El gobierno nacional amplió la denuncia contra los jueces, ejecutivos de Clarín y funcionarios porteños que viajaron a la mansión del empresario inglés Joe Lewis en Lago Escondido (provincia de Río Negro), en lo que el peronismo bautizó como el vuelo del Lawfare (guerra judicial). Por ese viaje se abrió una causa en la Justicia federal de Bariloche donde se imputó a diez personas. El caso pasó recientemente a Comodoro Py, los tribunales federales porteños.

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, había denunciado los hechos el 7 de diciembre pasado. Ahora realizó una ampliación por lo que consideró fueron “hechos nuevos” que se conocieron en el último tiempo. El funcionario nacional destacó:

• Las resoluciones judiciales favorables al Grupo Clarín dictadas por el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials con posterioridad al viaje a Lago Escondido. Para Soria “existen sospechas suficientes para investigar la conducta” de este juez, “quien sugerentemente, luego de disfrutar del objetable viaje a Lago Escondido, intervino –sin excusarse- y falló en forma favorable a los intereses de uno de los grupos empresariales aquí investigados.
• La decisión coordinada de los integrantes del vuelo de ocultar el carácter de dádivas de los regalos y beneficios recibidos. El ministro retomó lo publicado en distintos medios de comunicación donde se informó que “los magistrados habrían reconocido ser beneficiados por este viaje sin tener que haber abonado nada por el servicio de lujo que recibieron”. En la misma línea, agregó que “las publicaciones sugieren que, cuando este tomó estado público, habrían empezado a orquestar movimientos para crear una ficción de pagos, y hasta habrían recurrido a fraguar documentación, con la finalidad de dar una apariencia de legalidad a actos que son manifiestamente ilegales”.
• La intención de los funcionarios de manipular medios de comunicación y periodistas para ocultar su accionar ilícito. Soria resaltó que “las maniobras denunciadas darían cuenta del interés de la mencionada comitiva por ocultar los rastros de la comisión de los delitos perpetrados”.

  Para el ministro de Justicia de la Nación estos hechos “al igual que los originariamente denunciados, destierran la defensa esgrimida en medios de comunicación por algunos de los personajes involucrados, que sólo atinaron a hablar de un supuesto ‘espionaje ilegal’, pese a tratarse de una causa cuyo cauce de investigación ha sido desde un primer momento totalmente independiente a las conversaciones difundidas por distintos medios de comunicación”.

  Soria fue enfático: “En esta causa no se investigan ‘chats’, sino el viaje a Lago Escondido y sus implicancias penales, que han sido acreditados a través de medios incluso autónomos a esos famosos ‘chats’”.

  Por esos medios autónomos, la Justicia federal de Bariloche imputó por el delito de dádivas y el de incumplimiento de deberes de funcionario público a los acusados.

  ¿Quiénes son los imputados?

  • Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, y Pablo Casey (sobrino del CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto), director de Legales de Telecom Argentina. Según se desprende de los chats financiaron el viaje –que se extendió del 13 al 15 de octubre pasado- y organizaron el grupo. Es decir, se los investiga por pagar la dádiva.

  Los beneficiarios de la invitación fueron:

  • El juez Julián Ercolini que impulsó las causas Vialidad y Hotesur, representa a Comodoro Py e intervino además en causas vinculadas a Clarín como el caso Papel Prensa.
  • Juan Bautista Mahiques, organizador del lawfare en la era Macri y Fiscal General porteño. En el grupo se encarga del direccionamiento de la causa judicial que involucra a todos los viajeros y conseguir las facturas.
  • Su padre el juez Carlos “Coco” Mahiques, retaguardia macrista en la estaratégica Cámara de Casación y que ya intervino en una causa vinculada a Lago Escondido donde benefició a la familia Lewis.
  • El juez penal económico Pablo Yadarola, de mucha influencia sobre la jueza María Eugenia Capuchetti.
  • Leonardo Bergroth, ex miembro de la SIDE vinculado a Antonio Stiuso.
  • El publicista Tomás Reinke, especializado en campañas por redes sociales.
  • El juez Pablo Cayssials, que en su momento anuló la adecuación de oficio de Clarín a la ley de Medios audiosivuales y fue clave para el apartamiento de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Llegó a tener más de 80 causas vinculadas al Grupo Clarín.
  • Marcelo D'Alessandro, ahora exministro de Seguridad y Justicia porteño. Tuvo que renunciar por el escándalo de las filtraciones de su celular.

Soria sumó en su denuncia a Nicolás Van Ditmar, quien administra la mansión de Lewis en Lago Escondido.

El ministro también recordó que requirió se tenido por querellante y que si bien el planteo fue rechazado en primera instancia, apeló la decisión y la cámara aún no se expidió. Asoció esa demora a la intención de los involucrados de cerrar el caso con premura: “La llamativa demora en la resolución de este recurso obsta a la constitución de una parte ajena al propio sistema judicial aquí investigado, poniendo un manto de dudas sobre la legitimidad del presente proceso, que tras el traspaso de la causa a los juzgados federales de Comodoro Py, ahora será investigado y juzgado por los propios colegas de varios de los imputados”, se quejó Soria.

En su nueva presentación, el ministro pidió distintas medidas de prueba entre las que se destaca la citación de periodistas como testigos y el secuestro de los teléfonos de Ercolini, de los Mahiques (padre e hijo), de Cayssials, Yadarola, D’Alessandro, Rendo, Van Ditmar, Bergroth y de Reinke. También que “se solicite a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que realice un informe pericial sobre el contenido de los mismos a los fines de dilucidar si existió algún tipo de contacto e intercambios con los periodistas que se mencionan en virtud de los hechos que se describen en la ampliación de denuncia que antecede. Asimismo, la pericia deberá indicar si se ha efectuado modificación alguna, entiéndase suprimir o eliminar contenido o información en el aparato o los aparatos de telefonía que hayan sido secuestrados oportunamente”.