La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se diferenció de la Casa Rosada al oficializar ayer su rechazo al protocolo para las fuerzas federales de seguridad que habilita al uso de armas de fuego incluso sin antes dar la voz de alto en casos de enfrentamiento con delincuentes.
Para tomar distancia de la estrategia esgrimida por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, la mandataria bonaerense optó por no oficiar de vocera, aunque sí puso en el centro de la escena a dos funcionarios clave de su gestión: el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
Al respecto, Cantón sostuvo: "En momentos en que hay una polarización social y los valores tradicionales retrocedieron frente a la aparición de la xenofobia y el antisemitismo, los líderes políticos deberían ser receptivos de los principios éticos y no dejarse llevar por las encuestas".
El funcionario advirtió que el protocolo impulsado por la administración central "no respeta los principios esgrimidos desde Naciones Unidas, por lo que el uso de las armas de fuego queda diluido y resulta ser vago, por lo que genera un peligroso antecedente para la ciudadanía".
Tras aclarar que la provincia de Buenos Aires no necesita adherir a la propuesta fogoneada por Bullrich porque cuenta con una ley que regula el accionar de su policía, Cantón subrayó: "Da la impresión que el protocolo planteado por la Nación es un riesgo para todos y se acerca más a lo que dicen las encuestas de opinión sobre la mano dura que a los principios éticos que deben guiar a una sociedad".
Fundamentos
Poco antes de sentar posición públicamente, el funcionario le había entregado a Vidal un documento en el que cuestionó la totalidad del protocolo de las fuerzas federales y recomendó a la gobernadora eludirlo.
A su turno, Ritondo enfatizó que "la policía debe tener todas las herramientas para hacer cumplir la ley, pero no todas las policías son iguales".
"En este caso, el gobierno nacional considera que debía unificar el criterio de acción de las fuerzas federales y, por eso, instrumenta el nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego", indicó.
Fue entonces cuando Ritondo subrayó: "En el caso de Buenos Aires, desde el comienzo de la gestión, cuando encontramos una fuerza devastada, iniciamos un proceso de reforma profunda e integral prácticamente de cero, que nos encuentra hoy con una policía diferente".
Asimismo, recordó que en esa provincia existe la ley Nº13.482, que unifica las normas de organización de las policías y que establece los principios básicos de actuación y "marca con claridad las pautas que deberá tener en cuenta el personal al momento de emplear la fuerza y las armas de fuego".
En esa línea, la norma establece que, antes del uso del arma, el agente deberá identificarse. Sin perjuicio de ello, lo habilita a no hacerlo en caso de que esa advertencia ponga en riesgo su vida o la de terceros.
"Ahora no es el momento de aplicar un protocolo como el de la Nación ya que pretendemos seguir profundizando el camino que nos trazamos para tener la mejor policía", concluyó Ritondo.
Férrea defensa
Por su parte, Bullrich afirmó que Macri "apoya" el nuevo protocolo de uso de armas de fuego para fuerzas federales y que la medida la discutió "durante un año" con el jefe del Estado. "Nuestro reglamento no viola los derechos humanos ni es fascista. Está basado en las Naciones Unidas; es absolutamente claro, corto, simple, otorga reglas y protege a la sociedad y a las fuerzas. Por eso, lo primero que digo es que hay que leerlo", invitó la ministra.