A tono con una de las campañas electorales más pobres de la historia reciente de la democracia, un episodio de violencia escolar detonó en un escándalo político que involucra a dos candidatas a concejala y al propio intendente de Rosario, con declaraciones cruzadas en las redes sociales y amenazas de llevar el caso a la Justicia.

  Las protagonistas de este sainete son Anita Martínez, candidata a concejala de Juntos por el Cambio en Rosario, Gabriela Giménez, postulante del Frente Progresista al Concejo de Granadero Baigorria, y de rebote, el intendente rosarino Pablo Javkin.

  El contexto que alimentó esta polémica se dio el viernes al mediodía en la puerta del Colegio Integral de Fisherton. Allí, según la denuncia, C. —hijo de Anita Martínez y Fabián Ruffa— agredió, motivado por su padre, a otro adolescente —hijo de Gabriela Giménez— que terminó con fracturas en una mano.

  El hecho, grave en sí, pero que debió ser mediado por la propia comunidad educativa y los padres de los dos adolescentes involucrados, escaló violentamente a la esfera pública por decisión de las dos candidatas en las elecciones del 14 de noviembre, una en Rosario y la otra en Granadero Baigorria. No importa aquí exponer salvajemente a sus hijos, sino qué tajada política se puede sacar de todo esto, además de esquivar las responsabilidades que les cabe por la reyerta de los chicos.

  La espiral de violencia que sacude a la sociedad rosarina exige ideas firmes, acuerdos amplios y serenidad de sus dirigentes. Estos atributos están ausentes en los protagonistas de esta saga berreta y se emparenta con la pobreza general que le imprime la mayoría de los candidatos que quieren acceder o mantener un cargo en este turno electoral.

  ¿La madre del chico agredido hubiera reaccionado así si la involucrada no era Anita Martínez? ¿Con qué intención la concejala del PRO señala la pertenencia política del intendente, además de acusarlo de cómplice del kirchnerismo? Las exageraciones de los dirigentes, su cálculo chiquito, encuentran comportamientos espejos en el resto de la sociedad, que suele reclamar sangre y venganza.

  Lo que debió resolverse como un asunto privado, ahora quedó en manos de abogados y estrategas de campaña, que asesoran por dónde pegar para hacer control de daños o sacar rédito electoral.