Tras la media sanción que obtuvo en la Cámara baja santafesina el proyecto del Poder Ejecutivo denominado “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”, el diputado provincial Martín Rosúa (Unidos) destacó que el cuerpo legislativo acompañó la reforma de la ley de seguridad y le dio al gobierno 10 de las 11 herramientas que necesitaba para seguir bajando los índices delictivos y para continuar combatiendo al crimen organizado.

“Si se suman las dos leyes aprobadas en la semana previa, suman 12 de 13 herramientas", aportó Rosúa. Y agregó: "Como dice el gobernador Maximiliano Pullaro, tenemos que ser conscientes de que las bandas delictivas no desaparecieron ni descansan en su organización. Por eso tenemos que generar todo el tiempo las modificaciones y actualizaciones a la legislación para permitir que el Estado tenga las herramientas necesarias para que la pelea sea más equitativa”.

El legislador destacó la "importancia de darle las herramientas que necesita el gobierno para hacer mejor su trabajo en materia de seguridad" y valoró “la ley de inteligencia para anticiparse a los hechos delictivos, la incorporación del juicio en ausencia para evitar que las personas prófugas queden impunes y la aplicación de mayores restricciones para los presos de alto perfil”. En ese sentido, apuntó: “Estamos hablando de cortar con el preso de alto perfil que manda a matar desde la cárcel”.

Mencionó, en ese punto, la incorporación del artículo 57 bis, que establece que cuando un interno, por medio de sus visitantes, de los visitantes de otro interno, de sus comunicaciones reglamentarias, de correspondencia física o electrónica, de comunicaciones no autorizadas o por cualquier otro medio, realice actos que representen una amenaza grave a la seguridad pública, podría ser pasible de medidas como aislamiento pleno en celda individual con derecho solo a 2 horas de patio (también individual) por día, suspensión total de visitas y comunicaciones, con derecho únicamente a correspondencia epistolar (que será abierta y visada por personal penitenciario), o retiro de artículos de ocio y entretenimiento, con derecho únicamente al material de lectura que fuera autorizado.

Rosúa también destacó la incorporación de la posibilidad de que el fiscal tome declaración informativa, como una de las herramientas que permitirá contar con procedimientos investigativos más ágiles. En ese sentido, la ley señala: "El fiscal podrá tomar simple declaración informativa a la persona que apareciera verosimilmente vinculada a un hecho delictivo y aún no existieran elementos suficientes para formalizar la imputación”. Y que, incluso en el caso de que la persona renuncie a declarar sin asistencia letrada, "la declaración podrá ser utilizada solo para orientar la investigación".

También destacó que la nueva ley permitirá "usar información y tecnología para anticipar delitos, con controles judiciales sobre las medidas que afecten la privacidad”. Valoró la posibilidad de “allanamientos urgentes sin orden judicial previa”, ya que se podrá actuar en situaciones excepcionales, como cuando hay sospechas fundadas de acopio de armas y la demora puede hacer desaparecer la evidencia". “La medida queda sujeta a control judicial posterior”, remarcó.

Sobre el juicio en ausencia o rebeldía, otra medida incorporada en la reforma, apuntó que "es para evitar que una fuga paralice indefinidamente una causa, con intervención de un defensor, requisitos de notificación y posibilidad de revisión". “Son herramientas para resolver problemas concretos, no una discusión abstracta sobre mano dura o garantismo”, concluyó el diputado de Unidos.