La Región

Punta Stage: la Justicia aún no dilucidó qué pasó en la fiesta electrónica fatal

La Justicia federal procesó a los cuatro organizadores por facilitar el comercio de drogas. Todavía no deciden quién investigará a los funcionarios públicos

Domingo 31 de Diciembre de 2017

Esta noche, en las primeras horas de 2018, se cumplirá un año de la fatídica fiesta electrónica donde perdieron la vida por la ingesta de drogas sintéticas Giuliana Maldovan y Lucas Liveratore, quienes habían asistido al boliche Punta Stage de Arroyo Seco. En todo este tiempo, la Justicia federal avanzó en el procesamiento de cuatro personas: los responsables del lugar y los organizadores de la rave, quienes actualmente están en libertad, mientras que fuentes tribunalicias evalúan que en pocos meses la Fiscalía haría el pedido de elevación a juicio. En cambio, nada se ha avanzado en las responsabilidades que les podrían caber a tres funcionarios públicos: el intendente, un inspector municipal y un jefe policial.

"Sasha New Years Eve Party" era el nombre de la fiesta electrónica realizada en la madrugada del 1º de enero de 2017 en Punta Stage, con la actuación del DJ británico Sasha. Allí concurrieron unos 5 mil jóvenes, entre ellos Giuliana, de 20 años, y Lucas, de 34. La chica se descompensó en el lugar y falleció horas después, mientras que el muchacho fue hallado sin vida en su casa. Ambos habían ingerido pastillas de éxtasis.

En la Justicia federal se abrió una investigación en el marco de la cual el juez Carlos Vera Barros procesó a los responsables de la productora Live Art, organizadora del espectáculo: Alan David Van Brook y Gino Piazzese Scaglia, y también a los administradores del boliche: el titular de la firma Yameli SRL, Germán Pablo Dalinger, y el encargado del local Esteban Gómez. El delito que se les imputa es "facilitación de un lugar para la realización de actividades de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización y uso".

El magistrado también les dictó la prisión preventiva y fueron detenidos en abril, pero los acusados pidieron la excarcelación. Fue la Cámara de Casación Penal la que hizo lugar al planteo de las defensas y ordenó en octubre pasado que queden en libertad, y fijó a los acusados una caución por 50 mil pesos.

La investigación comenzó con mucho impulso y fue en los primeros meses que se avanzó en los cuatro procesamientos, pero luego una serie de reacomodamientos en la Justicia federal de Rosario y los recursos de las defensas hicieron que perdiera velocidad. El fiscal fue inicialmente Mario Gambacorta, quien diligenció la mayor parte de las actuaciones, y hace unos meses fue designado juez del futuro Tribunal Oral Federal 3. Lo reemplazó el fiscal Claudio Kishimoto quien tomó contacto con esta causa hace un mes.

Fuentes tribunalicias aseguraron que a partir del mes de febrero o marzo, la Fiscalía estaría en condiciones, y esa sería su intención, de hacer el pedido de elevación a juicio.

Los funcionarios públicos

Más demorado viene otro aspecto de la causa que involucra al intendente de Arroyo, Nizar Esper, a un inspector municipal y a uno de los jefes de la Comisaría 27ª local. Los fiscales federales habían pedido imputarlos por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", y "adicionalmente al funcionario policial por dejar de promover la persecución penal" a los delitos que se habrían estado cometiendo. Pero Vera Barros se declaró incompetente y giró esas actuaciones a la Justicia provincial.

La Fiscalía apeló porque entiende que es competencia federal, pero la Cámara Federal de Rosario confirmó lo resuelto por Vera Barros, ante lo cual el fiscal de Cámara apeló y ahora está en manos de la Cámara de Casación de la Nación.

"Argumentan que esas imputaciones están vinculadas a cuestiones que no afectan el orden nacional, pero nosotros creemos que es un hecho vinculado con la facilitación del comercio y consumo de drogas", insisten en Fiscalía. Por lo pronto, nada se ha avanzado respecto a los funcionarios ya que ni siquiera se ha dilucidado si debe investigarlos la Justicia federal o la provincial.

Maltrato e irregularidades

La fase inicial de la investigación llevada adelante por el entonces fiscal Gambacorta estableció que el evento había sido organizado por Live Art Producciones, que alquiló el local Punta Stage a la firma Yameli SRL. En un detallado informe, reportaron que según el testimonio de numerosos testigos, "el control de ingreso fue sumamente permeable, con revisiones parciales solo hasta cierto momento de la madrugada e, incluso, en un horario determinado ya no se solicitaron las entradas".

También dieron cuenta de "la imposibilidad de comprar agua en las barras, una vez que se había acabado la que proveían dos dispensers ubicados en el predio, y que tampoco había agua en los baños".

Los asistentes a la rave describieron que "la ventilación era escasa, que la cantidad de asistentes sobrepasaba ampliamente la capacidad del lugar" y "escaso personal de seguridad".

Sobreventa de entradas

Los fiscales también acreditaron que "se vendieron más entradas que la capacidad permitida para el evento, ya que la firma Ticketek (dedicada a la comercialización de entradas a eventos) informó que imprimió 5.004 tickets para la fiesta, cuando la capacidad máxima del predio era de 1.850 concurrentes", y dieron por "probado que habían asistido muchas más personas a la fiesta, especialmente porque no se controlaron las entradas".

Posteriormente se supo que la Municipalidad de Arroyo Seco había ampliado la capacidad permitida para el local a 3 mil personas, apenas una semana antes de la fiesta. En ese sentido, obra en la causa un chat donde el responsable de Yameli le aseguraban a la productora que no habría inconvenientes en conseguir que la Intendencia les permitiera albergar a más público.

Prohibidas, pero no tanto

Gambacorta había hecho hincapié también en que "el intendente de Arroyo Seco dispuso, a través del decreto 198/2016, la prohibición de realizar fiestas electrónicas en la localidad, como consecuencia de los hechos ocurridos en la fiesta Time Warp, en la ciudad de Buenos Aires. También remarcaron que el intendente se hizo presente (esa noche) en Punta Stage, y no dispuso la suspensión de la fiesta que se estaba realizando, a pesar de que estaba prohibida".

Los fiscales también apuntaron contra "el inspector de Espectáculos Públicos que el día del hecho labró un acta en la cual consignó que en el lugar se encontraban aproximadamente 3.000 personas", pero "la única irregularidad que registró fue la violación del horario de corte de música".

La investigación verificó que el "personal de seguridad privada que se encontraba en el lugar fue escaso", y que lo mismo ocurrió con "el personal policial adicional, que resultó insignificante", demostrando "el deliberado desinterés de adoptar los recaudos necesarios para prevenir todo tipo de incidente, incluyendo la comercialización y el uso de sustancias estupefacientes", aseguró Fiscalía. En ese sentido, los investigadores señalaron que "algunos de los testigos sostuvieron que en la fiesta la gente consumía estupefacientes tales como pastillas, cocaína y Popper, y que las mismas, incluso, eran vendidas por distintas personas en el (sector) VIP del evento".

¿Dónde estaban los policías?

En tanto, Adrián Ruiz, abogado defensor de los dueños de la productora Live Art —Van Brook y Piacezze Scaglia— insistió en que sus defendidos se limitaron a organizar un espectáculo, y que los responsables de la seguridad eran los propietarios de Punta Stage. Sostuvo que sus clientes "quieren terminar esto cuanto antes", ya que "no tienen nada que ver con drogas", y planteó que "quien debía contratar la seguridad adicional —policías— era el dueño del lugar, y la productora les pagó todo al dueño y al encargado".

El defensor añadió que "ellos eran productores artísticos y pagaron 15 adicionales, qué pasó en el medio y por qué fueron solo tres, eso también lo está investigando la Justicia federal". Sin embargo, no sabe qué ocurrió para que los policías no estuvieran donde debían estar. Una hipótesis es que los dueños de Punta Stage se quedaron con el dinero, y la otra es que los policías cobraron, pero no fueron.

fin de fiesta. Testigos dijeron que vendían drogas sintéticas, faltaba agua y ventilación, y hubo exceso de asistentes.

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