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Reclaman el esclarecimiento de la muerte de una parturienta y su hijo

A dos años de ocurrido en Casilda el fallecimiento de María Eugenia Casarotto, la mujer de 34 años, y su bebé durante el parto, la causa fue reabierta recientemente.

Martes 27 de Octubre de 2015

"Causa dolor e impotencia que después de tanto tiempo, todavía no se haya prácticamente avanzado para hacer justicia". Con esa frase Fabián Tadiello sintetizó su sensación de "vacío" al haber pasado ya dos años de las aún no esclarecidas muertes de su esposa María Eugenia Casarotto y su hijo Lorenzo.

La mujer tenía 34 años cuando falleció el 12 de octubre de 2013 en el hospital San Carlos, de Casilda, tras ser intervenida quirúrgicamente por una hemorragia a causa de una rotura uterina durante el parto de su bebé, el que nació con complicaciones y a los pocos días también murió en un establecimiento rosarino.

El caso conmovió a la comunidad casildense que acompañó distintas marchas encabezadas por familiares para pedir por su esclarecimiento.

Sin embargo, hace poco tiempo surgió la "inesperada" decisión judicial de archivar la causa, al no haber surgido elementos para acreditar presuntas responsabilidades sobre lo sucedido, lo que generó malestar y el posterior pedido, con éxito, de la reapertura de la investigación.

La medida del juez interviniente, Carlos Pareto, había sido tomada luego de los resultados de una junta médica que descartó la posibilidad de que los profesionales intervinientes hayan incurrido en una negligencia o mala práxis que derivó en el fatal desenlace.

Ello motivó la presentación ante la Fiscalía de un escrito acompañado por un informe de peritos médicos de parte que contradice tales conclusiones y abona la hipótesis de que hubo responsabilidad médica en el desgraciado episodio.

Al planteo se sumó la propuesta de consultar a una reconocida asociación de obstetricia y ginecología a fin de despejar dudas respecto del accionar médico, lo cual fue dispuesto a partir —previo pedido al magistrado— de la reapertura de la causa.

Asimismo fue ordenado, también a solicitud de la fiscal Carla Cerliani, la ampliación del resultado de la primera junta médica teniendo en cuenta las observaciones realizadas por los peritos de parte.

"Las medidas que se dispusieron son de vital importancia ya que tienden a allanar el camino para determinar si hay o no elementos para imputar a los médicos intervinientes", explicaron a LaCapital fuentes cercanas a la investigación que se desarrolla con el anterior sistema de enjuiciamiento penal al registrarse el caso antes de la instrumentación del que está en vigencia.

Asimismo indicaron que "el juez, antes de haber archivado la causa que posteriormente reabrió a instancias de la revocatoria de Fiscalía, no imputó a nadie ni tampoco pudo ordenar la indagatoria de ningún profesional médico al no poder atribuirle un hecho delictivo ante la falta de evidencias y para no violentar el derecho de defensa".

Claro que si alguna de las nuevas medidas no ratifica lo evaluado en la junta médica inicial el magistrado podría "imputar o indagar", con lo que el curso de la investigación tomaría otros carriles.

"Estamos convencidos de que María Eugenia y Lorenzo murieron porque no se respetaron los protocolos médicos de trabajo y ello se puede comprobar si realmente hay voluntad de que se haga Justicia para que nadie más tenga que sufrir una situación similar", dijo Tadiello. Y en esa misma línea aseguró "confiar" en la Justicia pese a la "angustia" que dijo sentir al haber transcurrido poco más de dos años sin haber definiciones.

"Cuando la causa fue archivada no podía creerlo, pero ahora, tras lograr su reapertura, tenemos muchas expectativas en que la verdad salga a luz y, de no ser así, la impunidad se impondrá sobre ella", concluyó.

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