Política

Terrorismo económico, el botín presente de la dictadura que empieza a ser juzgado

La recuperación de los bienes arrebatados durante la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 mediante crímenes de lesa humanidad avanza a partir de la aplicación de la legislación antilavado.

Domingo 23 de Marzo de 2014

La  recuperación de los bienes arrebatados durante la dictadura  mediante crímenes de lesa humanidad comenzó a avanzar a partir de  la aplicación de la legislación antilavado, con el fin de que el  botín del Terrorismo de Estado no quede en manos de sus  apropiadores.

El avance de los juicios contra los autores de esos crímenes  no impidió que el botín de lo robado continuara estando en manos de  sus apropiadores o de sus herederos.

Casos paradigmáticos son los de Papel Prensa, los bienes de  la familia Iaccarino, la intervención fraudulenta del Banco  Latinoamericano o el lavado de “activos” robados por los grupos de  tareas de la Esma, en los cuales intervino la Unidad de Información  Financiera (UIF), pero el universo es mucho más amplio y demuestra  una sistematicidad en la represión clandestina.

El informe emitido por la Oficina de Derechos Humanos de la  Comisión Nacional de Valores (CNV) da cuenta de al menos 132  empresarios -y no considera agotado el universo de casos- que  permanecieron detenidos-desaparecidos con el fin de expropiarles  sus bienes y obligarlos a firmar transferencias en centros  clandestinos, incluso ante escribanos cómplices.

Este intento por elaborar una “normalidad fraguada” -concepto  que explica cómo se pretendía construir un marco de legalidad para  que el desapoderamiento de las acciones pudiera ser incluido dentro  de la ley de subversión económica- buscaba dejar firme la propiedad  por parte de los “nuevos dueños”.

En este marco, en un comienzo, la imprescriptibilidad de los  crímenes se aplicó desde un enfoque penal, pero no del derecho  civil, con lo cual los desapoderamientos no se revertían y  prescribían.

Los juicios de recuperación terminaban yendo contra el  Estado y pidiendo indemnización a su cargo, porque el mismo Estado  terrorista fue el que lo hizo, pero los bienes siguen en manos de  los apropiadores”, dijo a Télam José Sbattella, titular de la UIF,  organismo que ha pedido ser parte querellante en los casos  paradigmáticos.

Este cambio de enfoque, en el marco de la aplicación de la  legislación antilavado, parte de que la apropiación es un delito  continuo, que se sigue cometiendo hoy, mientras los bienes  permanecen en manos de quienes se apoderaron de ellos durante el  Terrorismo de Estado económico.

Toda masa de dinero proveniente de un ilícito anterior, que  no prescribió, compite en forma desleal y saca de mercado al  capital lícito, por lo que entra en el orden económico y financiero  -que es el bien protegido por la ley- en forma ventajosa, y toda  esa plata está operando de este modo”, afirma Sbatella.

Todos estos casos vienen también a demostrar que hubo una  amplia participación de civiles y no sólo de militares en la  aplicación del Terrorismo de Estado durante la dictadura.

Estructuras como las de la CNV, la Justicia, el Banco Central  (BCRA), el Nación y en su momento el Banade, tuvieron rol activo en  la creación de esa “normalidad fraguada”, ya que convalidaron  operaciones de traspaso, balances o financiaron esas “ventas”.

Ese Estado civil tenía un vértice articulador, como lo  prueban las propias actas secretas de las Juntas Militares que  gobernaban el país, donde consta que el propio ministro de  Economía, José Alfredo

Martínez de Hoz, durante la discusión por la  estatización fraudulenta de Austral consideró el rol del Estado  como “subsidiario” para beneficiar el desarrollo de sectores  empresarios, que participaban de la elaboración de sus políticas a  través del Grupo Azcuénaga.

También en las actas de las Juntas constan las presentaciones  realizadas por entidades civiles como el plan estratégico de los  bancos nucleados en Adeba, o las “sugerencias” de sectores  interesados en la ley de Radiodifusión que la dictadura sancionó en  1980.

De este modo, el Terrorismo de Estado civil sigue teniendo  consecuencias visibles en la economía y en otros órdenes, como la  concentración mediática, que casos como el de Papel Prensa  contribuyeron a producir, en una aplicación práctica de lo que  Sbatella menciona como “sacar de mercado” a competidores.

La propia procuradora general Alejandra Gils Carbó remarcó en  la presentación del informe de la CNV que para lograrlo hubo una  “complicidad estructural” entre el Poder Judicial y la dictadura,  sin la cual, destacó, el Terrorismo de Estado Económico no hubiera  sido posible.

Funcionarios de la CNV participaban de los interrogatorios a  los empresarios -su entonces presidente, Juan Alfredo Etchebarne,  fue detenido en la causa por el desapoderamiento del Banco de  Hurlingham por orden del juez Daniel Rafecas-, y el Banco Nación y  el Central estaban integrados a esa represión.

Las actas de estas entidades prueban cómo se fraguaba  “normalidad” en operaciones represivas cuyas características no  eran menos alevosas ni burdas que un asalto callejero.

Y muchos de esos funcionarios, u otros designados por ellos,  siguieron en sus cargos en democracia, igual que muchos de esos  jueces, y continuaron articulando políticas con los empresarios a  los que beneficiaron.

La Justicia tiene ante sí la resolución de casos como el de  la familia Iaccarino, o la causa iniciada por Eduardo Saiegh por el  desapoderamiento del Banco Latinoamericano, en la que fueron  demandados José Alfredo Martínez de Hoz (fallecido sin que la causa  avanzara) y el entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro  Reynal.

En este caso, el Estado nacional es coquerellante por  considerarlo crimen de lesa humanidad. La presentación se hizo a  través de un escrito elaborado por el ex secretario de Derechos  Humanos, Eduardo Luis Duhalde.

Los crímenes de lesa humanidad investigados en estas  actuaciones son de tal magnitud que el derecho penal internacional  ha entendido que cuando ellos se ejecutan, no sólo se violan los  derechos de víctimas individuales, sino que por su magnitud pone en  riesgo a toda la humanidad y se vulnera, de esta manera, el derecho  de gentes”, afirma Duhalde en su escrito.

Por lo tanto, los considera “imprescriptibles” y pide a la  Justicia “que se avance y profundice la investigación de los  delitos descriptos, se individualice a los autores, cómplices y  encubridores sometiéndoselos a juicio, se les aplique sanción  penal, garantizándose para ellos el debido proceso”.

El escrito de Duhalde es claro en cuanto a demostrar que el  avance de las causas contra los apropiadores de bienes que  participaron de las políticas que instauró el Terrorismo de Estado  es sin duda una parte fundamental en el proceso de Memoria, Verdad  y Justicia, necesario para reparar los daños producidos por la  dictadura y castigar a todos sus actores civiles. Los que  participaron desde el Estado y también los que lo hicieron -y  continúan haciéndolo- desde las corporaciones privadas.

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