Viernes 19 de Septiembre de 2008
Villa Constitución. — Por cuatro votos contra tres, los ediles oficialistas rechazaron el pedido de sus pares peronistas para interpelar al intendente Horacio Vaquié por la demolición de seis viviendas en barrio Luzuriaga. La sesión del Concejo contó con la presencia de una treintena de vecinos y una fuerte custodia policial. "Pedimos la interpelación para cubrir los aspectos legales que devendrán de la acción del Ejecutivo al demoler las casas. Es una lástima que este Concejo no funcione como tal", lamentó tras la reunión el edil peronista Gustavo Báez.
Antes de la votación, Báez enumeró una serie de resoluciones de Naciones Unidas y leyes y artículos de la Constitución que podrían haber sido violados por la decisión de Vaquié siendo largamente aplaudido, pero la votación final resultó: cuatro contra tres a favor del pase a archivo del proyecto de interpelación .
El 30 de agosto, por orden del intendente, máquinas municipales demolieron 6 construcciones del barrio Luzuriaga ubicadas en terrenos provinciales afectados a un plan de viviendas.
Respuesta de vecinos. La inmediata respuesta de los vecinos fue entonces cortar la ruta 21. Dos días después, tras movilizarse hasta el municipio, los perjudicados forzaron la firma de un acta en la que las autoridades se comprometieron a indemnizarlos por los daños y a gestionar la cesión de los terrenos donde construían sus viviendas. En ese marco, los ediles justicialistas pidieron la interpelación a Vaquié.
La semana pasada, muchos vecinos del barrio Luzuriaga se concentraron ante el Concejo para apoyar el proyecto, pero la sesión fue suspendida al registrarse incidentes. Hace unos días los vecinos volvieron al recinto, fuertemente custodiado y, sin generar incidentes, sólo escucharon el resultado de la votación y se retiraron.
"Otra vez este Concejo da vergüenza y no cumple con la misión de controlar al Ejecutivo en los desmanejos que se producen casi a diario, y en cuestiones importantes como estas", coincidieron los vecinos.
Los ediles opositores pretendían que Vaquié respondiera si se le dio aviso a los vecinos por instrumento público y legal de la irregular situación, y si la demolición de las construcciones fue pedida por la provincia y mediante qué instrumento legal, entre otros interrogantes.