El juez penal Nº2 de Rawson, Gustavo Lleral, llegó anoche a la ciudad de Esquel para seguir las dos causas abiertas por la desaparición de Santiago Maldonado, cuyo paradero se desconoce desde el 1º de agosto pasado tras la represión de Gendarmería a una protesta mapuche.
Se trata de dos causas relacionadas con el mismo hecho, una vinculada con la desaparición forzada y la restante acción de hábeas corpus por el mismo hecho, de la cual Lleral se hizo cargo por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia tras el apartamiento del juez Guido Otranto por el principio de prejuzgamiento.
Lleral arribó a Esquel acompañado por los secretarios (penales) Gustavo Fabián Latorre y Leonardo Barzini, el prosecretario (lego) Juan Carlos Araujo y el escribiente interino José Daniel Scocco.
El flamante juez de la causa recibió el pleno respaldo "operativo y funcional" del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Javier Leal de Ibarra, con quien se reunió el viernes para interiorizarse de todo lo que necesitaba para emprender el viaje a Esquel, a 580 km. al oeste de su asiento natural, como el respaldo de profesionales y técnicos de la Dirección General de Arquitectura para que se abocaran de inmediato a las reformas edilicias necesarias en el Juzgado Federal de Esquel, donde se instalará.
Pedido de rapidez
Ayer la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, pidió al nuevo juez que "tome resoluciones de manera rápida" en la investigación por la desaparición de Maldonado.
Si bien Heredia valoró la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia de apartar a Otranto, no dejó pasar la oportunidad de advertir que "más allá de hacer lugar a la recusación, resulta preocupante que ese tribunal haya avalado todo lo que hizo el juez Otranto".
"En definitiva, creo que sólo le pareció un exceso los dichos del juez al diario La Nación", dijo en referencia a la entrevista que concedió al matutino nacional en la que confesó que la hipótesis más razonable era que Maldonado se hubiera ahogado.
"Fue muy imprudente y muy doloroso para la familia, y entendimos que si llegaba a semejante conclusión nos estaba ocultando pruebas porque de ningún lado surgía de la causa las afirmaciones que él hizo", señaló la abogada.
"No estamos de acuerdo con que se haya avalado lo actuado (por Otranto), porque nosotros hablamos de un accionar previo a la desaparición forzada de Maldonado a través de la orden emanada de él el 31 de julio", agregó, e insistió en que se trata de "una desaparición forzada en democracia" y recordó que hasta "el ministro de Justicia reconoció las falencias de la investigación".