Vandenbroele pidió entrar en el programa de protección a testigos

El empresario Alejandro Vandenbroele pidió ayer en los tribunales de Comodoro Py acogerse al régimen del arrepentido en el marco de las causas que se siguen en su contra, entre ellas por la compra de la ex Ciccone Calcográfica y que involucra al ex vicepresidente Amado Boudou.

El ex titular de The Old Fund, acusado de haber sido testaferro de Boudou, se presentó a las 14 en los tribunales ante el fiscal Jorge Di Lello para conocer "el estado de todas las causas que se siguen en su contra", por su intervención para la compra de Ciccone, la renegociación de la deuda pública de Formosa con el Estado Nacional (cobró 2 millones de dólares de la provincia gobernada por el kirchnerista Gildo Insfrán) y una tercera por presunto enriquecimiento ilícito.

Ante la presencia del defensor oficial Juan Martín Vicco, el imputado y el fiscal firmaron un acta del encuentro, que se incorporará a los expedientes en los cuales está investigado el primero.

En ese marco, pidió formalmente que sea incluido en el régimen de protección que comprende el programa de arrepentidos e imputados colaboradores, que brinda beneficios a cambio de que otorguen información a la Justicia, lo que ahora era evaluado por la Fiscalía, confirmaron a NA fuentes judiciales.

El Programa funciona a partir del pedido de la autoridad judicial que recibió la declaración, luego del análisis de trascendencia, debiendo ser acompañada por la opinión del representante del Ministerio Público.

A pesar de su pedido, Vandenbroele no será ingresado al programa de protección de imputados colaboradores hasta que declare y aporte información que pueda ser evaluada por los investigadores como de trascendencia, precisó Télam.

En el marco del juicio por el salvataje de Ciccone, Boudou había ratificado días atrás que no conocía a Vandenbroele, mientras que Laura Muñoz, ex esposa del empresario declaró que él "trabajaba para el entonces ministro de Economía" y que su intermediario era José María Núñez Carmona, amigo del ex funcionario. "Me dijo que trabajaba para Boudou y que el nexo era Núñez Carmona y que estaban haciendo un negocio con la provincia de Formosa y que debía armar unas sociedades", señaló la semana pasada la mujer ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en la Sala Amia de los tribunales de Comodoro Py.

La declaración de Muñoz es en referencia al contrato por el pago de la deuda provincial que Formosa tenía con el Estado Nacional y por el cual The Old Fund, propiedad de Vandenbroele y que luego adquiriera Ciccone, cobró una comisión millonaria por consultoría en esa operación.

Los abogados del operador habían iniciado hace dos semanas consultas con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para saber si su cliente podía ser incluido en el programa de protección de testigos e imputados de su cartera porque teme por su vida.

Ahora, será el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien definirá el proceso y las concesiones que se le otorgarán a Vandenbroele, quien demanda diversas medidas de seguridad, una casa segura y "facilidades económicas" mientras esté en el programa de protección.

En el programa de protección de testigos e imputados ya está incluido Leonardo Fariña, el arrepentido de la causa de la ruta del dinero K.

Amenazas

Se supo que el ex testaferro de Boudou recibe amenazas para "que no se doble", explicaron las fuentes.

Vandenbroele está procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, delitos que cada uno tienen una mínima de 2 años de prisión y una máxima, de 6 años. En el peor de los escenarios, los jueces sumarían las dos penas máximas y por no tener antecedentes podrían darle una pena de hasta 10 años. Vandenbroele no quiere quedar como el "pato de la boda" con una pena mayor que los demás implicados en las maniobras.

El 13 de este mes la Cámara Federal de Casación Penal dio vía libre al inicio del juicio oral al ex vicepresidente y los demás procesados en la causa Ciccone, al rechazar dos recursos de queja contra las acusaciones hechas por la fiscalía, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF).

El máximo tribunal penal del país rechazó quejas del procesado José María Nuñez Carmona, socio de Boudou y de Vandenbroele, quien figuraba como presidente del fondo The Old Fund que adquirió la imprenta en una operación cuestionada por la Justicia y con sospechosos fondos provenientes de Holanda y de paraísos fiscales.

El juicio ya está a cargo del Tribunal Oral Federal 4, que habilitó la feria judicial de invierno para seguir con la preparación. El debate está a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Guillermo Costabel y María Gabriela López.

Boudou y los demás acusados fueron procesados porque se dio por probado que ejecutaron maniobras para quedarse con la imprenta Ciccone mediante su compra, usando como testaferro a Vandenbroele a través de The Old Fund para luego adjudicarse contratos con el Estado Nacional para la impresión de billetes.

En la época de los hechos Boudou era ministro de Economía de la Nación y desde allí facilitó un acuerdo con la Afip por la millonaria deuda impositiva de Ciccone.

Boudou está acusado de haberse quedado con el 70 por ciento de la ex Ciccone Calcográfica (actual Compañía de Valores Sudamericana), imprenta privada capaz de imprimir papel moneda, utilizando la sociedad The Old Fund.

En esa causa también están acusados Rafael Resnick Brenner, ex funcionario de la Afip; Guido Forcieri, ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, y Nicolás Ciccone, ex cofundador de la firma.

En otra causa, la Cámara Federal de San Martín confirmó el fallo de la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado por el procesamiento sin prisión preventiva de Nicolás Tadeo Ciccone, Máximo Eduardo Lanusse y Alejandro Paul Vandenbroele, por apropiación indebida de aportes al sistema de seguridad social de sus empleados.

Complicado. Vandenbroele dijo que desde hace tiempo recibe amenazas para que no testifique.