Tiempo cumplido: desde hoy hasta las elecciones del 14 de noviembre, los gobiernos no pueden inaugurar obras y anunciar proyectos con el objetivo de captar votos. De todos modos, advierten especialistas, la norma que busca equilibrar la competencia entre el oficialismo y la oposición regula jugadas que, como en el fútbol, están sujetas a la interpretación de los árbitros.

La norma está: el artículo 64 quater del Código Nacional Electoral establece que “queda prohibido durante los veinticinco días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten”.

“Desde el Estado se busca nivelar la cancha para que no esté tan inclinada”, explica la politóloga Lourdes Lodi, directora del Observatorio Político Electoral (OPE) de la UNR. Pero matiza: “Hay que ver cómo los vínculos entre el gobierno nacional y los gobernadores, cómo afectan los resultados de las Paso la distribución de obras y financiamiento. También hay que analizar la variable institucional: no es lo mismo cuando las reglas de juego habilitan la reelección que cuando no lo permiten. Hay provincias donde la cancha es imposible de nivelar, teniendo en cuenta la incidencia de los ejecutivos no sólo sobre la obra pública sino sobre los empleados públicos en el proceso electoral”.

En los últimos días, los gobiernos salieron a jugar fuerte en busca de recuperar -al menos en parte- los votos perdidos en las Paso. Históricamente, los oficialismos corrieron con ventaja -sus candidatos tienen más visibilidad y cuentan con más recursos para desplegar políticas, o al menos, marcar la agenda pública- pero en tiempos de frustración social extendida esa exposición parece volver con un bumerang.

En la última semana, el gobierno nacional anunció medidas de alto impacto, como el incentivo para reconvertir los planes sociales en empleo registrado, que el monto de la Tarjeta Alimentar pasa a depositarse en la cuenta de la AUH.

Para la Casa Rosada, el objetivo es defensivo: acortar la distancia con Juntos por el Cambio, revertir el resultado en algunos distritos y, sobre todo, conservar el quórum propio en el Senado.

La Casa Gris no se quedó atrás. El gobernador Omar Perotti participó de la licitación de la obra de ampliación de la planta potabilizadora del Acueducto Gran Rosario y el primer viaje en tren después la reconstrucción del tramo de ferrocarril sobre la laguna La Picasa, y encabezó la inauguración de varias obras educativas y viales.

En el búnker santafesino planean mantener una campaña fuertemente anclada en la provincia, y completarán el storytelling con la historia y las características personales de Marcelo Lewandowski.

Justamente, señala Lodi, en tiempos de veda son los candidatos vinculados a los ejecutivos los defensores de la gestión en la campaña, y en los que un anuncio puede considerarse proselitismo o política pública según el lente con el que se lo observe.

La ley establece que los funcionarios públicos que autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación de la prohibición establecida en la norma serán pasibles de inhabilitación de uno a diez años para el ejercicio de cargos públicos. Ante la consulta de este diario, en la Justicia electoral federal no tenían presente antecedentes de sanciones.

La docente de la UNR advierte que la responsabilidad queda en una zona gris: ¿se inhabilita al gobernante, al candidato, al responsable partidario?

Para la titular del OPE-UNR no hay efectividad ni en los controles ni en las sanciones. “Los organismos electorales tratan de que salga bien todo el proceso pero no se monitorean las campañas ni cómo se financian. Hay que hacer un rediseño de todo el sistema que tienda hacia la independencia de los organismos electorales, la profesionalización y su funcionamiento permanente”, sugiere.