Un testigo alemán reveló cómo sobornaron a la Marina Argentina

El escándalo que sacude desde hace meses a Alemania por la investigación sobre los sobornos que habría pagado en varias partes del mundo el consorcio industrial Ferrostaal vuelve a rebotar con fuerza en la Argentina. Un testigo reservado, ex miembro de la compañía, reveló ante la Fiscalía de Munich cómo abogados y militares de la Marina Argentina y funcionarios del Ministerio de Defensa intervinieron en la negociación y cobro de sobornos para conceder un contrato de diseño y compra de lanchas patrulleras para custodiar las costas del país.
El Ministerio de Defensa Argentino había negado todo categóricamente durante los primeros días de abril. Sin embargo, en febrero pasado, la declaración completa del testigo alemán, a la que La Capital tuvo acceso en su idioma original, detalla cómo se gestó y luego fracasó parcialmente el proyecto de entre 230 y 250 millones de euros iniciado en 2006 por Ferrostaal y el astillero Fassmer, también germano, con la Marina Argentina.
El negocio sólo llegó a materializarse en la venta de un diseño de buques por 3,5 millones de euros. Por ese trabajo, según el testigo, se pagó entre el 6 al 6,5 por ciento de coimas, es decir unos 218.750 euros que se habrían repartido oficiales y abogados de la fuerza naval y funcionarios del Ministerio de Defensa.
La multinacional Ferrostaal tiene sucursal en Buenos Aires. Su presidente a nivel Mundial, Matthias Mitscherlich, tuvo que renunciar hace pocos días presionado por las investigaciones judiciales sobre el pago de sobornos en Grecia. Las sospechas también incluyen acciones ilegales similares en Colombia, Portugal, Indonesia y otros países para obtener contratos semejantes al que se negoció en la Argentina.
Un diario de Munich y el de mayor circulación en Alemania, el “Suddeutsche Zeitung”, sigue de cerca toda la trama de sobornos de Ferrostaal a través de su equipo de investigación periodística y viene revelando el accionar ilegal del consorcio.
La Justicia alemana mantiene detenidas por este caso a dos personas, un actual directivo y al testigo protegido (ex miembro de la empresa) que contó paso a paso la actividad ilegal de Ferrostaal en el mundo y en la Argentina en un extenso testimonio judicial. Se presume que lo hizo para mejorar su situación procesal a través de su colaboración con la Justicia.

Abogado negociador. El testigo, cuyo nombre se reserva pero está en poder de La Capital, dijo que como intermediario del negocio de los patrulleros iba a actuar el abogado Graf, poseedor de un estudio jurídico en Buenos Aires y quien “a mi entender cuenta con doble ciudadanía alemana y argentina y con correspondientes contactos en el Ministerio de Defensa y la Marina. Graf −agregó− fue contactado por Peter Fischer-Hollweg, ex miembro del servicio de inteligencia alemán (BND), un auténtico asesor que conoce a mucha gente en Sudamérica”, admitió ante los fiscales en el interrogatorio.
Más adelante, en su extensa declaración del capítulo argentino del escándalo por los sobornos, aclaró que se negó a trabajar con el abogado Graf en base a su intuición. “Se me encendieron todas las luces de alarma −confió a los fiscales− al solicitar Graf ya un 10 por ciento de comisión, siendo que aún no había certeza acerca del desarrollo del proyecto (230 a 250 millones de euros), es decir, sin que él pudiera decirme qué personas decidirían sobre el otorgamiento del encargo. La persona dentro de la Marina que Graf mencionaba como encargado de la decisión de la compra de los patrulleros, yo sabía que iba a ser sustituida y ya conocía su sucesor”, indicó el testigo, quien sospechaba que lo estaban engañando.
También dio detalles de cómo el entonces presidente mundial de Ferrostaal, Matthias Mitscherlich, le comunicó confidencialmente la “necesidad de trabajar” con el abogado Graf para conseguir el contrato en Argentina porque él tendría a cargo las “conversaciones” con las autoridades. Para el testigo, Graf era un “embustero” ya que nunca le indicaba quiénes recibirían los pagos.
Finalmente Graf fue apartado de la negociación y recibió, sin haber hecho nada, una compensación de 140 mil euros que pagó Ferrostaal.

El pago. Una vez apartado el abogado Graf de las negociaciones, entró en acción un abogado de la Marina Argentina, a quién el testigo identificó como “Goldlocke” (rizo dorado). “Ese abogado es un end user (usuario final), es decir un funcionario sobornado”, explicó el testigo, quien dijo no recordar su nombre pero sí mencionó que fue designado por el Ministerio de Defensa y preparaba las decisiones de esa cartera de gobierno en lo relativo a la compra de los patrulleros marítimos. También nombró a los entonces almirantes Uberti y Leprón y al capitán de ultramar Palma como conocedores de lo que estaba ocurriendo.
El detalle del pago de sobornos el testigo lo relató así: “Se llegó a la obtención del mencionado encargo de diseño de buques por un valor de 3,5 millones de euros de la siguiente manera: Gustavo Frers, asesor externo y ex presidente de Ferrostaal Argentina, y yo teníamos el contacto con Goldlocke, quien recibió 6 a 6,5 por ciento de los 3,5 millones de comisión. El dinero fue transferido por Fassmer a una cuenta de Gustavo Frers, quien lo entregó en efectivo a Goldlocke”.