Política

Una jueza ordenó a Macri reincorporar a los 2300 contratados que cesanteó

La jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires Elena Liberatori de Aramburu hizo lugar ayer a una acción de amparo colectivo presentada por el sindicato ATE en favor de los 2.300 contratados que fueron cesanteados por la administración de Mauricio Macri.

Jueves 17 de Enero de 2008

La jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires Elena Liberatori de Aramburu hizo lugar ayer a una acción de amparo colectivo presentada por el sindicato ATE en favor de los 2.300 contratados que fueron cesanteados por la administración de Mauricio Macri.
  En tanto, el jefe de Gobierno porteño anunció que su administración recusará a la jueza, quien en los últimos diez días emitió además otros dos fallos contrarios a medidas tomadas por el Ejecutivo de la Ciudad. Macri calificó de “disparate” e “impracticables” los fallos de la magistrada, quien hace pocos días se opuso en dos oportunidades a la intervención de la obra social de los empleados municipales.
  La magistrada ordenó “el mantenimiento de la prestación de servicios de personal contratado en sus diversas modalidades al 31 de diciembre pasado”, y en sus “idénticas tareas normales y habituales” con el “pago de las remuneraciones correspondientes”.
  La medida cautelar tendrá vigencia “hasta tanto se resuelva en definitiva” el fondo del conflicto, y a la vez dispone que mientras tanto, los 2.300 trabajadores en cuestión deben “ser incluidos en el censo a realizarse en marzo de 2008”, de cara a determinar quiénes efectivamente trabajan, y si entre ellos hay “ñoquis”.
  Para Liberatori, la cesantía de los contratados “sería encuadrable en las denominadas «vías de hecho» de la administración”, y al respecto recordó jurisprudencia según la cual “por lo general la vía de hecho se opone a la de derecho”.
  “Según la doctrina administrativista citada se habría concretado una afectación en los derechos de los trabajadores alcanzados por las vías de hecho denunciadas”, estableció.
  También consideró que la negativa de la administración Macri a que los 2.300 contratados sean sometidos al censo “pareciera objetable jurídicamente” máxime porque, apuntó, “lo que está en juego es su subsistencia económica”.
  Pablo Michelli, titular de ATE Capital Federal, que había presentado el recurso de amparo, explicó que por la disposición judicial, “se reincorporarán a sus puestos de trabajo” esos empleados despedidos.
  Enterado del nuevo fallo contrario a su voluntad por parte de la jueza Liberatori, Macri planteó que “este último (fallo) es un disparate, casi impracticable” porque “nos dice que renovemos todos los contratos que vencieron en diciembre, sin decir cuáles ni cuántos”. En una conferencia, en la cual no permitió preguntas de los periodistas, anunció además que la Procuración de la Ciudad “apelará el fallo”, y planteará la recusación de la jueza.
  Por su parte, el vicepresidente del bloque PRO de la Legislatura porteña, Marcelo Borrelli, advirtió que “hay una mano negra” detrás de los tres fallos que emitió la jueza Liberatori en contra del gobierno porteño, y volvió a insinuar la posibilidad de que la magistrada sea sometida a un juicio político por “mal desempeño” de sus funciones. l

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