Política

Un juez prohibió la aplicación del nuevoprotocolo de Bullrich

Dictó una cautelar que declaró "inaplicable e inconstitucional" la resolución que regula el uso de armas de fuego para las fuerza federales.

Jueves 06 de Diciembre de 2018

El juez Roberto Gallardo dictó una medida cautelar en la que declaró "inaplicable e inconstitucional" la resolución 956/2018, establecida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que regula el uso de armas de fuego para las fuerza federales en casos de peligro inminente —que las faculta a disparar sin dar antes la voz de alto—, al hacer lugar a dos medidas cautelares presentadas por diversas agrupaciones.

La diputada porteña Myriam Bregman (PTS/Frente de Izquierda) dijo que el pedido de la cautelar fue presentada "ayer (por anteayer), a las cinco de la tarde, y a las pocas horas el magistrado hizo lugar porque entendió que, además de ser ilegítima, es profundamente ilegal la nueva normativa ya que viola la Constitución y el Código Penal en su artículo 34".

Fueron dos las cautelares presentadas, una por la Asociación Nace Un Derecho, y otra por Bregman y Nicolás del Caño, junto con la Correpi e integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.

Una de las peticionantes de esta última agrupación es Carla Lacorte, quien se encuentra en silla de ruedas luego de haber sido víctima de un caso de gatillo fácil en el año 2001, quien sostuvo que "al policía que me baleó también lo defendió el Estado".

Sobre este punto, Bregman confió que "tenía gran importancia que ella en particular participe de la presentación porque fue víctima directa de lo que fue un malentendido de un policía que consideró que era campana de un robo cuando ella bajaba del colectivo, proveniente de la facultad, y le disparó en el centro de Quilmes", relató la diputada.

La resolución 956/2018 regula el uso de armas de fuego de las fuerzas de seguridad federales ante un "peligro inminente" en casos de delitos graves y persecuciones, que posibilita que los efectivos hagan fuego sin dar antes la voz de alto.

Crítica de Erbetta

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta se sumó ayer a la polémica al asegurar que el nuevo protocolo impulsado por Bullrich se contrapone con la legislación vigente y puede generar situaciones problemáticas.

"Un ministerio del Poder Ejecutivo debería ser un poco más limitado a la hora de dictar un reglamento, porque ningún miembro del Ejecutivo puede reglamentar un Código Penal ni tampoco las convenciones internacionales", advirtió Erbetta, en declaraciones a La Ocho.

En tanto, el diputado provincial Federico Angelini (Cambiemos) salió al cruce de las críticas de Erbetta y de referentes del socialismo que coincidieron con la posición del juez.

"Los que se oponen al protocolo de seguridad son responsables del sistema de puerta giratoria", afirmó el titular del PRO santafesino, y agregó: "Desde las altas esferas, tanto del Ejecutivo como de la Justicia provincial, siguen escudando al delincuente".

Una día antes, el gobernador Miguel Lifschitz había adelantado que no está prevista una alteración del accionar de la policía provincial.

En tanto, el intendente de Santa Fe, José Corral, enfatizó: "Debemos adherir a este nuevo reglamento y que lo apliquen no solo los efectivos federales sino también las fuerzas de seguridad de la provincia".

"Eso debe ir acompañado de una profunda reforma que incluya mayor capacitación y formación para los efectivos y una clara decisión política de garantizar el orden, la convivencia y la tranquilidad pública", indicó el radical afín a Cambiemos.

En el marco de una polémica de alcance nacional entre los que apoyan y los que rechazan el nuevo protocolo de Bullrich, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo ayer que "una resolución no establece lo que es punible o no" y añadió que será "el Congreso nacional el que resuelva sobre estas cuestiones".

También consideró que la redacción de la normativa difundida por la ministra Bullrich "es tan amplia y tan ambigua que no queda claro las situaciones en las que se podría habilitar al uso de la reglamentación; dice, por un lado, que se podrá actuar cuando haya riesgo de fuga, pero también habla de que se puede usar el arma de fuego igual, aunque no se haya cometido un delito grave. No parece un medio razonable, como el que pide el código, a la hora de resguardar la legítima defensa", aclaró.

Domínguez indicó que "la idea de la actuación de la policía es que aprehenda a un delincuente para que la Justicia lo juzgue, no para que elimine a una persona que haya cometido un delito". "Es el Congreso donde se deben discutir esas conductas, no a través de un reglamento", cerró.


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