Por Javier Felcaro
Celina Mutti Lovera
futuro incierto. De la suerte a correr por la cerealera en default dependen miles de puestos de trabajo.
La muerte del CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, potenció la incertidumbre que rodea al gigante agroexportador en default desde fines de 2019 y, actualmente, en concurso de acreedores. Y hasta reactivó la discusión en torno a la injerencia del Estado —tanto nacional como santafesino— a modo de auxilio, al tiempo que la empresa empieza a evaluar un proceso de recambio interno que permita revertir la crisis que la tiene en jaque.
Nardelli murió el miércoles a la noche en su casa de la ciudad de Reconquista (norte de Santa Fe) a causa de un infarto masivo mientras tomaba una ducha. Tenía 59 años y era gerente general de la compañía fundada hace casi un siglo. Estuvo al frente de negociaciones con autoridades gubernamentales tras la cesación de pagos de Vicentin Saic, la cerealera del grupo, en diciembre pasado y su posterior convocatoria de acreedores por 100.000 millones de pesos, abierta a fines de febrero.
Al recordar la figura de Nardelli, el intendente de Avellaneda (ciudad próxima a Reconquista), Dionisio Scarpin, señaló que el Estado, en casos como el de la agroexportadora en cesación de pagos, "tiene que sentarse en una mesa para tratar de ayudar a resolver los problemas". No obstante, ratificó su rechazo a una eventual intervención o expropiación de la firma.
Sorpresa
El pronunciamiento del radical afín a Juntos por el Cambio (JxC) no pasó desapercibido: en los últimos meses fue un férreo impulsor de las movilizaciones realizadas en la ciudad del departamento General Obligado, donde se encuentra la sede central de Vicentin, en respaldo a la continuidad de la empresa en manos privadas.
Días atrás, en el marco de la segunda audiencia de conciliación convocada por la Justicia Civil y Comercial de Reconquista —entiende en el concurso preventivo—, la cúpula de Vicentin había rechazado la cesión de acciones y dar un paso al costado, condiciones clave para avanzar con el fideicomiso mixto propuesto por la Casa Gris a modo de rescate de la agroexportadora, que también permitía dejar atrás la intervención y eventual expropiación fogoneada por el gobierno nacional.
De inmediato, el Ejecutivo santafesino dio por cerrado el diálogo y, pocas horas después, el presidente Alberto Fernández derogó el decreto (DNU) que habilitaba el avance sobre Vicentin. Se espera que antes de fines de agosto el juez Fabián Lorenzini resuelva si acepta la intervención solicitada por la gestión de Omar Perotti, que siguió aportando pruebas al expediente.
En ese sentido, Scarpin destacó que, cuando la Casa Rosada revirtió la intervención a la cerealera, "todo volvió a la normalidad". Pero advirtió que con Vicentin, "una empresa con miles de trabajadores" con futuro incierto, "el Estado tiene que estar presente de algún modo, al menos para acompañar".
Según cifras oficiales, la compañía cuenta con cerca de 6 mil trabajadores: 2.195 de la industria aceitera, 920 de la algodonera, 376 de la vitivinícola y 2.057 de la frigorífica. Por eso, el intendente volvió a plantear la necesidad de un "retiro parcial" del Estado de las negociaciones.
La otra vereda
A su turno, el secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, reivindicó las pruebas aportadas a la investigación de la crisis en Vicentin, que apuntan a certificar que los integrantes del directorio "no eran tan buenos hombres de negocios y ponían en juego el interés público".
También defendió la intención de los gobiernos nacional y santafesino de salvar a la firma. "Todo quedó trunco frente a la negativa del directorio, que es el que debería buscar alternativas para satisfacer los reclamos laborales", enfatizó Somaglia, en declaraciones a LT8.
"El presidente dijo que no iba a poner un peso más en Vicentin. No aceptó nuestra colaboración y ahora habrá que transitar las consecuencias", subrayó el funcionario, para luego aclarar: "Siempre vamos a procurar la paz social". Entre los principales acreedores de la cerealera se encuentra el Banco Nación (BNA, unos 300 millones de dólares).
Tras la muerte de Nardelli, Vicentin podría abrir una fase de recambio en el directorio, como también de incorporación de socios que inyecten capitales. Incluso, una opción en danza sería el desprendimiento de activos para cosechar ingresos.