Política

Traferri denunció a la jueza Mas Varela por "avalar las ilegalidades de los fiscales" Edery y Schiappa Pietra

El senador advirtió ante la Corte que la magistrada homologó un acuerdo que, por un "fallido cálculo aritmético", posibilitó que Ponce Asahad consiguiera una pena menor y saliera en libertad

Miércoles 13 de Octubre de 2021

La causa de juego clandestino sumó este miércoles un nuevo capítulo cuando el senador Armando Traferri presentó ante la sede en Santa Fe de la Corte de Suprema de Justicia una denuncia por falta disciplinaria contra la jueza María Isabel Más Varela, a quien acusa de “avalar las ilegalidades de los fiscales” Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, al homologar el procedimiento abreviado del ex fiscal Ponce Asahad, quien quedó en libertad luego de haber declarado como arrepentido y consensuar una pena de apenas tres años con la Fiscalía. En la denuncia se hace hincapié en que la magistrada no hizo el “control de legalidad” de la condena propuesta por el MPA, que la figura de imputado colaborador no está legislada en la provincial, que la pena impuesta fue menor a la correspondiente por un “fallido cálculo aritmético” y que no se aplicaron las multas económicas que indica la normativa vigente, entre otros puntos.

En el escrito, que cuenta con el patrocinio letrado de Oscar Romera, se destacan 5 “errores macroscópicos” de la magistrada. Se deja en claro, en primer lugar, que la figura del imputado colaborador o arrepentido no está operativa en la provincia de Santa Fe, ya que nunca se dictó una ley provincial que adhiriera en la norma nacional, que en su artículo 18 invita “a las provincias a adoptar las normas procesales correspondientes”.

En Córdoba, por ejemplo, se sancionó la ley provincial 10.602 que incorporó a su Código Procesal Penal la figura del “imputado arrepentido”. Lo mismo hizo la provincia de Jujuy mediante la ley 6.033. En Buenos Aires, en tanto, no hubo adhesión y recientemente la Sala V del Tribunal de Casación Penal de esa provincia confirmó el rechazo a la homologación de un acuerdo suscripto entre el Ministerio Público Fiscal y el imputado dado que considera que la figura no puede aplicarse. “En la provincia de Santa Fe tampoco se sancionó ley alguna que incorpore a su Código Procesal Penal la figura del ‘arrepentido’ o ‘imputado colaborador’. La Dra Más Varela no debió aplicarla. Desconocer esto, es algo más que un simple error judicial”, afirmó Traferri.

El senador fue allá y señaló que, aunque hubiera estado vigente la figura del arrepentido en la provincia, esta fue mal aplicada, ya que la jueza “no efectuó la valoración que esa misma ley impone para hacer eficaz el beneficio que otorga”. Es que la normativa establece que, para aplicar la reducción de la pena, la información brindada por el arrepentido debe “ser precisa, comprobable, verosímil, útil para la investigación y tiene que referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que el declarante haya sido partícipe”. Según la denuncia, la magistrada nunca realizó esta comprobación y descansó en lo señalado por los fiscales, que en la causa son parte.

El escrito remarcó además que la figura del arrepentido es incompatible con un procedimiento abreviado, ya que en este caso no existió un tribunal de juicio que pudiera valorar la relevancia y veracidad de la información aportada por Ponce Asahad. La jueza “no debió admitir la figura del arrepentido, no solo por no estar contemplada en la legislación procesal, sino porque aun si se mal entendiese su aplicación, nunca puede ser en el marco de un proceso abreviado, que responde a otra lógica de política criminal, lo que los hace irreconciliables entre sí”, insistió el senador.

En la denuncia contra Mas Varela se hace también referencia a que la magistrada no puso nunca en conocimiento a Ponce Asahad de las consecuencias de mentir en su declaración. Pero el punto más llamativo de la presentación es cuando asegura que la magistrada avaló un acuerdo en el que se calculó mal la reducción de la pena, beneficiando al ex fiscal, que salió en libertad poco después. En concreto, Traferri denuncia que los fiscales primero redujeron a la mitad el mínimo y a un tercio el máximo de la escala penal que correspondía aplicar y que, una vez aplicada la pena (en este caso de 6 años), volvieron a aplicar una reducción del 50 por ciento y arreglaron una condena de tres años. En resumen, redujeron dos veces la condena cuando debían hacerlo una vez y, semanas más tarde, Ponce Asahad salió en libertad.

“El control de legalidad en la aplicación de la pena se hizo mal, porque se convalidó un error matemático que facilitó luego la libertad del imputado. Esto también es reprochable, porque es difícil explicar a la sociedad que una persona ha obtenido la libertad porque tanto las partes como la jueza no supieron sumar o restar”, criticó el legislador en el escrito.

Pero no solo eso. El senador sanlorencino también denuncia que tampoco se aplicaron las multas, que según la norma nacional no se ven reducidas en caso de un acuerdo de arrepentido. Uno de los delitos que se le imputaron a Ponce Asahad fue encuadrado como cohecho pasivo agravado, que prevé una multa de 2 a 5 veces del monto o valor del dinero, dádiva, beneficio indebido o ventaja pecuniaria ofrecida o entregada. “Los fiscales en el acuerdo omitieron imponer la pena de multa que exige el artículo 259 bis del Código Penal, cuestión que tampoco fue advertida por la magistrada al homologar el acuerdo de procedimiento abreviado entre las partes. La pena de multa para este delito no es alternativa, sino conjunta. Si la jueza no tenía elementos para estimarla, debió rechazar el acuerdo, no condonarle una deuda punitiva”, concluyó el senador.

Según sus declaraciones, Ponce Asahad cobró unos 200 mil dólares en coimas con lo que, en el mejor de los casos, debería haber pago multas por 400 mil dólares. “Más que un condenado Ponce Asahad es un beneficiado en el más amplio sentido de la palabra: admitió su culpa, pero salió en libertad y con plata en el bolsillo”, remarca Traferri, quien recordó que la magistrada “tiene una aquilatada trayectoria judicial”, por lo que “resulta incomprensible que, precisamente por esos antecedentes, haya incurrido en tamaño error jurídico, avalando así las ilegalidades de los fiscales”.

La denuncia de Traferri por las irregularidades en el procedimiento abreviado a Ponce Asahad se da luego de que recientemente Romera señalara públicamente que los fiscales Edery y Schiappa Pietra extorsionaban a los implicados en la causa de juego clandestino para involucrar a Traferri a cambio de beneficios, como la libertad que obtuvo Ponce Asahad. Los funcionarios del MPA apuntalan en las declaraciones de su ex colega sus intentos por imputar en esta causa al senador, quien desde el principio sostuvo que los fiscales tienen animosidad hacia su persona y que su persecución responde a una maniobra política orquestada por el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien hace unas semanas se vio involucrado en un escándalo por presunta inteligencia en el Organismo de Investigaciones del MPA, del cual es director.

Este martes se conoció que el procurador General de la Corte Suprema declaró admisible el recurso presentado por Traferri para que el Máximo Tribunal analice el fallo del juez José Luis Mascali que declaró la inconstitucionalidad del artículo que fijaba la inmunidad funcional del legislador.

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