El viernes próximo se conocerá el veredicto del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de Rosario en el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura en la jurisdicción de Rosario. Se trata de la segunda etapa de la llamada megacausa Feced que juzga a 10 ex policías que actuaron en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura. La Fiscalía y las querellas reclamaron penas de 25 años de prisión para nueve de los imputados y cadena perpetua para el represor restante.
Este juicio oral conocido como Feced II comenzó en febrero pasado y si bien resultó extenso —se investigaron crímenes en perjuicio de 43 personas y con más de 100 testigos— el trámite se aceleró al incorporar por lectura muchos testimonios del primer proceso, sin que esas víctimas tuvieran que declarar nuevamente. Esto es así ya que el Tribunal —conformado por jueces Noemí Berros, Roberto López Arango e Ivón Bella— atendió en lo posible las recomendaciones al respecto de la Cámara de Casación Penal de la Nación.
En este debate, se ventilaron graves crímenes de lesa humanidad cometidos contra detenidos políticos, entre los que se incluyen los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de torturas y asociación ilícita, además de los homicidios de Conrado Galdame y los ciudadanos peruanos Rory Céspedes Chuang y María Antonieta Céspedes Chuang.
Los acusados son Eduardo Dugour (alias Picha), Ernesto Vallejo (Managua), Pedro Travagliante (Trava), Ovidio Marcelo Olazagoitía (Vasco), Julio Héctor Fermoselle (Darío), Ramón Telmo Alcides Ibarra (Rommel), Lucio César Nast (Ronco), Ricardo José Torres (Conejo), y José Rubén Lo Fiego (Ciego o Mengele) (ya condenado a prisión perpetua en el juicio Feced I, también conocido como causa Díaz Bessone). Además, se juzga a Carlos Ulpiano Altamirano (Caramelo), el único imputado de homicidio en este proceso.
La Fiscalía, encabezada por Gonzalo Stara y Mario Gambacorta, y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la asociación Hijos solicitaron la pena de prisión perpetua para Altamirano, y de 25 años para los restantes acusados, mientras que una de las querellas que representa a un grupo de víctimas solicitó la pena de 25 años de prisión para Altamirano, Nast, Ibarra y Vallejo.
El caso de los peruanos. En este proceso, sólo se juzgan tres casos de homicidio. Se trata de Conrado Galdame, secuestrado el 16 de diciembre de 1978, y asesinado en el mismo Servicio de Informaciones policial donde había sido torturado. El caso se completó con el montaje de un supuesto enfrentamiento armado, en un operativo en el que —luego del asesinato— un grupo de represores se dirigió al domicilio de Galdame y asesinó además a dos habitantes de la casa: los hermanos y ciudadanos peruanos Rory y María Antonieta Céspedes Chuang. El caso Galdame fue parte del Juicio a las Juntas de 1985, y fue reabierto después de la derogación de las leyes de impunidad.
El juicio repitió en buena parte muchos de los testimonios y hechos ya descriptos en el proceso anterior, aunque en las audiencias surgieron algunos datos novedosos y se dieron polémicos episodios.
Uno de ellos fue cuando Nast, a la hora de argumentar en su defensa, declaró que los prisioneros en la ex Jefatura “eran asistidos por médicos” y, en ese sentido, que “ha sido visitante el doctor Hermes Binner, que debería prestar declaración para que diga si pudo ver alguna persona torturada”, dijo. Los dichos coinciden con otros de Altamirano en la etapa de instrucción, los cuales causaron estupor y fueron rechazados de plano por el propio Binner y dirigentes del socialismo santafesino.
Cara a cara otra vez. También volvieron a verse las caras Esteban Borgonovo y Lo Fiego. El primero, fue secuestrado a los 18 años, en 1977, quien identificó al ex policía como uno de los torturadores del SI. Veinte años después, Borgonovo sería subsecretario de Asuntos Legislativos de la provincia y, por orden del entonces ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, y el gobernador Jorge Obeid, el encargado de elaborar un informe sobre los represores que aún seguían en la policía santafesina.
Lo Fiego, ya comisario, fue echado de la fuerza en 1997, aunque debería pasar más de una década para que pudiera ser sentado en el banquillo ante la Justicia.
Revelaciones sobre Zitelli. En otro momento del juicio, dos ex detenidos dieron cuenta de la presencia en ese centro clandestino del ex capellán Eugenio Zitelli, imputado en el expediente que sigue en etapa de instrucción.
“Zitelli estaba a diario en El Pozo (un sector del SI), era asesor en un montón de cosas. Zitelli podía escuchar perfectamente los gritos de los torturados”, afirmó la testigo y ex detenida Mónica Cattoni.
Sobre Eugenio Zitelli pesan dos procesamientos confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, y está imputado además en la causa Guerrieri por el secuestro y tormentos al ya fallecido sacerdote tercermundista Santiago Mac Guire.
Blanqueo de presos. También declaró como testigo el ex juez federal rosarino entre 1976 y 1984 Guillermo Tschopp, quien admitió que los presos políticos le manifestaban que “habían sufrido apremios”, y explicó el mecanismo por el cual los detenidos por razones políticas eran incorporados al sistema judicial (blanqueados) luego de pasar, mayoritariamente, por centros clandestinos de detención.
Tschopp señaló que “el Tribunal jamás ordenaba el lugar de detención, todo eso era controlado por el Comando de II Cuerpo de Ejército y la policía”, y admitió que “en Rosario no visitamos las cárceles”, a lo cual la presidenta del Tribunal, Noemí Berros le reprochó que “es un deber de los jueces (hacerlo)”.
El viernes se escuchará el veredicto de los jueces que, sin embargo, no aceptaron hasta ahora los sucesivos pedidos de detención que hicieron la Fiscalía y las querellas para los imputados que llegan en libertad a la última audiencia. En ese sentido, y según lo manifestaron los fiscales, Nast e Ibarra se encuentran alojados en el penal policial de la UR II, Altamirano está en la cárcel federal de Marcos Paz y momentáneamente por el juicio en Unidad 3 de Rosario, Lo Fiego en Marcos Paz, Olazagoitía cumple arresto domiciliario, mientras que Vallejo, Dugour, Fermoselle, Travagliante y Torres están aún libres.
