Lejos de cerrar el tema, la interpelación al ministro de Gobierno Roberto Sukerman por la denuncia de un vacunatorio VIP en Granadero Baigorria, gatilló distintas respuestas en la oposición santafesina. El Partido Socialista insiste con un proyecto que presentó en el verano: la creación del Consejo Provincial para la Campaña de Vacunación contra COVID-19, para garantizar la transparencia del proceso de inoculación y desde la UCR aseguran que “el escándalo va a seguir explotando hasta que caigan los responsables políticos”.
La iniciativa del PS establece que el consejo será ad honorem y no vinculante, con la finalidad de fortalecer la transparencia, monitoreo, control y efectividad del proceso de vacunación implementado, y colaborar con el afianzamiento de la confianza de la población respecto del mismo, a través del acceso a información pública a la ciudadanía.
Además, plantea que estará integrado por miembros de la comunidad científica, expertos en inmunizaciones, Universidades Nacionales, Colegios de Médicos, Colegios de Farmacéuticos, Enfermeros, Comisiones de Salud de Diputados y Diputadas, Senadoras y Senadores, y Defensoría del Pueblo, y que la elección de los integrantes debe asegurar el equilibrio territorial provincial.
El proyecto que fue ingresado en la mesa de entradas de la Cámara baja el 23 de febrero, cuatro días después del escándalo por la vacunación al matrimonio Duhalde y al periodista Horacio Verbitsky que le costó el puesto al entonces ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.
También en esos días la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, reconoció que en enero se había vacunado de forma “irregular” a empleados del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).
El texto fue elaborado por el presidente del bloque del PS en Diputados, Joaquín Blanco, y lleva la firma de otros integrantes de la bancada: Claudia Balagué, María Laura Corgniali, José Garibay, Gisel Mahmud, Pablo Farías y Lorena Ulieldín.
“El escándalo del ministerio de Salud nacional pegó de lleno en la confianza de la gente sobre la repartición de vacunas, y ante esto la política debe buscar institucionalidad: rigurosidad total en la manipulación de las dosis que genere credibilidad en la población para llevar tranquilidad”, dijo Blanco en su momento.
La norma tiene dictamen de la comisión de Salud y Asistencia Social, y el 9 de junio pasó a la comisión de Presupuesto y Hacienda.
Responsables políticos
Previsiblemente. la denuncia de que personas allegadas al poder se saltearon la fila para vacunarse generó un terremoto político. En los distintos bunkers políticos saben que la sociedad sigue de cerca el circuito de las vacunas y denuncias como la del director de Enfermería del Eva Perón mueven a los oficialistas a reducir daños y a los opositores a tratar de sacarle al tema todo el jugo posible.
La interpelación en Diputados que debió atravesar ayer el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, todavía genera chispazos en la escena pública santafesina.
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El presidente del bloque del PJ en Diputados, Leandro Busatto, le respondió en Twitter a su homólogo de la UCR, Maximiliano Pullaro, y aseguró: “En este gobierno existen todas las garantías para que cualquiera pueda efectuar una denuncia, sin ninguna intención de ocultar nada, algo que no siempre fue así. El Ejecutivo actuó de inmediato e inició un sumario administrativo. La campaña es exitosa: más de un millón de vacunas”.
En el radicalismo las dudas no se despejaron. “En lugar de dar respuestas políticas a un problema político, el ministro respondió con evasivas y generalidades”, dijo Pullaro a La Capital. Y agregó: “Acá hay responsabilidades que Sukerman no quiso, no pudo o no supo explicar. Las investigaciones no surgieron de la provincia sino de denuncias que hicieron empleados de los Samco o los hospitales”.
En la oposición aseguran que el tema seguirá en agenda. En el PS dijeron que insistirán para que Sukerman responda lo que en el recinto no respondió, y Pullaro aseguró: “Se está descubriendo que el problema no es sólo en el Ipec, el ministerio de Cultura, Reconquista, Arroyo Seco, o Baigorria, también aparecieron casos en Casilda y otros lugares de la provincia. El escándalo va a seguir explotando hasta que caigan los responsables políticos. Acá hubo alguien que levantaba el teléfono y hacía pasar por personal de salud a funcionarios públicos de la provincia de Santa Fe”.
