abstenerse a dar habilitaciones, permisos de obras, certificados de factibilidad o cualquier habilitación administrativa para la construcción de edificios.
"Este es un precedente muy importante, es un éxito de los vecinos que se reunieron innumerables veces y se concentraron de manera espontánea. Es una antecedente fundamental", remató el abogado.
